por Marvin Ramírez
La semana pasada, El Reportero advirtió que la controversia en torno a las cámaras Flock se refiere a algo mucho más amplio que atrapar a quienes roban automóviles o localizar a sospechosos de delitos. El problema fundamental es la recopilación indiscriminada de información sobre personas comunes que no son sospechosas de ningún delito.
Desde entonces, varios acontecimientos han hecho que esa preocupación sea aún más urgente.
El miércoles, el Partido Demócrata de San Francisco consideró dos resoluciones opuestas relacionadas con Flock. El exsupervisor Gordon Mar propuso mayores salvaguardas y considerar la suspensión del contrato de la ciudad. Una resolución alternativa, presentada por la presidenta del comité, Nancy Tung, y el supervisor Matt Dorsey, respaldó la continuación del uso de las cámaras por parte de la ciudad. Fue aprobada por 11 votos contra 3, con cuatro abstenciones.
En efecto, el partido votó por continuar apoyando un sistema de vigilancia destinado a ayudar a la policía a encontrar vehículos robados y personas relacionadas con delitos, pero que, en el proceso, registra información sobre innumerables otros vehículos pertenecientes a personas que no son sospechosas absolutamente de nada.
Para buscar a unos pocos, el gobierno vigila a muchos.
Ese es el problema de fondo.
En Hood County, Texas, las autoridades pusieron fin a su acuerdo con Flock, y el alguacil John D. Shirley desconectó personalmente y cubrió las tres cámaras del condado después de que los comisionados autorizaran su desactivación, afirmando que los dispositivos registraban indiscriminadamente a personas comunes.
La magnitud de la red podría ser incluso mayor de lo que se conocía hasta ahora. Un nuevo mapa publicado por el investigador de ciberseguridad Joshua Michael, utilizando coordenadas de ubicación que, según él, proceden de la propia base de datos de Flock, identifica más de 170,000 cámaras y más de 130,000 dispositivos adicionales conectados a la infraestructura nacional de vigilancia de la compañía. Flock busca ahora que el mapa sea retirado de internet, según The Intercept.
Mientras San Francisco debatía sobre Flock, la controversia llegó a Washington.
El Subcomité de Crimen y Contraterrorismo del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos celebró el miércoles una audiencia titulada “Siempre vigilando: la red nacional de vigilancia con inteligencia artificial de Flock”. Los senadores examinaron el creciente uso de lectores automáticos de placas y las interrogantes que plantean sobre la privacidad, el intercambio de datos y la supervisión gubernamental.
Entre los testigos estuvo Lindsey Isaacs, de Florida, quien relató haber sido acusada injustamente en relación con un accidente de tránsito mortal. Pasó 13 días en la cárcel y enfrentó graves cargos criminales antes de que finalmente el caso en su contra fuera desestimado. Su experiencia ilustra un peligro más amplio: la tecnología puede proporcionar información a los investigadores, pero esa información puede ser malinterpretada, combinarse con otros errores y utilizarse contra una persona inocente.
Nada de esto significa que la tecnología no tenga un lugar legítimo en la aplicación de la ley. La policía tiene la responsabilidad de recuperar vehículos robados, localizar a sospechosos peligrosos, encontrar personas desaparecidas e investigar delitos graves.
Pero la seguridad pública no elimina los principios constitucionales.
La Cuarta Enmienda protege a los estadounidenses contra registros y confiscaciones irrazonables y establece requisitos para las órdenes judiciales. Una cámara que fotografía una placa en una vía pública es jurídicamente diferente de la policía entrando a la casa de una persona. Pero el principio constitucional de limitar la intromisión del gobierno sigue siendo pertinente: el gobierno no recibe autoridad ilimitada simplemente porque la tecnología facilita la vigilancia.
Los estadounidenses no aceptarían que la policía entrara en todas las casas de un vecindario simplemente para determinar si alguien buscado por un delito pudiera encontrarse dentro.
¿Por qué, entonces, deberíamos aceptar la creación de enormes bases de datos consultables que documenten los movimientos de personas que no han hecho nada malo, simplemente porque un delincuente también pudiera pasar frente a una de esas cámaras?
San Francisco debe enfrentar esa pregunta.
La ciudad puede perseguir a los delincuentes sin tratar a toda la población como posibles sospechosos. Puede adoptar la tecnología sin abandonar límites razonables a la vigilancia gubernamental.
El debate ha llegado ahora a ciudades de todo Estados Unidos, al liderazgo político de San Francisco y al Senado de Estados Unidos.
El Reportero planteó esta preocupación antes de estos últimos acontecimientos. La planteamos nuevamente porque la pregunta central continúa sin respuesta:
¿Cuánta vigilancia deberían estar obligados a aceptar los estadounidenses inocentes en nombre de encontrar a quienes violan la ley?
La seguridad pública importa.
También la libertad.
Y en una sociedad libre, nunca deberíamos vernos obligados a renunciar a una para preservar la otra.
