por el equipo de El Reportero
Más de seis años después de que la pandemia de COVID-19 cambiara el rumbo de la historia moderna, Estados Unidos sigue buscando respuestas. El capítulo más reciente se desarrolló en el Senado de Estados Unidos, donde el doctor Anthony Fauci, exfuncionario principal de enfermedades infecciosas del país, invocó repetidamente la Quinta Enmienda en lugar de responder preguntas sobre su papel durante la pandemia.
El momento fue extraordinario, no simplemente porque Fauci se negara a responder, sino por las circunstancias que rodeaban su testimonio. Antes de dejar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden le otorgó un amplio perdón preventivo por posibles delitos federales relacionados con su servicio público. Sin embargo, a pesar de ese perdón, sus abogados le recomendaron invocar su derecho constitucional a no autoincriminarse durante toda la audiencia.
Desde el punto de vista jurídico, todo estadounidense tiene ese derecho. La Quinta Enmienda existe para proteger a las personas de ser obligadas a ofrecer un testimonio que posteriormente pueda utilizarse en su contra en un proceso penal. Ejercer ese derecho, por sí solo, no constituye una admisión de culpabilidad. Desde hace décadas, los tribunales han reconocido que tanto personas inocentes como culpables pueden invocarlo siguiendo el consejo de sus abogados.
Aun así, la imagen que dejó la audiencia es imposible de ignorar.
Millones de estadounidenses vieron cerrar escuelas, quebrar negocios, vaciarse iglesias, aplazarse procedimientos médicos y separarse familias durante la pandemia. Muchos aceptaron esas restricciones porque las autoridades de salud pública insistían en que eran necesarias. Otros consideraron que las agencias gubernamentales excedieron su autoridad y limitaron el debate científico legítimo.
Se esté o no de acuerdo con las recomendaciones de Fauci, pocos negarían que se convirtió en uno de los funcionarios públicos más influyentes de la historia moderna de Estados Unidos. Sus orientaciones afectaron prácticamente a todos los hogares del país.
Por esa razón, muchos estadounidenses esperaban respuestas.
Sus críticos sostienen que el Congreso tiene la responsabilidad de examinar si se cometieron errores, si las agencias gubernamentales actuaron con total transparencia y si la incertidumbre científica fue presentada de manera honesta a la población. Señalan los cambios en las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, el cierre de escuelas, los mandatos de vacunación y el origen del COVID-19 como razones por las cuales la rendición de cuentas sigue siendo necesaria.
Algunos también consideran que Fauci debería explicar decisiones que, desde su punto de vista, contribuyeron a dificultades económicas, retrocesos educativos, problemas de salud mental y a una pérdida de confianza en las instituciones públicas. Otros plantean interrogantes sobre el financiamiento federal de investigaciones relacionadas con virus y sobre las comunicaciones entre científicos del gobierno durante los primeros meses del brote.
Quienes defienden a Fauci ven la situación de una manera muy distinta.
Sostienen que dedicó décadas al servicio público bajo presidentes republicanos y demócratas, que trabajó en circunstancias sin precedentes y que sus recomendaciones se basaron en la evidencia científica disponible en ese momento. Afirman que el juicio que hoy se hace con la ventaja de la retrospectiva no debería sustituir la evaluación de decisiones tomadas en medio de una emergencia sanitaria mundial que evolucionaba día a día.
También argumentan que la audiencia del Senado había adquirido un marcado carácter político y que sus abogados actuaron correctamente al recomendarle guardar silencio, especialmente si alguna autoridad pudiera intentar utilizar posteriormente cualquier contradicción en sus declaraciones dentro de futuros procesos legales. Asimismo, especialistas en derecho constitucional señalan que la relación entre un perdón presidencial preventivo y el alcance de la Quinta Enmienda aún no ha sido resuelta por completo por los tribunales.
Independientemente de la posición política de cada persona, una realidad permanece.
La confianza pública es muy difícil de reconstruir una vez que se pierde.
Durante la pandemia, se pidió repetidamente a los estadounidenses confiar en los funcionarios gubernamentales, en los científicos y en las instituciones de salud pública. Muchos todavía lo hacen. Muchos otros ya no. Las divisiones que surgieron durante aquellos años continúan influyendo en el debate nacional.
Quizá la cuestión más importante ya no sea si Anthony Fauci tenía el derecho constitucional de guardar silencio. Ese derecho, sin duda, le asiste.
La pregunta de fondo es si los funcionarios públicos que ejercen una enorme influencia durante una crisis nacional también tienen la responsabilidad moral de responder a las preguntas difíciles cuando esa crisis ha terminado.
La historia seguirá debatiendo si las políticas adoptadas durante la pandemia fueron acertadas o equivocadas. Los tribunales quizá resuelvan algún día las cuestiones legales relacionadas con los perdones presidenciales y las investigaciones del Congreso.
Pero para millones de estadounidenses que todavía buscan claridad, el silencio difícilmente proporcionará las respuestas que han esperado durante tanto tiempo.
Referencias: Reuters; audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos (29 de julio de 2026); The Wall Street Journal.
