por Wendy Fry y Khari Johnson
Defensores de la privacidad están instando a California a reconsiderar sus planes de compartir millones de registros de conductores con una base de datos, después de que la administración Trump solicitara información de licencias de conducir comerciales para fines de aplicación de las leyes de inmigración.
Los legisladores de California debatieron si el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) podía compartir de manera segura información de licencias de conducir con la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA), una organización sin fines de lucro que funciona como centro de intercambio de información. Funcionarios estatales argumentaron que participar era necesario para cumplir con los requisitos federales de REAL ID y garantizar que las identificaciones de California fueran aceptadas en aeropuertos y edificios federales.
Los legisladores aprobaron fondos para que el DMV comience a compartir con AAMVA información de conductores no comerciales. Sin embargo, al momento de la votación desconocían que las agencias federales ya estaban solicitando información masiva de conductores a la organización.
Las agencias federales primero solicitaron y posteriormente citaron información correspondiente a unos 17 millones de titulares de licencias de conducir comerciales. Una citación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fechada el 11 de agosto, indicó que la información se solicitaba para la “aplicación civil de las leyes de inmigración”. La solicitud incluía nombres, fechas de nacimiento, estados de registro, números de licencia y números de Seguro Social de los conductores incluidos en la base de datos comercial de AAMVA durante los últimos cinco años.
La disputa ha intensificado las preocupaciones porque California planea comenzar a cargar información de todos los titulares de licencias no comerciales, incluidos más de un millón de inmigrantes que obtuvieron licencias bajo una ley estatal de 2013 que permite a residentes indocumentados obtener una licencia de conducir.
AAMVA inicialmente consideró cumplir con una solicitud federal anterior, presentada el 25 de junio. Funcionarios estatales se opusieron, argumentando que una divulgación masiva podría violar acuerdos entre AAMVA y los DMV estatales, así como leyes de privacidad. Funcionarios de California señalan que un acuerdo con AAMVA prohíbe compartir información de conductores comerciales del estado sin autorización por escrito.
El DMV de California no tuvo conocimiento de la solicitud federal hasta el 23 de julio, según una declaración jurada de Kristin Triepke, jefa de la división de Política de Licencias del DMV. Esto ocurrió 10 días después de que el gobernador Gavin Newsom firmara la legislación que permitió el plan para compartir los datos.
Triepke advirtió que el acceso federal a la información de los conductores podría desalentar a personas que no son ciudadanos estadounidenses de obtener licencias, provocando que más personas conduzcan sin licencia y creando riesgos para la seguridad pública.
Posteriormente, AAMVA propuso permitir que cada DMV estatal decidiera si sus datos de conductores comerciales podían entregarse en grandes cantidades. El gobierno federal respondió amenazando con cancelar subvenciones y contratos, y posteriormente DHS emitió su citación.
Los fiscales generales de 22 estados, incluido California, presentaron una demanda para bloquear la solicitud. El 21 de agosto, el juez federal de distrito Anthony Trenga impidió temporalmente que AAMVA cumpliera con la exigencia, calificándola de “ilegal”. Se programó una audiencia para el 10 de septiembre para decidir si se emitiría una orden judicial preliminar.
La administración Newsom sostiene que el sistema de licencias comerciales involucrado en la citación es distinto del sistema que California pretende utilizar para los registros no comerciales. La portavoz Diana Crofts-Pelayo dijo que ambos sistemas se rigen por diferentes normas y autoridades legales, y que California no ha proporcionado los datos masivos solicitados.
Los defensores de la privacidad siguen sin estar convencidos. Argumentan que la citación demuestra cómo la información almacenada en un centro nacional de intercambio de datos puede convertirse en objetivo de solicitudes federales. Les preocupa especialmente que los registros de conductores no comerciales sin números convencionales de Seguro Social puedan utilizarse para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Saira Hussain, de la Electronic Frontier Foundation, dijo que la respuesta de AAMVA a la solicitud federal fue insuficiente porque la organización tardó semanas en notificar a los estados y consideró cumplir con la solicitud. Pidió a California retrasar la transferencia de información de conductores no comerciales mientras continúa el proceso judicial.
El DMV afirma que toma seriamente su responsabilidad de proteger la información personal de los californianos y se opone a la divulgación masiva de información de conductores comerciales.
DHS, por su parte, sostiene que el acceso a los registros de licencias comerciales está relacionado con la seguridad vial y la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La batalla legal plantea ahora una cuestión más amplia para California: si las protecciones de privacidad prometidas por el estado pueden seguir siendo efectivas una vez que la información de los conductores se coloca en un sistema nacional sujeto a exigencias federales. Los críticos dicen que la citación confirma los riesgos sobre los que advirtieron a los legisladores antes de que la Legislatura aprobara el plan para compartir los datos.
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