NOTA DEL EDITOR:
El debate sobre la inmigración en Estados Unidos suele centrarse en las leyes, la seguridad fronteriza y las estadísticas. Sin embargo, detrás de cada operativo de las autoridades migratorias hay personas, familias y comunidades cuyas vidas pueden cambiar para siempre. Un video publicado en Facebook por el creador de contenido Robert Arnold ofrece una reflexión sobre ese costo humano, recordando los casos de dos trabajadores que murieron durante recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Más allá del debate político sobre la inmigración, el mensaje plantea una pregunta importante: ¿Puede aplicarse la ley con mayor planificación, capacitación y moderación para evitar que familias inocentes paguen el precio más alto? Esta versión ha sido adaptada y resumida para El Reportero a partir del comentario original de Arnold.
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Una reflexión sobre el costo humano de las operaciones migratorias y la necesidad de proteger la vida durante la aplicación de la ley
Su nombre era Lorenzo Salgado Araujo. Tenía cincuenta y dos años.
Era esposo. Era padre de tres hijos.
Había pasado más de tres décadas en Houston construyendo viviendas, formando una familia y persiguiendo la misma versión del sueño americano que generaciones antes que él cruzaron océanos para alcanzar.
Sus amigos lo recuerdan como un hombre que amaba la música ranchera, que trabajaba con sus manos y que construyó no solo casas, sino también una vida.
Y el siete de julio salió a trabajar y nunca regresó a casa.
Agentes federales buscaban a otra persona, alguien que conducía una camioneta similar, alguien que, según ellos, se parecía al hombre que intentaban encontrar.
En cambio, la familia de Lorenzo terminó enterrándolo. Seis días después, otra familia recibió la llamada telefónica que toda familia teme recibir.
Su nombre era Joan Sebastian Duran Guerrero.
Tenía veintiséis años. Era esposo.
Era padre de una niña de tres años.
Tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos y, como millones de padres, esa mañana se levantó con la única intención de ir a trabajar.
En cambio, durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine, recibió un disparo y murió.
Ahora su esposa tiene que explicarle a una niña pequeña por qué su padre ya no volverá a casa.
Y tú, yo y todos los que escuchamos esto somos simplemente hombres y mujeres de cierta edad.
Somos padres y madres, hijas o hijos, esposos o esposas, y cada mañana salimos a trabajar esperando regresar a casa.
Y esa es la promesa silenciosa con la que todos vivimos.
La diferencia aquí no es que Lorenzo o Joan fueran de alguna manera distintos de nosotros.
La diferencia es que esta tragedia todavía no ha tocado nuestra puerta.
Nuestros seres queridos aún no han recibido esa llamada, todavía no, porque cuando esa llamada llega, ya es demasiado tarde, y para las familias de estos hombres ya lo fue.
Y si seguimos aceptando y respaldando tácticas que hacen posibles resultados como estos, no deberíamos fingir que siempre le ocurrirán a otra persona.
Tarde o temprano llamarán a tu puerta o a la puerta de alguien que amas.
Antes de discutir sobre inmigración, antes de debatir sobre la política fronteriza, antes de dividirnos entre republicanos y demócratas, ¿podemos detenernos un momento y simplemente pronunciar sus nombres?
Lorenzo Salgado Araujo. Joan Sebastian Duran Guerrero.
En algún momento del camino hemos desarrollado un terrible hábito en este país: hablamos de operativos, de objetivos, de sospechosos.
Hablamos de consecuencias colaterales, pero rara vez hablamos de las sillas vacías en la mesa durante la cena, de una esposa acostada junto a la mitad de una cama fría y vacía, extendiendo la mano en la oscuridad para buscar una mano que jamás volverá a encontrar.
Hablamos de tres hijos que permanecen junto al ataúd de su padre, de una niña de tres años que crecerá con historias en lugar de recuerdos, de otra familia que ahora se pregunta cómo una persecución terminó convirtiéndose en un funeral.
Y ahí es donde debe comenzar esta conversación: no con la inmigración, sino con la humanidad.
Y hay preguntas que no puedo dejar de hacerme. ¿Por qué cualquier persona inocente debería temer por su vida a manos del Estado?
No me refiero al temor de ser arrestado después de cometer un delito ni al temor de ser procesado por violar la ley, sino al simple miedo porque agentes federales armados decidieron que hoy era el día en que querían hablar contigo.
Y una sociedad libre nunca debería pedirle a la gente común que acepte eso como el precio de vivir bajo el Estado de derecho.
Quienes defienden estos tiroteos preguntarán de inmediato si los agentes temían por sus vidas.
Y esa puede ser una pregunta importante, pero no debería ser la primera, y mucho menos la única.
El gobierno posee algo que ningún ciudadano tiene.
Elige el momento. Elige el lugar.
Elige las tácticas. Escribe los manuales de entrenamiento.
Establece la cultura institucional. Decide si el éxito se mide por un arresto o porque todos regresen vivos a casa.
Y si operativo tras operativo tras operativo termina con familias destrozadas preguntándose por qué su esposo, su padre o su hijo murió, entonces, tarde o temprano, debemos dejar de fingir que se trata únicamente de tragedias individuales.
Estas se han convertido en preguntas institucionales.
¿Por qué se está entrenando así a estos agentes?
¿Por qué tienen tanta confianza para tomar decisiones que terminan con una vida?
¿Por qué estos encuentros escalan tan rápidamente?
¿Por qué las detenciones de alto riesgo y las persecuciones vehiculares se están convirtiendo en una característica común de la aplicación de las leyes migratorias?
¿Cuánto énfasis se pone en reducir la tensión de una situación en lugar de dominarla?
¿Cuánto entrenamiento se dedica a preservar la vida cuando el miedo, de manera predecible, entra en escena?
Porque el miedo es la parte más predecible de esta ecuación.
Cualquiera que crea que podría ser detenido, deportado, separado de su familia o que simplemente no entienda lo que está ocurriendo entrará en pánico.
El gobierno sabe esto. El gobierno debería planificar para ello.
La responsabilidad de anticipar el comportamiento imperfecto del ser humano recae en el Estado porque el Estado posee un poder abrumador.
Ese es el contrato moral de una democracia. La placa no debería reducir el umbral para quitar una vida humana.
Debería elevarlo. Porque, una vez más, la placa es una responsabilidad, no un escudo.
Eso es lo que hace que estas muertes resulten tan inquietantes.
No simplemente porque hayan muerto hombres, sino porque nos obligan a preguntarnos si nuestras instituciones se están sintiendo demasiado cómodas con la idea de que, si un encuentro se vuelve caótico, una bala es una conclusión aceptable.
Toda democracia termina enfrentando una misma pregunta: ¿Cuál es el valor de una vida humana cuando se la compara con la conveniencia de una táctica de aplicación de la ley?
Yo conozco mi respuesta. Vale la pena ir más despacio.
Vale la pena una mejor capacitación. Vale la pena una mejor planificación.
Vale la pena actuar con mayor moderación porque, si no podemos esperar que el gobierno ejerza un cuidado extraordinario antes de quitar una vida, entonces, ¿quién de nosotros está realmente a salvo?
Hoy fue Lorenzo. Hoy fue Joan. Mañana el gobierno nos asegura que será otra persona, pero ese es precisamente el problema.
En un país libre, ninguna familia inocente debería preguntarse jamás si su ser querido será el próximo nombre que pronunciaremos antes de pasar a la siguiente noticia.
Desafiante hasta la muerte.
