por el equipo de MND
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que la acusación formal del Departamento de Justicia contra funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, “es solo el comienzo”.
En un comunicado publicado en X, el Comité señaló que “si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos responsable”, y añadió que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”.
El Comité hizo referencia a un artículo de The Wall Street Journal sobre las acusaciones emitidas el miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que describió la acción como algo que “provoca una disputa diplomática con el gobierno federal [de México] en medio de una creciente presión para combatir a los poderosos cárteles”.
Aunque la presidente Claudia Sheinbaum ha declarado que no protegerá a nadie que haya cometido un delito, insistió en que, hasta que los fiscales estadounidenses presenten “pruebas irrefutables”, la acusación debe considerarse políticamente motivada.
Las autoridades estadounidenses están solicitando la extradición de Rocha —miembro del partido gobernante Morena—, lo que genera un importante desafío diplomático.
La postura del Comité sugiere que considera el tema como una crisis internacional, con potencial de tensar las relaciones bilaterales si la extradición no se maneja con rapidez.
La relación entre México y Estados Unidos es históricamente compleja y actualmente atraviesa un periodo de tensión marcado por intereses de seguridad, presión política y cálculos electorales, así como negociaciones comerciales clave.
El experto en seguridad internacional Abraham Serrano declaró al diario El Universal que, desde la perspectiva de Washington, no basta con combatir a los cárteles; el objetivo es desmantelar el “escudo protector” político que permite su operación.
Por otro lado, señaló Serrano, México insiste en que cualquier acción debe basarse en pruebas sólidas y seguir los procedimientos legales internos, especialmente cuando se trata de funcionarios en activo.
El contenido de las acusaciones
Los fiscales estadounidenses acusan a Rocha y a otros nueve políticos y exfuncionarios de Sinaloa de vínculos con el crimen organizado, específicamente de participar en la distribución de narcóticos hacia Estados Unidos, proteger a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y cometer delitos relacionados con armas.
El documento alega que los acusados “abusaron de sus cargos” para apoyar al cártel en sus actividades a cambio de sobornos y, en el caso de Rocha, para garantizar su elección mediante intervención directa (y en ocasiones violenta) en el proceso electoral de 2021.
Rocha ha negado enérgicamente las acusaciones y ha insistido en que no solicitará licencia.
Aunque afirmó no haber tenido contacto directo con la presidente Sheinbaum desde que surgió la noticia, reconoció sus declaraciones públicas, señalando que entiende que busca “evitar estigmatizar a la nación mientras defiende la soberanía nacional en un entorno político y mediático complejo”.
La reacción de la oposición
La oposición, sin embargo, exige que Rocha sea removido del cargo y despojado de su fuero.
El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó el jueves una solicitud formal ante el Congreso para que se autorice un proceso de desafuero.
“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa formalmente acusados por autoridades estadounidenses es enfrentar este proceso sin fuero”, dijo Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC.
La acusación también menciona al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez. Ambos son miembros de Morena y están incluidos en la solicitud de desafuero de MC.
El Congreso de México se encuentra en receso y no reanudará sesiones hasta el 1 de septiembre. En su lugar, la Comisión Permanente deberá determinar la admisibilidad de la solicitud.
Morena cuenta con una cómoda mayoría en la Comisión Permanente y sus miembros han expresado apoyo a Rocha.
Sin embargo, a diferencia de 2024 —cuando, tras acusaciones del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, legisladores y gobernadores de Morena publicaron desplegados de página completa en periódicos para expresar su respaldo—, esta semana no se han observado acciones similares.
La advertencia firme del Comité de Asuntos Exteriores de EE.UU. sin duda generó preocupación entre otros políticos de Morena, al menos 50 de los cuales han visto revocadas sus visas estadounidenses.
También se espera que Rocha no asista a la convención nacional de Morena este fin de semana para evitar posibles costos políticos para el partido gobernante y el gobierno.
– Con reportes de La Jornada, El Universal y El Financiero.
