El caso podría definir cuándo los padres pueden impugnar leyes estatales antes de que ocurra un daño
por El Reportero staff
Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos acordó el 29 de junio escuchar el caso International Partners for Ethical Care, Inc. v. Ferguson, hizo mucho más que añadir otro expediente a su calendario. Indicó que los magistrados están dispuestos a examinar una cuestión constitucional que va mucho más allá del estado de Washington: ¿cuándo tienen los padres el derecho de acudir a los tribunales antes de que el gobierno interfiera en su relación con sus hijos?
La pregunta es importante porque la Corte Suprema acepta solo una pequeña fracción de los miles de peticiones que recibe cada año. Aceptar revisar un caso no significa que la Corte ya haya decidido quién tiene la razón. Significa que al menos cuatro magistrados concluyeron que el tema jurídico merece una revisión de alcance nacional.
En el centro del caso están las leyes del estado de Washington relacionadas con menores de edad, albergues, atención de salud mental y servicios vinculados con la identidad de género. Los demandantes incluyen a padres y organizaciones que sostienen que el marco legal del estado puede excluir a los padres de decisiones fundamentales cuando un menor que ha huido de su hogar busca atención relacionada con la identidad de género u otros servicios similares. Afirman que esto amenaza el derecho fundamental de los padres a dirigir el cuidado, la crianza y la educación de sus hijos.
Las autoridades de Washington defienden esas leyes como medidas para proteger a menores vulnerables, especialmente a quienes podrían enfrentar abuso, negligencia o rechazo en sus hogares. También sostienen que la demanda fue presentada demasiado pronto porque ninguno de los padres demandantes había demostrado que sus propios hijos hubieran sido afectados por las leyes impugnadas.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito estuvo de acuerdo, pero únicamente por razones procesales. No resolvió si las leyes de Washington violan los derechos de los padres. En cambio, desestimó la demanda por falta de legitimación jurídica, doctrina que determina si un demandante ha sufrido un perjuicio suficiente para presentar un caso ante un tribunal federal.
Por eso esta controversia trasciende el tema de la atención relacionada con la identidad de género. La Corte Suprema deberá decidir si los padres deben esperar hasta que el Estado ya haya actuado antes de poder impugnar una ley que consideran una amenaza para sus derechos constitucionales.
La diferencia es significativa. Si los padres deben esperar hasta que un menor haya abandonado el hogar, ingresado a un albergue, recibido determinados servicios o haya sido privado de la notificación a sus padres, el supuesto daño podría ya haberse producido. Al mismo tiempo, los tribunales federales generalmente no emiten opiniones consultivas basadas en daños meramente hipotéticos.
Los magistrados tendrán que encontrar un equilibrio entre esos principios.
Durante décadas, la Corte Suprema ha reconocido que los padres poseen un derecho fundamental sobre el cuidado, la custodia y el control de sus hijos. Sin embargo, ese derecho nunca ha sido absoluto. Los estados también tienen la responsabilidad de proteger a los menores contra el abuso y la negligencia. La cuestión constitucional consiste en determinar qué ocurre cuando el Estado afirma estar protegiendo al menor mientras los padres sostienen que el gobierno está sustituyendo su criterio antes de que exista evidencia de abuso.
La decisión final podría tener repercusiones nacionales. En otros estados han surgido disputas similares sobre el papel de las escuelas, los proveedores de servicios médicos, las agencias de servicios sociales y los padres en decisiones relacionadas con menores que experimentan incongruencia de género o se identifican como transgénero. Lo que decida la Corte podría influir en futuras demandas sobre los derechos de los padres y sobre la posibilidad de impugnar políticas gubernamentales antes de que ocurra un daño directo.
La organización America’s Frontline Doctors instó a la Corte a aceptar el caso, argumentando que las cuestiones constitucionales relacionadas con los derechos de los padres merecían ser revisadas. Otras organizaciones también presentaron escritos de apoyo. Independientemente de la postura de esos grupos, la cuestión de fondo sigue siendo si las garantías constitucionales tienen un significado real cuando los ciudadanos no pueden acudir a los tribunales hasta después de que el gobierno ya ha actuado.
Quienes apoyan la ley de Washington consideran que el caso busca proteger a menores vulnerables que atraviesan situaciones familiares difíciles. Quienes se oponen sostienen que el Estado corre el riesgo de colocar la autoridad gubernamental por encima de la responsabilidad de los padres en decisiones que afectan profundamente la vida de los hijos.
La decisión de la Corte Suprema de aceptar el caso no debe interpretarse como un fallo sobre el fondo del asunto. No representa una victoria para los padres ni una derrota para el estado de Washington. Simplemente reconoce que las preguntas constitucionales planteadas merecen una respuesta del máximo tribunal del país.
En última instancia, el caso plantea si los padres sufren un perjuicio constitucional presente cuando el Estado crea un sistema que puede excluirlos de decisiones trascendentales relacionadas con sus hijos. También plantea si los tribunales federales deben estar disponibles antes de que esos perjuicios se vuelvan irreversibles.
En un país profundamente dividido sobre los derechos de los padres, la autonomía de los menores, la medicina, la religión y la identidad de género, International Partners for Ethical Care, Inc. v. Ferguson probablemente se convertirá en uno de los casos más observados del próximo período de sesiones de la Corte Suprema.
