por Khari Johnson, Wendy Fry y Yue Stella Yu,
CalMatters
Los legisladores de California aprobaron un plan que permitirá al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) compartir registros de licencias de conducir e identificaciones con una red nacional de verificación, a pesar de las continuas preocupaciones de los defensores de los inmigrantes de que la medida podría exponer a los residentes indocumentados a la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La Legislatura autorizó el programa de intercambio de datos como parte del presupuesto estatal aprobado el lunes, junto con una medida separada sobre transporte que establece mecanismos de supervisión y protecciones de privacidad. El gobernador Gavin Newsom firmó el presupuesto y se espera que apruebe la legislación complementaria.
Los legisladores habían retrasado la aprobación hasta que se negociaron salvaguardas adicionales a finales de la semana pasada.
El asunto afecta a más de un millón de inmigrantes que poseen licencias de conducir de California. El sistema del DMV almacena los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social de un conductor y utiliza el marcador «99999» para los solicitantes que no tienen uno. Los grupos defensores advierten que incluir esta información en una base de datos nacional podría hacer más vulnerables a los californianos indocumentados frente a la deportación.
A principios de este año, defensores de los inmigrantes describieron la propuesta como «una traición», mientras que la oficina del gobernador desestimó las preocupaciones y acusó a los críticos de generar un miedo innecesario.
El presupuesto asigna 55 millones de dólares para que el DMV conecte los registros de California al Servicio de Verificación Estado a Estado (State-to-State Verification Service) y a la base de datos SPEX, ambas administradas por la organización sin fines de lucro Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA).
Funcionarios estatales sostienen que el programa es necesario para cumplir con la Ley federal REAL ID. Advierten que, si California no participa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos podría dejar de aceptar las identificaciones emitidas por el estado para los controles de seguridad en aeropuertos y otros fines federales. Los funcionarios también afirman que el sistema solo permite búsquedas de un registro a la vez utilizando la información proporcionada por el solicitante, lo que hace imposibles las búsquedas masivas.
La legislación complementaria introduce varias protecciones de privacidad. Autoriza al fiscal general de California a demandar a la organización sin fines de lucro o a los estados participantes si violan el acuerdo de intercambio de datos; exige informes públicos anuales que detallen las solicitudes realizadas a la base de datos y cualquier patrón inusual de uso; y ordena al DMV desarrollar un plan de monitoreo, con un borrador previsto para febrero de 2027 y una versión final para julio de 2027. Además, exige que el auditor estatal revise el cumplimiento de estas medidas a partir de 2030.
«Las salvaguardas establecidas limitan la información compartida al mínimo necesario», dijo H.D. Palmer, portavoz del Departamento de Finanzas de Newsom.
Sin embargo, algunos defensores de la privacidad sostienen que las protecciones siguen siendo insuficientes.
Ed Hasbrouck, de Identity Project, afirmó que las salvaguardas no impedirían que las autoridades federales u otros estados obtengan órdenes judiciales que obliguen a revelar datos, incluso mediante solicitudes masivas, sin notificar a California.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes dieron la bienvenida a las protecciones adicionales, pero continuaron expresando su preocupación.
Ronald Coleman Baeza, en representación de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Coalition for Humane Immigrant Rights), agradeció a los legisladores por adoptar las salvaguardas, al tiempo que los instó a exigir una auditoría antes de 2030.
«Nos decepciona que los números de Seguro Social continúen compartiéndose», dijo. «Pero agradecemos que exista un plan de monitoreo, un proceso de participación de las partes interesadas, disposiciones de cumplimiento y una auditoría. Definitivamente habrá más trabajo por hacer para asegurarnos de proteger la información de los californianos.»
Representantes de ACLU Cal Action y del California Immigrant Policy Center también elogiaron a los legisladores por fortalecer las protecciones de privacidad, pero advirtieron que compartir información personal sensible con un sistema fuera del estado sigue representando riesgos importantes para los inmigrantes indocumentados.
La senadora estatal Laura Richardson, demócrata de Inglewood, quien cuestionó la propuesta a principios de este año, respaldó la legislación revisada durante la audiencia presupuestaria del Senado celebrada el lunes. Aunque apoyó las nuevas salvaguardas, instó al auditor estatal a revisar el sistema antes de 2030, al señalar la vulnerabilidad de California una vez que datos sensibles sean compartidos más allá del control del estado.
