por el equipo de El Reportero
La red de cámaras de lectura automática de placas (ALPR, por sus siglas en inglés) de San Francisco enfrenta un renovado escrutinio después de que una auditoría policial descubriera que agencias federales y de otros estados accedieron de manera indebida a datos recopilados por el sistema de vigilancia de la ciudad. El hallazgo ha reavivado preocupaciones sobre la privacidad, la supervisión gubernamental y el posible impacto en las comunidades inmigrantes.
Desde 2024, el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ha instalado aproximadamente 400 cámaras de Flock Safety en intersecciones de toda la ciudad. El departamento afirma que el sistema fue implementado para ayudar a localizar vehículos robados, identificar sospechosos y apoyar investigaciones criminales. Sin embargo, las autoridades no han publicado evidencia que demuestre cuánto han contribuido estas cámaras, por sí solas, a reducir la delincuencia o cuántos casos han resuelto directamente.
La controversia se intensificó después de que una auditoría interna revelara que agencias externas realizaron cerca de 300 consultas no autorizadas a la base de datos de placas vehiculares de San Francisco durante el último año. El jefe de la Policía, Derrick Lew, suspendió el acceso de la red regional de inteligencia mientras se investiga el incidente.
Durante una reunión de la Comisión de Policía de San Francisco, Lew reconoció las inquietudes del público al declarar: «No es ningún secreto que el sistema ALPR es una herramienta controvertida, y creo que existen muchas preocupaciones sobre la privacidad.» Al mismo tiempo, defendió su utilidad al afirmar que «el ALPR se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano para nuestros oficiales… se ha convertido en un pilar fundamental de nuestro trabajo.»
Aunque la policía informó que la auditoría no encontró acceso directo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organizaciones defensoras de los derechos civiles sostienen que el incidente demuestra los riesgos de recopilar y almacenar grandes cantidades de datos sobre la ubicación de las personas. Advierten que, una vez que la información se comparte más allá de la agencia que la recopiló, resulta mucho más difícil mantener la confianza del público.
Para muchos residentes de comunidades inmigrantes, incluido el Distrito de la Misión, el debate va más allá de la tecnología. Organizaciones comunitarias señalan que algunas personas podrían sentirse menos dispuestas a denunciar delitos, buscar servicios públicos o simplemente desplazarse libremente si creen que sus movimientos diarios pueden ser registrados y posteriormente compartidos con otras agencias gubernamentales.
Quienes apoyan el uso de estas cámaras sostienen que siguen siendo herramientas valiosas para las investigaciones criminales, siempre que existan una supervisión estricta, auditorías independientes y límites claros sobre quién puede acceder a la información. Sus críticos responden que recopilar datos sobre millones de conductores que respetan la ley para identificar a un número relativamente pequeño de sospechosos plantea interrogantes fundamentales sobre la privacidad y las libertades civiles.
Mientras las ciudades de California continúan ampliando el uso de tecnologías de vigilancia, la experiencia de San Francisco probablemente influirá en el debate estatal. Muchos residentes ahora se preguntan si la promesa de una mayor seguridad pública justifica la recopilación rutinaria de información sobre millones de conductores inocentes.
Fuentes: Mission Local; KALW News; Departamento de Policía de San Francisco; San Francisco Chronicle; Electronic Frontier Foundation (EFF); American Civil Liberties Union (ACLU).
