por Wendy Fry y Nigel Duara
CalMatters
Mientras los funcionarios de California intentan bloquear las instalaciones de inmigración en todo el estado, la administración Trump está implementando una nueva estrategia para asegurar capacidad de detención en la Costa Oeste: está comprando los bienes raíces directamente.
La compra por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los centros de detención de Otay Mesa y California City a la empresa privada de prisiones CoreCivic, por un valor de 1,500 millones de dólares, es una respuesta directa a la resistencia política del estado ante las instalaciones de ICE nuevas y existentes, según señalaron funcionarios gubernamentales.
Jason Sweeney, portavoz de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmó en un comunicado que los centros de detención en California son «cruciales para la red de detención de ICE en la Costa Oeste».
«A diferencia de lo que ocurre en estados como Florida y Oklahoma, ICE no puede depender de socios locales estatales y de condados para obtener espacio de detención en California», declaró Sweeney. «Los políticos santuario del estado continúan impulsando legislación para prohibir o hacer financieramente inviables a las prisiones privadas».
El conflicto se remonta a la administración Trump anterior, cuando los demócratas de California se apresuraron a adoptar políticas para contrarrestar su primera ofensiva de deportaciones.
En 2019, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley con el objetivo de eliminar progresivamente todas las prisiones con fines de lucro y los centros de detención de inmigrantes para 2028. La empresa privada de prisiones GEO Group y el gobierno federal presentaron demandas bajo el argumento de que la ley violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución, la cual prohíbe a los estados interferir con la autoridad federal. Ganaron el litigio cuando, en 2022, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la prohibición sobre los centros de detención de inmigrantes operados por privados.
Desde entonces, los legisladores de California han impulsado nuevas medidas, como la imposición de fuertes impuestos a los centros de detención privados para hacerlos financieramente inviables.
La compra de propiedades de CoreCivic por parte del gobierno federal se produce en medio de un enfrentamiento entre el fiscal general de California, Rob Bonta, y la administración Trump por la polémica construcción de nuevas oficinas de ICE cerca de Gilroy, un antiguo pueblo agrícola al sur de San José. La ciudad ha crecido hasta alcanzar unos 60,000 habitantes y está rodeada de campos de ajo y viñedos en el sur del condado de Santa Clara.
El estado argumenta que los terrenos han sido designados exclusivamente para usos agrícolas desde 1967.
«Los planes de ICE para construir una instalación cerca de Gilroy violan múltiples leyes federales», sostuvo Bonta, al argumentar que ICE omitió examinar las posibles consecuencias ambientales antes de iniciar las obras.
Los registros de contratación federal muestran que, en 2025, la Administración de Servicios Generales (GSA) arrendó la propiedad por 20 años a la empresa ECG 6 LLC, con sede en Beverly Hills, por un total de 26.5 millones de dólares.
En julio, el gobierno federal acordó pausar la construcción en el terreno de 26 acres mientras avanza la demanda.
Los funcionarios de California están utilizando otra ley que data de la primera administración Trump para exigir la entrada e inspección de los centros de detención. Bonta envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional en diciembre para denunciar «condiciones de vida peligrosas e inadecuadas» en el Centro de Detención de California City. En el condado de San Diego, los inspectores de salud locales mantienen un conflicto legal con CoreCivic en torno a las inspecciones del centro de Otay Mesa.
La venta de estas propiedades al gobierno federal probablemente las protegerá de las inspecciones sanitarias de California, indicó Claire Trickler-McNulty, quien fue funcionaria sénior de ICE durante la administración Biden.
«Les otorga protección frente a las leyes estatales y locales, especialmente ante los requisitos de zonificación y ambientales», explicó Trickler-McNulty.
Las ventas revelan una nueva estrategia
Hace un año, el presidente Trump firmó un proyecto de gasto que incluyó una enorme inyección de recursos para el control migratorio. Otorgó a ICE 45,000 millones de dólares para capacidad de detención, y la administración tenía un plan para construir nuevos sitios en todo el país.
Según Aaron Reichlin-Melnick, investigador sénior del American Immigration Council, las compras de Otay Mesa y California City representan un cambio de rumbo significativo.
A principios de 2026, dicho plan —plasmado en un documento conocido como la Iniciativa de Rediseño de Detención de ICE (ICE Detention Re-engineering Initiative)— se centraba en convertir bodegas en megaproyectos diseñados para albergar entre 7,500 y 10,000 personas, cada uno más grande que cualquier centro correccional construido en Estados Unidos desde el internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Reichlin-Melnick describió ese sistema como uno que nunca se planeó de manera meditada. Todd Lyons, entonces director interino de ICE, declaró en la Exposición de Seguridad Fronteriza de 2025 en Phoenix que quería que las deportaciones funcionaran «como [Amazon] Prime, pero con seres humanos».
«En ningún momento nadie se sentó a diseñar de manera inteligente el ‘Amazon Prime de los seres humanos'», afirmó Reichlin-Melnick.
Dicha iniciativa de rediseño se ha desmoronado en gran medida, frenada por demandas, un cronograma irrealista y escasez a nivel nacional de personal correccional y trabajadores de la salud en prisiones, añadió.
Sin embargo, esto deja miles de millones de dólares que ICE necesita gastar antes de que los fondos caduquen.
«Esperamos que compren otras instalaciones», apuntó Reichlin-Melnick.
Un exfuncionario sénior del Departamento de Seguridad Nacional señaló que las condiciones para los inmigrantes detenidos en instalaciones propiedad de ICE podrían representar una mejora.
«Que ICE asuma el control de una instalación real es quizás mejor que usar bodegas, colocar a las personas en instalaciones con paredes de lona o recurrir a centros administrados por privados», comentó.
Los precios superan los valores catastrales
Los registros del tasador de condados muestran que el gobierno federal pagó un sobreprecio por los bienes raíces. En el condado de San Diego, el valor tasado de la propiedad de Otay Mesa para el año fiscal actual es de 164.9 millones de dólares; el DHS pagó 739.2 millones de dólares, es decir, cerca de 4.5 veces su valor tasado. En el condado de Kern, la instalación de California City fue tasada en 171.5 millones de dólares; el DHS pagó 732.6 millones de dólares, o 4.3 veces dicha cifra.
Un exfuncionario sénior de ICE, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el asunto públicamente, cuestionó si el precio pagado se corresponde con la necesidad real de seguridad. «¿Y bien? ¿1.5 mil millones de dólares solo por las instalaciones y cuántos migrantes van a entrar y salir de ahí que realmente representen amenazas para la seguridad nacional y pública? Esas son las personas a las que de verdad necesitamos mantener fuera de las calles», cuestionó el exfuncionario.
Por su parte, Anthony Martinez, portavoz del gobernador Newsom, calificó la agenda de deportaciones de la administración como un «mal uso imprudente y cruel de los fondos de los contribuyentes» y acusó al gobierno federal de destinar miles de millones a contratistas mientras evita la transparencia sobre las condiciones dentro de sus instalaciones.
Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego, vinculó directamente la compra con las contribuciones políticas de CoreCivic, al señalar la donación de 500,000 dólares hecha por la empresa al comité inaugural de Trump. Esto precedió a lo que denominó un «beneficio inesperado de mil millones de dólares financiado por los contribuyentes» que ayudará a saldar la deuda de la empresa a la vez que le permite seguir operando las instalaciones. Señaló que estos acuerdos tratan a los inmigrantes detenidos como fuentes de ingresos en lugar de personas.
CoreCivic respondió que las «valoraciones de las instalaciones se establecieron a través del proceso de tasación requerido por el gobierno federal, el cual está diseñado para determinar un valor justo de mercado objetivo».
«CoreCivic ha contribuido a eventos inaugurales presidenciales en múltiples administraciones, incluidas las demócratas. El proceso de tasación federal se lleva a cabo independientemente de cualquier contribución política», declaró Steven Owen, vicepresidente de comunicaciones de CoreCivic.
Añadió que, bajo la ley de California, los valores tasados de las propiedades pueden diferir enormemente de su valor de mercado, y señaló la Propuesta 13 de California, que prohíbe la mayoría de las reevaluaciones inmobiliarias fuera de los casos de venta.
«La Proposición 13 de California limita los aumentos anuales en el valor tasado, lo que significa que los valores tasados de las propiedades comerciales pueden divergir significativamente del valor de mercado actual con el paso del tiempo. Ambas cifras no son directamente comparables», detalló Owen.
Asimismo, la compañía espera obtener 130 millones de dólares al año por operar el centro de detención de California City, de acuerdo con su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
¿Comprarán los federales más centros de detención?
¿Qué sigue? La exfuncionaria de ICE Trickler-McNulty indicó que el plan abandonado para adquirir 24 bodegas bajo la gestión de la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem podría ofrecer algunas pistas sobre la estrategia de la agencia bajo el mando del secretario Markwayne Mullin.
Una hoja de ruta interna obtenida el año pasado por The Washington Post revela la existencia de al entre 10 instalaciones «llave en mano» contempladas originalmente bajo Noem.
Estas incluyen el centro de California City, pero no el de Otay Mesa. El resto de las instalaciones se encuentran en Texas y Oklahoma.
La compra de un centro de detención de inmigrantes elimina los riesgos tanto para las empresas privadas de prisiones como para el programa de deportaciones de la administración Trump, explicó R. Andrew Free, abogado y escritor especializado en inmigración. Free recordó las desinversiones que los dos fondos de pensiones más grandes de California hicieron en CoreCivic y GEO Group en 2019, las cuales contribuyeron a la crisis de liquidez y al desplome bursátil de ambas compañías hace cinco años.
Si las inversiones en prisiones privadas se vuelven tóxicas a nivel nacional desde el punto de vista político, señaló Free, las compras federales de centros de detención protegen a las empresas y al espacio de detención frente a desinversiones y a los procesos de revisión ambiental que han frustrado proyectos similares en otros estados.
«Esto constituye una importante inyección de efectivo por adelantado por parte del gobierno federal», apuntó Free.
Los gobiernos locales y el estado quedarán esencialmente excluidos de las instalaciones, aunque mantendrán cierto contacto con las personas en su interior, agregó.
Los centros de detención «seguirán necesitando servicios de policía y bomberos, seguirán necesitando servicios forenses», indicó Free, aunque advirtió que la mayoría de las inspecciones tradicionales por parte del estado probablemente hayan llegado a su fin.
Según Free, existen dos formas de interpretar la expansión de los centros de detención de ICE. Una es, desde su perspectiva, optimista: se trata simplemente de obsequios de un gobierno aliado hacia sus valiosos contratistas. La otra es de índole más cínica.
«La visión cínica es que esto definitivamente se utilizará para retener a personas que no son migrantes», advirtió Free. «Que se utilizará para detener a ciudadanos estadounidenses».
