por el equipo de El Reportero
Un juez de la Corte Superior de Fresno determinó que la ciudad de Fresno violó la ley estatal de reuniones abiertas al realizar negociaciones presupuestarias privadas a puerta cerrada, marcando una importante victoria para la transparencia gubernamental y la supervisión pública.
La decisión surge de una demanda presentada por la First Amendment Coalition y la ACLU del Norte de California tras una investigación periodística de Fresnoland. El reportaje reveló que el comité presupuestario del Concejo Municipal de Fresno sostuvo reuniones privadas durante años para negociar partes clave del presupuesto multimillonario de la ciudad sin aviso público ni participación ciudadana.
El juez Robert Whalen concluyó que estas prácticas violaron la Ley Brown, una legislación de California que exige que las reuniones de los organismos gubernamentales locales sean abiertas y accesibles al público. La ley busca garantizar que los residentes puedan observar y participar en decisiones relacionadas con fondos públicos y políticas.
Según los hallazgos del tribunal, el comité presupuestario se reunió en privado al menos entre 2018 y 2023, a menudo fuera del período formal de aprobación del presupuesto. Estas reuniones incluyeron discusiones sobre cómo asignar decenas de millones de dólares, decisiones que normalmente deben realizarse en sesiones públicas.
Durante una conferencia de prensa en junio de 2023, el alcalde de Fresno, Jerry Dyer, reconoció la naturaleza del proceso al declarar que “mucho embutido se estaba haciendo en el cuarto trasero”, comentario que posteriormente generó cuestionamientos como evidencia de la falta de transparencia.
Funcionarios de la ciudad argumentaron ante el tribunal que el comité presupuestario era un grupo “ad hoc” informal y por lo tanto estaba exento de los requisitos de la Ley Brown. Sin embargo, el juez rechazó ese argumento, concluyendo que el comité funcionaba como un organismo continuo, con membresía estable e influencia en las decisiones presupuestarias, por lo que debía cumplir con la ley.
Defensores legales señalan que el fallo refuerza el principio de que los asuntos públicos deben llevarse a cabo de manera abierta. David Loy, director legal de la First Amendment Coalition, afirmó que la decisión reafirma el derecho de los residentes a entender cómo se asigna y se debate el dinero de los contribuyentes.
Grupos de transparencia también indicaron que el fallo podría tener implicaciones más amplias en California, donde comités informales similares a veces se utilizan para moldear decisiones políticas fuera de la vista pública.
La decisión del tribunal envía un mensaje claro: incluso en negociaciones presupuestarias complejas, los gobiernos locales deben cumplir con las leyes de reuniones abiertas y garantizar que el público tenga un lugar en la mesa.
