por Marvin Ramírez
México se ha embarcado en un extraordinario experimento nacional: cada línea de teléfono celular del país está siendo vinculada a una persona identificable.
El gobierno lo llama una medida de seguridad. Nosotros creemos que plantea una pregunta mucho más amplia: ¿Cuánta privacidad debe entregar toda una población en la búsqueda de delincuentes?
El programa ya no es teórico. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México está aplicando el registro de acuerdo con el último dígito de los números de teléfonos celulares de prepago. Los números terminados en cero llegaron a su fecha límite el 15 de agosto; los terminados en uno tienen hasta el 31 de agosto, y los números siguientes continuarán sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Las líneas no registradas son suspendidas hasta que sus propietarios se identifiquen.
Para registrarse, una línea móvil debe quedar asociada con la identidad y la CURP de una persona. El gobierno afirma que son las compañías telefónicas —y no el gobierno— las que conservan la información de identificación.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el objetivo es sencillo: combatir la extorsión telefónica y el fraude.
Y no hay duda de que México enfrenta un grave problema de delincuencia.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI determinó que el fraude y la extorsión estuvieron entre los delitos más frecuentes de México en 2024. Se estima que durante ese año ocurrieron 33.5 millones de delitos y que el 93.2 por ciento nunca fueron denunciados o no dieron lugar a una investigación.
Sheinbaum dijo este mes que aproximadamente el 80 por ciento de las extorsiones se realizan mediante llamadas telefónicas. Describió el problema para los investigadores: cuando alguien denuncia un número utilizado para extorsionar, las autoridades pueden preguntar a la compañía telefónica quién es el propietario, sólo para descubrir que una tarjeta SIM anónima fue comprada en una tienda de conveniencia.
Ese es un problema legítimo.
Pero un problema legítimo no convierte automáticamente cualquier solución propuesta en legítima, necesaria o proporcional.
En efecto, el razonamiento del gobierno es que, debido a que los delincuentes aprovechan las líneas telefónicas anónimas, el anonimato debe desaparecer para todos.
Eso merece un profundo escrutinio.
La pregunta central debería ser si el gobierno ha demostrado que identificar prácticamente a cada usuario de telefonía móvil es necesario para detener a los delincuentes, o si el Estado ha escogido el instrumento más amplio posible simplemente porque facilita las investigaciones.
Existe además una debilidad evidente: los delincuentes se adaptan.
Eliminar las tarjetas SIM mexicanas anónimas no elimina las comunicaciones criminales anónimas. Las organizaciones delictivas pueden intentar utilizar comunicaciones por Internet, servicios extranjeros, identidades robadas, cuentas comprometidas y otras tecnologías. El registro puede dificultar una vía, pero no puede impedir que los delincuentes busquen otras maneras de ocultarse.
El ciudadano común, mientras tanto, no puede simplemente evadir el requisito. Si quiere tener un servicio móvil normal, tendrá que identificarse.
Esto produce una incómoda paradoja: el delincuente sofisticado buscará otro método, mientras el ciudadano respetuoso de la ley permanecerá permanentemente dentro del sistema de identificación.
El gobierno insiste en que éste no es un programa de vigilancia.
Sheinbaum rechazó explícitamente las acusaciones de que el registro fue diseñado para que el gobierno pueda espiar a los ciudadanos. Afirma que las compañías telefónicas mantienen la información de los usuarios y que las autoridades pueden obtenerla cuando sea necesaria para una investigación.
Debemos reconocer esa diferencia. El registro no significa que un empleado gubernamental esté sentado frente a una computadora observando los movimientos de cada ciudadano mexicano. Tampoco el registro de una tarjeta SIM, por sí solo, proporciona a las autoridades acceso ilimitado a todas las conversaciones o ubicaciones.
Pero eso no resuelve el problema.
Las libertades civiles no se protegen simplemente mediante garantías sobre lo que el gobierno actual tiene intención de hacer.
Los gobiernos cambian. Los presidentes cambian. Los fiscales cambian. Las leyes cambian. Las circunstancias políticas cambian.
Y una tecnología construida para un propósito puede utilizarse posteriormente para otro.
Por eso la pregunta correcta no es simplemente: ¿Confiamos en el gobierno actual?
La pregunta debe ser: ¿Qué poder estamos creando que podría heredar un gobierno futuro?
Imaginemos una administración dentro de varios años que tenga menos respeto por la oposición política, los periodistas de investigación, los activistas, los denunciantes de irregularidades o los manifestantes. Un sistema de telecomunicaciones en el cual cada número móvil ordinario haya sido deliberadamente conectado con la identidad de una persona podría convertirse en una herramienta extremadamente valiosa para autoridades interesadas en mucho más que combatir la extorsión.
Esto no es una acusación de que esa persecución esté ocurriendo actualmente mediante este sistema. Es una advertencia sobre el poder institucional.
Las democracias deben establecer salvaguardas antes de que ocurran los abusos, no después.
Hay otra pregunta que el gobierno debería responder: ¿Dónde está la evidencia de que la identificación universal es la solución eficaz menos invasiva?
La existencia de extorsiones telefónicas demuestra que México tiene un problema de extorsión. La existencia de tarjetas SIM anónimas demuestra que los delincuentes pueden aprovechar el anonimato.
Pero ninguno de esos hechos, por sí solo, demuestra que identificar a todos los usuarios de teléfonos celulares reducirá sustancialmente ese delito.
Incluso el argumento de Sheinbaum es, en última instancia, una predicción. La presidenta dijo estar convencida de que la extorsión telefónica disminuirá drásticamente una vez que los números estén asociados con personas identificadas.
Quizás así sea.
Si ocurre, el gobierno debería publicar los resultados. ¿Cuántas investigaciones de extorsión quedaban anteriormente bloqueadas específicamente porque una tarjeta SIM era anónima? Después del registro, ¿cuántos sospechosos son identificados gracias al nuevo sistema? ¿Cuántos son procesados? ¿Cuántos delincuentes simplemente migran hacia otras tecnologías?
Esas cifras permitirían a los mexicanos juzgar si la pérdida del anonimato produjo un beneficio equivalente en materia de seguridad.
Existen alternativas a tratar a cada ciudadano como una persona cuya identidad debe establecerse antes de poder utilizar las comunicaciones móviles ordinarias.
Las autoridades pueden concentrar los recursos de investigación en números denunciados repetidamente por extorsión, mejorar los procedimientos rápidos para preservar evidencia, rastrear las transacciones financieras vinculadas a pagos de extorsiones, investigar activaciones fraudulentas de líneas en grandes cantidades y fortalecer la supervisión judicial sobre el acceso a información sensible de telecomunicaciones.
El principio debería ser sencillo:
Investigue a una persona porque existen indicios de actividad delictiva. No coloque a toda una población dentro de un sistema de identificación simplemente porque entre ella podría esconderse un delincuente.
La seguridad y la libertad inevitablemente requieren ciertos compromisos. Un gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la población contra la extorsión, el secuestro, el fraude y el crimen organizado.
Pero tiene otra responsabilidad igualmente fundamental: proteger a los ciudadanos contra el poder gubernamental innecesario.
El registro de teléfonos celulares de México puede haber sido creado con intenciones legítimas. Incluso podría ayudar a resolver delitos.
Pero las buenas intenciones no constituyen salvaguardas permanentes.
Una vez que una sociedad crea la infraestructura tecnológica y jurídica para conectar sistemáticamente las comunicaciones con seres humanos identificados, esa infraestructura no desaparece cuando los funcionarios actuales dejan el poder.
Por eso los mexicanos deberían exigir evidencia medible de que el sistema funciona, estrictos controles judiciales sobre el acceso gubernamental, auditorías independientes, sanciones por uso indebido, fuertes protecciones para la seguridad de los datos e informes transparentes sobre la manera en que las autoridades utilizan la información de los usuarios.
La cuestión es mucho más grande que una tarjeta SIM.
Se trata de la relación entre el ciudadano y el Estado.
Una sociedad libre debe perseguir a los delincuentes sin exigir que cada persona inocente entregue su privacidad simplemente para demostrar que no es uno de ellos.
