Los registros muestran que Anamarie Ávila Farías intentó poner a su madre bajo una curatela (conservatorship). Retiró el caso una vez que obtuvo el control de las propiedades en disputa
por Byrhonda Lyons
AnaMaria Ávila Bugarin había acumulado decenas de miles de dólares en facturas por evaluaciones psicológicas, costos legales y honorarios de fiduciarios para demostrar lo que era obvio para la mayoría de las personas a su alrededor: no tenía demencia.
Pero una de sus hijas afirmó que ella no podía valerse por sí misma. Ávila Bugarin quería demostrar que no necesitaba un curador designado por el tribunal.
Así que, a sus 76 años, se presentó impecablemente vestida a su examen final con un neuropsicólogo en septiembre de 2018, según los registros judiciales. Con lágrimas y angustia, explicó cómo una pelea por bienes raíces había destruido a su familia y la había metido en una lucha por su derecho humano más básico, muestran los registros. Primero, afirmó, su hija la había golpeado mientras su disputa por la propiedad se intensificaba. Luego, su hija solicitó que la declararan incompetente.
Batallas familiares tan feas como esta pueden ser comunes en California. Lo que hace que la historia de Ávila Bugarin sea única es que la persona que intentó despojarla de su autonomía es ahora la asambleísta Anamarie Ávila Farías, quien forma parte del comité de atención a la tercera edad de su cámara: el órgano legislativo supuestamente encargado de proteger a las personas mayores.
CalMatters revisó el caso como parte de nuestra investigación en curso sobre el sistema de curatelas de California, diseñado para proteger a los vulnerables tomando el control de sus vidas y finanzas. Historias anteriores han demostrado que la débil supervisión de la Oficina de Fiduciarios Profesionales del estado y de los tribunales ha permitido que el sistema sea utilizado en contra de las personas a las que se supone debe proteger.
Los registros archivados en el Tribunal Superior del Condado de Contra Costa muestran que, antes de ascender a la Asamblea, Ávila Farías enfrentó una orden de alejamiento temporal por abuso de personas mayores tras supuestamente golpear a su madre, y puso fin a su intento de curatela solo después de que su madre accediera a cederle bienes raíces en un acuerdo de conciliación.
Los registros también revelan que Ávila Farías y su esposo se han declarado en bancarrota tres veces en nombre propio y de su empresa desde 2011, y que la asambleísta ofreció una explicación de la propiedad en cuestión muy distinta ante los tribunales en comparación con la que dio a la Comisión de Prácticas Políticas Justas (Fair Political Practices Commission).
Melissa Brown, profesora emérita de derecho de adultos mayores en la Facultad de Derecho McGeorge de la Universidad del Pacífico, afirmó que el intento de Ávila Farías de someter a su madre a una curatela parece «una militarización o uso faccioso del proceso».
Ávila Farías no quiso hacer comentarios sobre los detalles del caso, citando un acuerdo de confidencialidad que formaba parte de la resolución del caso. Sin embargo, dijo que planea presentar legislación sobre el tema debido a su experiencia en el caso, «esperamos que el próximo año». No dio detalles específicos sobre el enfoque de la legislación.
Su portavoz, Roger Salazar, indicó en una declaración escrita que «nunca ha habido una resolución judicial de que Anamarie Farías haya cometido irregularidad alguna».
«Los procesos de curatela en California suelen implicar dinámicas familiares complejas», señaló.
Asimismo, destacó que desde entonces ha sido nombrada curadora de otro miembro de la familia, lo que «refleja la determinación independiente del tribunal de que cumplió con los estándares legales requeridos para desempeñar una función fiduciaria».
Otros miembros de su familia también declinaron hacer comentarios para este reportaje, citando el acuerdo de confidencialidad, o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Nick Miller, portavoz del presidente de la Asamblea, Robert Rivas, declaró que el presidente no estaba al tanto de la orden de alejamiento temporal ni de la petición de curatela cuando nombró a Ávila Farías para el comité.
Ávila Farías creció en Martínez, donde formó parte del ayuntamiento y de la Junta de Educación del Condado de Contra Costa. Fue miembro de la junta directiva de la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de California de 2015 a 2024, durante los litigios judiciales. Hace dos años, los votantes la enviaron a la Asamblea estatal con el respaldo del gobernador Gavin Newsom.
En 2024, la Comisión de Prácticas Políticas Justas recibió denuncias de que Ávila Farías no había divulgado todos sus intereses económicos durante varios años. La comisión cerró una investigación en 2025 después de que ella modificara sus formularios, revelara los intereses económicos declarables y completara el curso educativo de la comisión.
Recientemente, presentó un proyecto de ley que prohibiría a ciertos empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. convertirse en policías y maestros en California. Una versión diluida del proyecto de ley fue aprobada por la Asamblea y ahora se encuentra en el Senado.
Ávila Farías forma parte del Comité de Envejecimiento y Cuidado a Largo Plazo de la Asamblea y busca un segundo mandato en la Legislatura.
Antes de su ascenso en la política estatal, Ávila Farías y su esposo incursionaron en los bienes raíces, dejando tras de sí un historial de bancarrotas y transferencias inmobiliarias cuestionables, según muestran los registros judiciales y de propiedad.
Su conflicto familiar giraba en torno a tres propiedades: la casa familiar que Ávila Farías compró junto con su madre y su hermana, la cual alquilaban a un inquilino; la residencia permanente de Ávila Farías; y otra propiedad de alquiler.
En agosto de 2008, Ávila Farías y su esposo regalaron las tres propiedades a la madre de la legisladora, Ávila Bugarin, según los registros de propiedad. En los escritos judiciales, Ávila Bugarin sostuvo que no tenía idea de que se le había otorgado la propiedad de dos de las casas. Ávila Farías le indicó a la corte que su madre estaba al tanto de las transferencias.
Aproximadamente tres meses después de las transferencias, la pareja firmó un acuerdo de préstamo comercial por 2.3 millones de dólares. Incumplieron el pago del préstamo unos 18 meses después, según los documentos judiciales, y la empresa inmobiliaria de la pareja se declaró en bancarrota en septiembre de 2011, cediendo eventualmente la propiedad de un inmueble no relacionado a la compañía de préstamos.
El caso de bancarrota fue desestimado en abril de 2012.
Años más tarde, Ávila Bugarin manifestó que descubrió que su hija «estaba atrasada con su hipoteca» de la casa familiar, según el informe del investigador judicial. Fue entonces, señaló Ávila Bugarin, cuando comenzó a investigar las propiedades y se enteró de que su hija había puesto las otras dos casas a su nombre.
Ávila Bugarin le indicó al investigador judicial que también se enteró de que su hija había solicitado préstamos utilizando la casa familiar como garantía. Ávila Bugarin, quien habla inglés de manera limitada, le expresó al investigador que firmó los documentos bancarios creyendo que estaba refinanciando la casa, no pidiendo un préstamo sobre ella.
Se negó a devolver las dos propiedades a nombre de Ávila Farías, argumentando que primero debía recuperar la casa familiar.
La policía terminó interviniendo.
En febrero de 2018, según los registros judiciales presentados por Ávila Bugarin, Ávila Farías irrumpió en su apartamento, le arrancó el teléfono de las manos a su madre y la golpeó en la muñeca.
La madre solicitó una orden de alejamiento temporal para protegerse a sí misma y a su hija Judith Ávila, quien vivía con ella, la cual fue concedida por un juez. Judith Ávila corroboró el relato de su madre en los escritos judiciales.
Ávila Farías negó las acusaciones y afirmó que fue su madre quien la abofeteó.
Salazar señaló la declaración de otra hermana, RoseMarie Griffin, quien estaba al otro lado de la llamada telefónica cuando ocurrió el altercado. Griffin declaró ante la corte que su hermana no tenía antecedentes de abuso verbal o físico. «Nunca he presenciado ni experimentado ningún comportamiento» que ameritara una orden de alejamiento, afirmó.
La orden de alejamiento temporal estuvo vigente durante aproximadamente un año, según los registros judiciales.
Tras el fracaso de la mediación sobre la orden de alejamiento, la madre presentó una demanda para desalojar a Ávila Farías de la vivienda que ahora estaba a su nombre. Ávila Farías presentó una solicitud en el tribunal testamentario (probate court) para poner a su madre y a su hermana bajo una curatela, argumentando ante el juez que su madre tenía «una incapacidad para llevar a cabo acciones en su propio y racional interés propio, y está sujeta a un pensamiento delirante y gravemente desorganizado».
Sostuvo que su hermano estaba ejerciendo una influencia indebida sobre su madre y que esta necesitaba un curador neutral ante los desacuerdos entre ella y sus hermanos.
Ávila Farías le dijo a la corte que su madre era olvidadiza y citó incidentes ocurridos años atrás en los que su madre había sido estafada por unos 500 dólares y había permitido que «algunos okupas (delincuentes sin hogar)» usaran su manguera de agua, como ejemplos de por qué su madre necesitaba que otra persona manejara sus asuntos.
El juez colocó inmediatamente a Ávila Bugarin y a Judith Ávila bajo una curatela temporal. Señaló que Ávila Bugarin parecía haber recibido una influencia indebida y ordenó que fuera evaluada. La curatela, aunque provisional, impidió que Ávila Bugarin tomara decisiones financieras o personales por sí misma.
En los procedimientos posteriores para determinar si la curatela debía volverse permanente, los otros hijos de Ávila Bugarin declararon ante el tribunal que no creían que su madre tuviera demencia. Dos médicos llegaron a la misma conclusión. Y tras el examen final, también lo hizo el neuropsicólogo.
«La Sra. Ávila no presenta ninguna forma de déficit cognitivo significativo que limite su capacidad para tomar decisiones médicas, legales, financieras o de planificación de vida por sí misma», declaró ante la corte el Dr. Eric Freitag.
Incluso el fiduciario profesional designado por el tribunal —a quien Ávila Farías misma había recomendado— le indicó al investigador judicial que «no había notado ninguno de los problemas (planteados por Ávila Farías) en la petición». El fiduciario aseguró que Ávila Bugarin tenía «la mente clara y era capaz de cuidar de sí misma», según los registros judiciales.
Un grupo de expertos llegó a conclusiones similares sobre Judith Ávila, determinando que tampoco necesitaba una curatela.
El abogado de Ávila Farías, Gary Winuk, indicó que era apropiado utilizar la curatela para averiguar la capacidad mental de Ávila Bugarin. «El propósito entero del proceso de curatela es someter a los exámenes adecuados para descubrir cuál es la capacidad de alguien», señaló.
Sin embargo, incluso después de que los expertos determinaran que su madre y su hermana tenían plena capacidad para tomar sus propias decisiones, la política del Condado de Contra Costa no retiró los casos de curatela.
Aproximadamente un año después de su petición, Ávila Farías obtuvo una victoria significativa: su madre aceptó transferir la propiedad de los dos inmuebles en disputa, valorados en unos 1.8 millones de dólares. Ambas acordaron también vender la casa familiar que poseían en conjunto.
Su madre también accedió a retirar la petición de orden de alejamiento. Ávila Farías, quien había estado argumentando que su madre no era competente para tomar sus propias decisiones financieras, manifestó que dejaría de intentar que el gobierno le quitara a su madre y a su hermana la capacidad de controlar sus propias vidas.
Cinco meses después del acuerdo, Ávila Farías no había puesto la casa a la venta. El juez designó a un síndico (receiver), por encima de la objeción de Ávila Farías, para vender la propiedad. Tres meses después, Ávila Farías se declaró en bancarrota. La casa finalmente se vendió en noviembre de 2020.
