Estados Unidos debe enfrentar la especulación inmobiliaria antes de que las familias sean expulsadas de sus comunidades
por Marvin Ramírez
Una vivienda debería ser un lugar para criar una familia, no otra ficha en la cartera de inversiones de un multimillonario. Sin embargo, en Estados Unidos, particularmente en San Francisco, la vivienda se ha convertido en una competencia entre salarios comunes y fortunas extraordinarias.
Consideremos un ejemplo. Una casa modesta se anuncia por $600,000. Un comprador adinerado ofrece $900,000, quizás en efectivo. Esa venta pasa a formar parte de las transacciones comparables que tasadores y agentes inmobiliarios consideran al valorar propiedades cercanas. Una sola venta extraordinaria no modifica automáticamente los precios del vecindario, pero las ofertas elevadas y repetidas pueden establecer una nueva realidad en el mercado.
Las consecuencias van más allá de los propietarios que celebran el aumento del valor de sus casas. Los precios elevados dificultan la compra a las familias trabajadoras. También pueden aumentar los costos y expectativas de los arrendadores, mientras la especulación presiona para reemplazar viviendas y negocios menos rentables. Maestros, empleados de restaurantes, trabajadores de periódicos y jubilados compiten por espacio en comunidades que ayudaron a sostener.
San Francisco conoce el costo humano. En el Fillmore, la renovación urbana impulsada por el gobierno demolió viviendas y negocios y desplazó a miles de residentes, principalmente afroamericanos, décadas antes del auge tecnológico. En la Misión, sucesivas comunidades inmigrantes construyeron una vida cultural y comercial propia, pero enfrentaron costos crecientes cuando la riqueza tecnológica transformó la ciudad. Son historias distintas, pero plantean la misma pregunta: ¿quién puede quedarse cuando la tierra aumenta de valor?
El presidente Donald Trump ha dado un paso destacable. Tras su orden ejecutiva de enero de 2026, el Congreso aprobó en julio una ley que restringe nuevas compras de viviendas unifamiliares por inversionistas institucionales que controlan al menos 350 propiedades de ese tipo. La prohibición comenzará el 7 de enero de 2027, con excepciones. Reconoce que las familias no deberían competir siempre contra enormes firmas de inversión.
Pero no es una solución completa. Las grandes instituciones poseen una proporción relativamente pequeña de las viviendas unifamiliares del país, aunque tienen mayor presencia en ciertos mercados. Los compradores adinerados, inversionistas menores, construcción insuficiente, zonificación restrictiva y altos costos de financiamiento también influyen en los precios. Culpar a un solo grupo dejaría intacto el sistema más amplio.
Necesitamos una agenda más amplia de reforma de vivienda.
Primero, exigir mayor transparencia sobre quién posee realmente las viviendas, incluidas las propiedades registradas mediante múltiples sociedades de responsabilidad limitada. Aplicar las leyes antimonopolio contra la coordinación de alquileres y las adquisiciones que concentran el control de vecindarios.
Segundo, ampliar las oportunidades de compra preferente para quienes ocuparán sus casas, los fideicomisos comunitarios de tierras y las organizaciones de vivienda sin fines de lucro, antes que para los grandes inversionistas. Orientar los incentivos fiscales hacia viviendas asequibles a largo plazo, no hacia la reventa especulativa.
Tercero, modernizar las tasaciones sin pretender que los precios de mercado puedan desaparecer por decreto. Las ventas comparables deben seguir siendo una referencia, pero las transacciones inusualmente altas merecen un examen cuidadoso y ajustes cuando corresponda. Una oferta récord en efectivo no necesariamente mide lo que una familia trabajadora puede pagar.
Cuarto, construir más viviendas para distintos ingresos, especialmente cerca del empleo y el transporte público, protegiendo a los inquilinos contra desalojos ilegales y conservando las unidades asequibles existentes. La escasez da al dinero especulativo su mayor ventaja.
Las ciudades también deberían publicar datos por vecindario sobre propiedad de inversionistas, desalojos y accesibilidad de la vivienda. Sin esa transparencia, el público no puede distinguir el desarrollo legítimo de las prácticas que expulsan silenciosamente a residentes de larga trayectoria.
La política de vivienda no debería castigar a propietarios honestos ni prohibir toda inversión. Debe reconocer que un vecindario es más que un conjunto de propiedades: es también una red de relaciones, escuelas, negocios, tradiciones y recuerdos.
Si el gobierno puede regular bancos, servicios públicos y mercados financieros en interés público, también puede establecer reglas razonables para la vivienda. El objetivo no es abolir la propiedad privada, sino impedir que la riqueza concentrada convierta el sueño americano en una subasta que los trabajadores estadounidenses no pueden ganar.
