por el equipo de El Reportero staff
La administración del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria al instruir a los reguladores federales a aumentar el escrutinio sobre las solicitudes de crédito presentadas por personas que no cuentan con autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la medida podría desalentar a algunas familias de utilizar servicios financieros.
Reguladores federales bancarios emitieron nuevas directrices recomendando a bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras que consideren el estatus migratorio de ciertos solicitantes de préstamos al evaluar el riesgo crediticio. La guía señala que los prestatarios sin autorización legal para trabajar podrían tener ingresos menos estables o enfrentar la posibilidad de ser deportados, factores que podrían afectar su capacidad para pagar sus préstamos.
New federal guidance tightens credit evaluations for some immigrants without work authorization.
«Cuando los ingresos de un prestatario provienen de un empleo que no está legalmente autorizado, la fuente de pago puede ser menos confiable y representar un mayor riesgo crediticio», señala la guía federal.
Las recomendaciones derivan de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en mayo, que instruye al Departamento del Tesoro y a otras agencias federales a reforzar la supervisión de los riesgos que la inmigración ilegal podría representar para el sistema financiero. La orden no exige que los bancos verifiquen la ciudadanía de todos sus clientes ni que cierren las cuentas de inmigrantes indocumentados.
Representantes de la industria bancaria habían manifestado su preocupación por propuestas iniciales que habrían obligado a las instituciones financieras a recopilar información sobre la ciudadanía de todos sus clientes. Finalmente, la administración adoptó un enfoque más limitado, centrado en la evaluación del riesgo crediticio y el cumplimiento de las regulaciones financieras vigentes.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que las nuevas políticas podrían disuadir a muchas familias de utilizar bancos o solicitar préstamos por temor a un mayor escrutinio de su situación migratoria. También advierten que algunos podrían recurrir a servicios financieros alternativos, que suelen tener costos más altos y ofrecer menos protecciones para los consumidores.
La administración Trump sostiene que las nuevas directrices buscan proteger la estabilidad del sistema financiero estadounidense, fortalecer la prevención del fraude y garantizar que las instituciones financieras evalúen adecuadamente los riesgos al otorgar préstamos. Funcionarios federales han enfatizado que la guía no establece un requisito general para que los bancos verifiquen la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes antes de abrir o mantener cuentas de depósito.
Fuentes: Reuters; Departamento del Tesoro de Estados Unidos; Casa Blanca.
