por el equipo de El Reportero
El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, anunció el miércoles el fortalecimiento de la Política del Buen Vecino en toda la ciudad, estableciendo normas comunes de seguridad, limpieza y respuesta comunitaria para las instalaciones de vivienda, salud, albergue y servicios sociales financiadas por la ciudad.
La política revisada se aplica a todos los centros financiados por el Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo, así como a todos los contratos del Departamento de Salud Pública relacionados con programas de atención a clientes. Según la oficina del alcalde, la medida busca sustituir las normas que anteriormente variaban entre departamentos y eran difíciles de hacer cumplir.
Bajo la nueva política, los operadores deberán realizar tres inspecciones diarias del perímetro, disponer regularmente de los desperdicios y trabajar para prevenir el ruido excesivo, la obstrucción de aceras y las conductas perturbadoras. Su responsabilidad abarca las instalaciones, sus fachadas, el perímetro de los edificios y las aceras adyacentes.
Los proveedores también deberán ofrecer medios accesibles para que residentes y comerciantes puedan denunciar problemas, recibir respuestas oportunas y mantener comunicación con los vecindarios circundantes.
Las instalaciones que incumplan enfrentarán un proceso de cuatro niveles. Este comenzará con una notificación y podría avanzar hacia asistencia técnica de la ciudad, medidas correctivas formales —incluidos cambios de personal— y sanciones contractuales.
“Todo residente de San Francisco merece un vecindario seguro y limpio, y toda persona que lucha por sobrevivir en nuestras calles merece un verdadero camino hacia el tratamiento y la estabilidad”, declaró Lurie. Añadió que los vecindarios que aceptan estas instalaciones deben confiar en que los operadores ayudarán a mantener condiciones aceptables en sus alrededores.
La administración señaló que las nuevas normas forman parte del plan Breaking the Cycle de Lurie, destinado a enfrentar la falta de vivienda y los problemas de salud mental y conducta. Datos municipales publicados este año indican que el número de personas sin albergue disminuyó 22%, hasta alcanzar su nivel más bajo en 15 años. La administración también reportó un aumento de 40% en las colocaciones en albergues, la consolidación de las operaciones de asistencia callejera y la creación de más de 600 camas enfocadas en tratamiento.
El Departamento de Salud Pública supervisa la mayor red municipal de programas de salud y apoyo que atienden directamente a la población.
La ciudad desarrolló la política con proveedores de servicios, residentes, comerciantes, organizaciones comunitarias, clientes y agencias municipales. Los funcionarios sostienen que las normas uniformes aclararán las responsabilidades de los operadores y las expectativas de sus vecinos.
Durante el otoño, la ciudad capacitará a los operadores y probará una aplicación digital para centralizar los informes, reducir trámites duplicados y facilitar el cumplimiento de los requisitos. La aplicación de las normas en toda la ciudad comenzaría en enero de 2027.
