La Constitución debe proteger a todos los estadounidenses bajo el mismo estándar de justicia
por el equipo de El Reportero
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no escuchar el caso U.S. v. Donte J. Carter puede parecer, a primera vista, simplemente otra acción procesal. En realidad, la negativa a revisar el caso provocó un enérgico voto disidente de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas que plantea una importante pregunta constitucional: ¿Debe la ley aplicarse de manera diferente dependiendo de la raza de una persona?
Esa pregunta merece una consideración cuidadosa porque la respuesta afecta a todos los estadounidenses, independientemente de sus creencias políticas o su origen étnico.
El caso involucró un encuentro policial en Washington, D.C., durante el cual los agentes finalmente descubrieron una pistola robada después de detener a Donte J. Carter. La Corte de Apelaciones de D.C. dictaminó que Carter había sido detenido ilegalmente antes de que la policía tuviera una sospecha razonable para detenerlo. Al llegar a esa conclusión, el tribunal razonó que la raza de Carter era relevante porque los estadounidenses negros, basándose en experiencias históricas con las fuerzas del orden, pueden percibir razonablemente los encuentros con la policía de manera diferente que los miembros de otros grupos raciales.
La Corte Suprema se negó a revisar ese fallo. Sin embargo, los jueces Alito y Thomas estuvieron firmemente en desacuerdo con permitir que ese razonamiento permaneciera sin un examen más profundo.
Su preocupación va más allá de un acusado o de un solo caso penal. Se centra en un principio constitucional mucho más amplio.
El sistema jurídico de Estados Unidos se ha construido durante mucho tiempo sobre la creencia de que la justicia debe ser imparcial. Los tribunales exhiben símbolos que recuerdan a jueces, jurados y ciudadanos que la justicia es ciega. El ideal siempre ha sido que la ley evalúe los hechos y la conducta, no la raza, la etnia, la religión, la riqueza o la afiliación política.
Ese principio nunca se ha alcanzado de manera perfecta. La historia de nuestra nación contiene ejemplos innegables de discriminación, trato desigual y vergonzosos abusos de los derechos constitucionales. Esas injusticias no deben ser ignoradas ni olvidadas.
Pero reconocer la historia no requiere necesariamente crear diferentes estándares constitucionales para distintos grupos raciales.
Los defensores del razonamiento de la corte de D.C. sostienen que los tribunales no pueden ignorar la realidad de que muchos estadounidenses negros han experimentado relaciones difíciles con las fuerzas del orden. Creen que los jueces deben reconocer esas experiencias al determinar si una persona razonable se habría sentido libre de retirarse durante un encuentro con la policía.
Sin embargo, reconocer la historia es diferente de permitir que la raza, por sí misma, modifique las protecciones constitucionales.
La Constitución promete igual protección de las leyes a todos los ciudadanos. Esa promesa pierde gran parte de su significado si una conducta policial idéntica es juzgada bajo diferentes estándares legales dependiendo de la raza de la persona involucrada.
El peligro identificado por los jueces Alito y Thomas es que, una vez que los tribunales comiencen a crear normas constitucionales basadas en la raza, no habrá un punto de detención evidente.
Si una regla se aplica a los estadounidenses negros, ¿debería aplicarse otra a los estadounidenses hispanos?
¿Deberían existir estándares diferentes para los estadounidenses asiáticos, los indígenas estadounidenses, los estadounidenses de origen medio oriental, los isleños del Pacífico o las personas de ascendencia mixta?
¿Se esperaría que los agentes de policía determinaran la identidad racial de una persona antes de decidir si se aplican los estándares constitucionales ordinarios?
Un sistema así crearía incertidumbre no solo para los agentes del orden, sino también para jueces, fiscales, abogados defensores y los propios ciudadanos.
Quizá lo más importante es que corre el riesgo de alejar a la nación de tratar a las personas como individuos.
Cada persona es única. Dos personas de la misma raza pueden tener experiencias de vida y actitudes hacia las fuerzas del orden muy diferentes. Suponer que todos los miembros de un grupo racial piensan o reaccionan de la misma manera sustituye el juicio individual por amplias generalizaciones.
Irónicamente, el movimiento estadounidense por los derechos civiles luchó durante décadas para eliminar precisamente ese tipo de suposiciones.
El objetivo no era crear estándares legales separados para diferentes razas, sino garantizar un trato igualitario bajo una sola Constitución.
La frase «igual justicia bajo la ley», grabada en el frente del edificio de la Corte Suprema, refleja esa aspiración. No promete una justicia diferente dependiendo de la raza o la etnia. Promete que todos los ciudadanos comparecen en igualdad de condiciones ante la ley.
Esto no significa que los tribunales deban ignorar la discriminación real o tolerar conductas policiales inconstitucionales. Cuando los agentes violan derechos constitucionales, deben rendir cuentas sin importar la raza de la víctima. Del mismo modo, toda persona acusada de un delito merece la plena protección de la Constitución.
Esas protecciones pertenecen por igual a todos.
Un sistema jurídico que comienza a dividir las protecciones constitucionales según la raza, incluso con buenas intenciones, corre el riesgo de crear nuevas formas de trato desigual mientras intenta corregir las antiguas.
El objetivo nunca debe ser un trato preferencial para un grupo o una protección reducida para otro. El objetivo debe ser la igualdad de justicia para todos los estadounidenses.
Nuestro país es más fuerte cuando los derechos constitucionales son universales y no condicionales.
La ley no debe favorecer ni perjudicar a nadie por causa de su raza. Debe juzgar a los ciudadanos por sus acciones, proteger sus derechos constitucionales por igual y exigir a los funcionarios del gobierno los mismos estándares legales en todos los casos.
La diversidad de Estados Unidos es una de sus fortalezas. Nuestro sistema jurídico debe proteger a todos los ciudadanos por igual, no creando diferentes normas constitucionales para distintos grupos.
La igualdad de justicia bajo la ley sigue siendo uno de los más altos ideales de la nación. Es un ideal que vale la pena preservar, no solo para la generación actual, sino para todos los estadounidenses que dependerán de la Constitución en los años venideros.
– Fuentes: Documentos presentados ante la Corte Suprema en U.S. v. Donte J. Carter; voto disidente de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas; registros públicos del tribunal.
