La administración Trump señala posibles casos de voto ilegal, mientras funcionarios de California advierten que miles de votantes legítimos podrían resultar afectados
por el equipo de El Reportero
California está impugnando el intento de la administración Trump de separar hasta 20,000 boletas electorales correspondientes a votantes registrados que podrían no ser ciudadanos estadounidenses, lo que ha provocado una confrontación legal sobre la integridad electoral y el derecho al voto a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la demanda federal como una acción que “raya en lo absurdo”, argumentando que el gobierno no ha presentado pruebas suficientes para justificar sus exigencias.
“En el mejor de los casos, este litigio es una maniobra política irresponsable”, escribió Bonta en un documento judicial. “En el peor, amenaza con privar del derecho al voto a miles de californianos en estas elecciones”.
Sin embargo, los fiscales federales sostienen que su investigación ha descubierto preocupaciones legítimas sobre la participación de personas sin ciudadanía estadounidense en las elecciones.
El Departamento de Justicia anunció recientemente cargos penales contra 28 residentes permanentes de California, titulares de tarjetas de residencia, acusados de registrarse ilegalmente para votar o emitir votos. Según los fiscales, 22 participaron en al menos una elección, mientras que otros presuntamente se registraron o presentaron una boleta provisional.
El fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Trent McCotter, explicó que los investigadores identificaron aproximadamente a 20,000 posibles no ciudadanos mediante comparaciones entre los registros electorales de California y diversas bases de datos gubernamentales.
“Puede haber algunos nombres en esa lista que finalmente resulten ser ciudadanos”, reconoció McCotter. “No somos perfectos, y por eso hemos pedido a California que coopere con nosotros”.
Las autoridades federales argumentan que los votos potencialmente ilegales podrían comprometer la integridad electoral y que el estado debe colaborar para determinar quiénes cumplen los requisitos para votar.
Los funcionarios de California cuestionan la confiabilidad de la lista federal y señalan que algunas personas identificadas como posibles no ciudadanos podrían ser estadounidenses.
Bonta también puso en duda afirmaciones federales anteriores según las cuales California podría tener hasta 190,000 no ciudadanos registrados para votar, indicando que las autoridades no proporcionaron documentación suficiente para respaldar esa cifra.
Funcionarios electorales del condado de Los Ángeles informaron que una revisión preliminar de 200 nombres de la lista federal sugería que muchos eran ciudadanos y que la mayoría no había votado ni recibido boletas.
La controversia también plantea interrogantes sobre cómo personas sin ciudadanía llegan a inscribirse en los registros electorales.
Algunos acusados dijeron a periodistas que desconocían la prohibición de votar o que no recordaban haberse registrado.
Kamlesh Shah, un inmigrante de India de 68 años, reconoció haber votado en las elecciones presidenciales de 2024, pero afirmó que creía tener derecho a hacerlo porque había solicitado la ciudadanía.
Expertos legales subrayan que la responsabilidad penal depende del delito específico y de si los fiscales pueden demostrar la intención exigida por la ley.
Bonta destacó que los 28 acusados representan una proporción extremadamente pequeña de los aproximadamente 23 millones de votantes registrados en California. Sin embargo, el número de cargos penales por sí solo no permite determinar la magnitud total de posibles irregularidades electorales.
La controversia se centra ahora en determinar si las autoridades federales cuentan con pruebas suficientes y facultades legales para exigir que California separe miles de boletas mientras continúa la votación.
El gobernador Gavin Newsom afirmó que las denuncias creíbles de fraude electoral deben investigarse, pero criticó el momento elegido para la intervención federal.
Los fiscales federales insisten en que proteger los votos legítimos requiere identificar y corregir cualquier participación electoral ilegal.
El tribunal deberá evaluar ambas preocupaciones: impedir el voto ilegal y garantizar que los ciudadanos habilitados no sean privados de sus derechos constitucionales.
– Fuentes: CalMatters; procedimientos judiciales federales. Este artículo fue resumido y reescrito de manera independiente para ajustarse al espacio de la edición impresa de El Reportero, con base en el reportaje original de Ryan Sabalow.
