por Marvin Ramírez
Cada dos años, los estadounidenses regresan a las urnas y otra colección de proposiciones electorales espera a los votantes en estados como California. Ya sea durante las elecciones de medio término o las presidenciales, se pide repetidamente a los ciudadanos que aprueben nuevas leyes, autoricen gastos, aumenten impuestos o modifiquen políticas existentes.
Pero ¿por qué necesitamos constantemente nuevas proposiciones cuando tantas medidas anteriores supuestamente resolverían problemas que siguen sin solución?
Para muchos inmigrantes de América Latina, el sistema de proposiciones de California puede resultar confuso. En sus países de origen, las elecciones suelen centrarse principalmente en elegir presidentes, alcaldes, legisladores y otros representantes, aunque también existen referendos en algunas naciones.
En California, sin embargo, los votantes pueden decidir directamente sobre propuestas de leyes, enmiendas constitucionales, impuestos y medidas de gasto público. Estas se conocen como proposiciones electorales. Algunas llegan a la boleta mediante firmas de ciudadanos, mientras que otras son presentadas por la Legislatura.
Un voto por el “Sí” generalmente aprueba la medida propuesta, mientras que un voto por el “No” la rechaza. Pero comprender las consecuencias no siempre es sencillo.
Una campaña promete mejores escuelas, viviendas, transporte o servicios públicos. Otra advierte que la misma proposición aumentará los impuestos, generará deudas o beneficiará a intereses particulares.
¿A quién deben creer los votantes?
El gobierno existe para proteger los derechos, las libertades y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, cada elección parece introducir regulaciones adicionales, obligaciones financieras o programas gubernamentales.
¿Significa necesariamente una mayor cantidad de leyes un mejor gobierno? ¿O hemos creado un sistema político que depende de proponer continuamente soluciones sin evaluar adecuadamente los resultados anteriores?
Consideremos las implicaciones financieras. El gobierno federal arrastra una deuda enorme, mientras que muchos gobiernos estatales y locales enfrentan constantes presiones fiscales.
A pesar de ello, los votantes encuentran repetidamente propuestas que solicitan recursos públicos adicionales.
Algunas proposiciones autorizan la emisión de bonos que eventualmente deben pagarse, frecuentemente con intereses. Otras establecen impuestos, redistribuyen ingresos o financian programas cuyos costos a largo plazo podrían no recibir suficiente escrutinio.
En última instancia, los contribuyentes asumen gran parte de esa responsabilidad.
Detrás de muchas campañas se encuentran consultores políticos, organizaciones de cabildeo, contratistas, sindicatos, corporaciones y otros grupos de interés que invierten considerables recursos para influir en las decisiones públicas.
Para algunos participantes, las proposiciones electorales representan oportunidades económicas. Las campañas generan gastos publicitarios, contratos de consultoría e influencia política. Las medidas aprobadas pueden crear puestos administrativos, programas gubernamentales y contratos lucrativos.
Esto no significa que todas las proposiciones sean innecesarias o deshonestas. Algunas responden a necesidades públicas legítimas, protegen derechos o corrigen leyes obsoletas.
Pero ¿no debería el gobierno demostrar primero que los programas existentes están funcionando antes de pedir más dinero a los ciudadanos?
Imaginemos unos Estados Unidos donde los legisladores se concentraran en evaluar las leyes existentes en lugar de introducir continuamente nuevas medidas.
Imaginemos que se exigieran auditorías independientes, transparencia contable y resultados medibles antes de aprobar gastos adicionales.
¿Qué sucedería si cada proposición que solicita dinero público tuviera que explicar por qué los fondos anteriores no lograron cumplir sus objetivos prometidos?
La democracia no debería medirse por la cantidad de leyes promulgadas o proposiciones aprobadas. Su éxito debería medirse por la libertad, prosperidad, seguridad y oportunidades que realmente experimentan los ciudadanos.
Quizás lo más preocupante sea lo normal que se ha vuelto este ciclo interminable.
Aprobamos una proposición, esperamos resultados y luego encontramos otra que promete corregir lo que continúa sin resolverse.
Y cuando lleguen las próximas elecciones, otra campaña seguramente nos dirá que falta algo, que algo no funciona y que se necesita urgentemente otra proposición.
Pero ¿cuándo nos preguntaremos finalmente si el problema es la ausencia de otra ley o la incapacidad del gobierno para cumplir con las leyes que ya tenemos?
