por el equipo editorial de El Reportero
Durante casi medio siglo, la Proposición 13 de California ha protegido a los propietarios de viviendas para que no sean expulsados de los hogares que les tomó toda una vida comprar. Aprobada por los votantes en 1978, la medida limitó la tasa general del impuesto predial al 1 por ciento del valor tasado y, por lo general, restringió los aumentos anuales de ese valor al 2 por ciento hasta que la propiedad cambia de dueño. No fue un regalo. Fue un escudo contra el uso del aumento en los precios de los bienes raíces como pretexto para que el gobierno tomara una porción cada vez mayor de los ingresos de una familia.
Ese principio merece atención nacional.
En todo Estados Unidos, los propietarios de viviendas están descubriendo una verdad incómoda: terminar de pagar una hipoteca no significa necesariamente que la casa sea completamente suya. Los impuestos sobre la propiedad continúan para siempre. Si el propietario no puede pagarlos, el gobierno puede imponer un gravamen sobre la vivienda y, en última instancia, obligar a venderla. Para los jubilados que viven del Seguro Social, las familias trabajadoras afectadas por la inflación y los residentes de toda la vida cuyos vecindarios se han encarecido de repente, eso no representa una verdadera seguridad.
La Proposición 13 reconoció que una vivienda es mucho más que un activo financiero. Es refugio, historia familiar, estabilidad y, con frecuencia, la principal herencia que los padres dejan a sus hijos. La factura de impuestos de una persona no debería dispararse simplemente porque las casas vecinas se vendan a precios extraordinarios. La apreciación del valor sobre el papel no deposita dinero en la cuenta bancaria del propietario.
Estas protecciones también fortalecerían a las comunidades al permitir que las personas mayores permanezcan cerca de sus familiares, médicos, iglesias y vecinos de toda la vida, en lugar de verse obligadas a abandonar sus hogares únicamente porque el gobierno revaluó una casa que nunca tuvieron intención de vender ni abandonar.
Los críticos suelen presentar la Proposición 13 como una medida anticuada, injusta o perjudicial para los servicios públicos. Algunos han propuesto debilitarla mediante un “split roll”, que eliminaría las protecciones para las propiedades comerciales e industriales. Los votantes de California rechazaron esa propuesta, la Proposición 15, en 2020. Sin embargo, los intentos por desacreditar la Proposición 13 continúan, muchas veces comenzando con las empresas y terminando por poner en riesgo las protecciones de los propietarios de viviendas.
Por supuesto, las escuelas, los bomberos, la policía y los gobiernos locales necesitan fuentes confiables de financiamiento. Pero el gobierno no debería equilibrar sus presupuestos amenazando los hogares de las familias. Los funcionarios públicos deben establecer prioridades de gasto, eliminar el desperdicio y desarrollar sistemas de ingresos que no castiguen la propiedad privada. Una política nacional podría permitir flexibilidad a los estados y gobiernos locales, al mismo tiempo que establezca protecciones básicas: un límite razonable a la tasa del impuesto, restricciones estrictas al aumento anual de las valuaciones, mayores exenciones para personas mayores y propietarios con discapacidades, y salvaguardas contra la pérdida de la vivienda por falta de pago para quienes tienen ingresos limitados.
Los opositores argumentarán que los impuestos sobre la propiedad son responsabilidad de los estados y los gobiernos locales, no del gobierno federal. Constitucionalmente, eso es en gran medida correcto. Un presidente no puede simplemente eliminar los impuestos prediales de los condados en todo el país. Sin embargo, el Congreso sí puede fomentar estándares nacionales mediante incentivos, protecciones vinculadas a programas federales de vivienda y medidas de alivio para los propietarios más vulnerables. Más importante aún, el presidente puede utilizar la plataforma nacional para iniciar un debate serio sobre si los estadounidenses realmente son dueños de sus casas cuando el gobierno puede aumentar continuamente el costo de conservarlas.
Los rumores que circulan en internet sobre eliminar los impuestos a la vivienda principal demuestran que el público está listo para ese debate. Es posible que esos rumores exageren lo que se ha propuesto o confundan el impuesto predial con el impuesto sobre las ganancias de capital, pero revelan una frustración auténtica. La semilla de la idea ya está sembrada porque millones de personas creen que el sistema actual es injusto.
La Proposición 13 no es perfecta, y siempre habrá espacio para discutir ajustes razonables. Sin embargo, su promesa central debe permanecer intacta: ningún propietario debería perder su vivienda simplemente porque su valor de mercado aumentó más allá de su capacidad para pagar impuestos.
California inició una revolución de los contribuyentes en 1978. Ahora el país debería rescatar ese principio fundamental. Ser propietario de una vivienda debe significar permanencia, no un contrato de alquiler perpetuo con el gobierno. Una vez que los estadounidenses terminan de pagar sus casas, las políticas públicas deberían ayudarlos a permanecer en ellas con dignidad, certeza y tranquilidad.
