Algunos estudiantes tienen varios trabajos y renuncian a actividades extracurriculares para complementar su ayuda financiera. Muchos dicen que vale la pena

por Katelyn Do, Emewodesh Eshete y Mikhail Zinshteyn

Clases más pequeñas, lomas cubiertas de hierba, campus idílico: para los estudiantes universitarios de bajos ingresos que buscan esa experiencia histórica en las universidades privadas sin fines de lucro de California, el gasto es alto: a veces $30,000 o más solo en el primer año después de que se consideran todas las subvenciones y becas.

Si bien la mayoría de los estudiantes universitarios de California asisten a una universidad pública, aproximadamente 160,000 estudiantes universitarios cursan estudios en universidades privadas sin fines de lucro como Chapman University, Loyola Marymount University, Stanford y University of Southern California. Y los estudiantes de primer año de bajos ingresos pagaron en promedio alrededor de $21,000 para asistir a campus privados por solo un año en 2021-22, según un análisis de CalMatters de los datos de costos universitarios federales utilizando el año más reciente de información disponible. Solía ​​ser incluso más alto, ajustado a la inflación en dólares de 2023-24: el precio que pagan los estudiantes ha disminuido en unos pocos miles de dólares desde que comenzó el registro de datos en 2008-09, muestra el análisis de CalMatters. Para su análisis, CalMatters definió los ingresos bajos como un ingreso familiar por debajo de los $48,000.

Hay excepciones: Stanford, por ejemplo, termina siendo prácticamente gratis para los estudiantes de primer año de bajos ingresos, aquellos con ingresos familiares por debajo de los $100,000. La Universidad del Sur de California también es relativamente asequible, ya que exige que los estudiantes de bajos ingresos paguen un promedio de aproximadamente $15,000 después de tener en cuenta toda la ayuda financiera.

Pero otros campus publican precios netos mucho más elevados, un término que se refiere al costo total de asistencia, como matrícula, alojamiento, transporte y comida, menos todas las subvenciones y becas estatales, federales, institucionales y externas que reciben los estudiantes. Por ejemplo, el precio neto de la Universidad Pepperdine para estudiantes de bajos ingresos fue de más de $36,000 para el año escolar 2022-23.

“Todos los años, hablamos con estudiantes y familias que realmente desean elegir Pepperdine, pero descubren que no es económicamente viable para su familia”, escribió Kristin Paredes Collins, quien dirige la inscripción y la ayuda financiera en Pepperdine. “Aunque realmente creemos que Pepperdine es una inversión valiosa, reconocemos que podría no ser económicamente viable para todos los estudiantes admitidos”.

Agregó: “Les recordamos que probablemente tendrán éxito en cualquier escuela que elijan”. Pepperdine gastó $106 millones en ayuda financiera en 2023-24.

Las calculadoras de precios netos que las universidades alojan en sus sitios web pueden ofrecer estimaciones más precisas de lo que pagarán los estudiantes que pueden mostrar costos más bajos, incluida la ayuda escolar adicional para puntajes altos en exámenes y calificaciones de la escuela secundaria, pero los precios siguen siendo relativamente altos.

Los periodistas de CalMatters entrevistaron a 16 estudiantes con becas Pell, la beca de ayuda financiera federal para estudiantes de ingresos bajos y medios, en ocho universidades privadas sin fines de lucro de California para conocer sus dificultades y las razones para asistir a estas instituciones más caras.

Estos estudiantes trabajaban de 15 a 20 horas a la semana o más, se perdían los eventos culturales del campus y buscaban regularmente ayuda financiera adicional mediante peticiones a sus universidades y solicitudes de apoyo externo. Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, el esfuerzo valió la pena. Los estudiantes estaban motivados por el prestigio de sus instituciones, el tamaño más pequeño de las clases y la programación académica específica que otras universidades no ofrecen. La mayoría de los estudiantes con los que habló CalMatters evitaron solicitar préstamos. Y muchos vivían en casa para evitar costosas tarifas de alojamiento y comida.

Los estudiantes de bajos ingresos parecen saber qué es más asequible, a juzgar por el lugar donde se inscriben. Solo alrededor del 27 por ciento de los estudiantes de universidades privadas sin fines de lucro del estado recibieron la beca federal Pell en 2022-23, según muestran los cálculos de CalMatters de los datos federales. En la Universidad de California, un tercio recibió la beca ese año; casi la mitad la obtuvo en la Universidad Estatal de California. Ambos sistemas públicos, en promedio, cuestan menos.

El precio neto para los estudiantes de bajos ingresos en Cal State fue de alrededor de $6,000 al año y menos de $10,000 en la UC, en promedio, según un análisis de CalMatters de los datos del año académico 2021-22. Una de las razones por las que siguen siendo más asequibles que las universidades privadas es porque reciben alrededor de $10 mil millones anuales en apoyo de los contribuyentes estatales para financiar sus misiones educativas. Las universidades privadas, más allá de la ayuda financiera estatal para sus estudiantes, no reciben tales subsidios estatales.

“No puedo imaginar cómo una familia de bajos ingresos puede desembolsar más de 80.000 dólares para que un estudiante obtenga una licenciatura” en una universidad privada sin fines de lucro, dijo Michael Itzkowitz, un investigador sobre el valor de la universidad. Esas universidades privadas, agregó, “siguen siendo mucho menos asequibles para todos los estudiantes en comparación con muchas de las instituciones públicas”.

Los datos federales tienen limitaciones: solo tienen estimaciones para estudiantes de primer año a tiempo completo que solicitaron préstamos federales o recibieron subvenciones federales. Eso excluye a muchas familias adineradas. El gobierno federal publica datos de precios netos de 2022-23 para escuelas individuales, pero sus datos para todos los campus por ahora se detienen en 2021-22; el análisis de toda la escuela de CalMatters se basó en los datos de 2021-22.

Por qué los estudiantes eligen universidades privadas

La estudiante de segundo año Monserrat Herrera paga $2,000 por semestre para asistir a la Universidad Dominicana en el Área de la Bahía, una fracción de lo que debería si viviera en el campus. En cambio, viaja aproximadamente 11 millas hasta el campus desde su casa en Novato. Aunque ingresó en varias UC y Cal States, Dominican es la más cercana y ofrece un programa de licenciatura en enfermería que admite a los estudiantes de primer año de inmediato; otras escuelas requieren que los estudiantes soliciten el programa de enfermería solo después de su segundo año.

“Realmente me gusta que sea un programa de ingreso directo, así no tengo que volver a presentar solicitudes para ingresar a la escuela de enfermería”, dijo.

Pero no todos los estudiantes han encontrado que el esfuerzo para pagar su educación sea manejable. Erykah Glass trabajó en un turno de noche desde la medianoche hasta las 6 a.m. para pagar sus costos de alojamiento en el campus durante su segundo año en la Universidad de San Francisco. “Afectó mi salud mental, lo que luego afectó mi trabajo escolar”, dijo.

Su costo más alto, la matrícula, fue cubierto a través del programa Black Scholars de la escuela. Aún así, ahora en su tercer año, pagará alrededor de $7,000 por semestre por alojamiento, dijo.

Glass ha encontrado tiempo entre el trabajo y la escuela para unirse al equipo de fútbol femenino del campus, aunque las exigencias de su horario significan que solo puede practicar los lunes. No ha estado disponible para jugar durante los partidos.

“Me lancé de lleno a este semestre sabiendo que no tendría ningún descanso”, dijo Glass.

Vivir en casa ahorra dinero

Después de la matrícula, la vivienda en el campus suele ser el gasto más importante para los estudiantes que asisten a universidades privadas. En California, el costo promedio de alojamiento y comida en una universidad privada durante cuatro años es de $66,000 según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas federal.

Aun así, los datos federales sobre el precio neto de asistir a la universidad eliminan muchos matices de lo que se espera que paguen los estudiantes. En la Universidad de La Verne, el 57 por ciento de los estudiantes de primer año a tiempo completo que asistían a la escuela vivían en casa en 2021-22, dijo Laura Evans, directora de ayuda financiera de la escuela. Entre los estudiantes de bajos ingresos que reciben becas Pell, el 59 por ciento vivía en casa.

Eso probablemente significa que esos estudiantes no pagan alquiler, pero los cálculos de costos del gobierno federal aún asumen que el estudiante tiene un gasto de vivienda. Por esa razón, a Evans le gusta establecer una distinción entre los costos realizados y los costos en papel que en realidad no se materializan para los estudiantes. Para los estudiantes que viven en casa, los costos reales son principalmente la matrícula y las tasas, que son de unos 48,000 dólares al año en La Verne.

Para los estudiantes que viajan diariamente y tienen bajos ingresos, la ayuda financiera que recibieron en general en 2021-22 cubrió gran parte de sus costos reales: todos menos 9.780 dólares. Ese es un precio neto relativamente manejable para los estudiantes de primer año.

Evans dijo que para cubrir ese precio neto más bajo, unos 5,500 dólares pueden provenir de préstamos federales para estudiantes, lo que deja unos 4,200 dólares en costos netos restantes. El dinero del trabajo a tiempo parcial podría compensar la diferencia. Con un salario mínimo de 16,50 dólares la hora, un estudiante tendría que trabajar unas 5 horas a la semana durante todo el año para cubrir esa factura restante.

Todo eso es más bajo que el precio neto oficial de la escuela que publica el gobierno federal: alrededor de 26.000 dólares en 2021-22.

“Esa es una de las razones por las que eligen La Verne. “Es porque pueden darse el lujo de viajar diariamente”, dijo Evans, quien agregó que, a diferencia de muchas otras universidades, La Verne no exige que sus estudiantes de primer año vivan en el campus. En 2023, la escuela de 5.600 estudiantes gastó alrededor de 62 millones de dólares en ayuda financiera para estudiantes, más de un tercio de sus ingresos totales por matrícula y tarifas. Parte de los rendimientos de las inversiones de la escuela de su dotación también ayudan a financiar becas para estudiantes.

Vivir en casa es a menudo el ingrediente secreto para que una educación universitaria privada sea rentable para estudiantes de bajos ingresos. Es lo que hizo la diferencia para que la estudiante de segundo año Leandra Cardenas pudiera permitirse asistir a la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Al vivir con su padre, asiste a la universidad prácticamente gratis porque las subvenciones estatales, federales y del campus cubren la matrícula. Cardenas se despierta temprano para pasar hasta dos horas en el autobús para ir a su clase de las 8 a.m. desde Hollywood. Algunos días conduce, compartiendo un auto con su padre, pero dice que el costo de la gasolina es caro. Vivir en el campus en una habitación doble en Loyola Marymount cuesta alrededor de $14,000 por año, según muestra el sitio web de la escuela. «No iba a poner esa carga financiera» sobre sus padres, dijo.

Trabajar también hace la diferencia

No se trata solo de largos viajes; los estudiantes de bajos ingresos también deben trabajar, dedicando más horas del día a trabajos en lugar de disfrutar de los beneficios de la vida en el campus. En su primer año en la USC, Mika Panahon, estudiante de último año, solo pasó dos días en el campus para poder trabajar en supermercados y restaurantes de comida rápida. Necesitaba cubrir el costo de la comida y el transporte a pesar de que tenía casi toda su matrícula cubierta con ayuda financiera. «Aquí junté todo mi horario en una jornada de 10 horas para poder tener más tiempo para estar en mi trabajo», dijo Panahon.

Su costo total de asistencia en los últimos dos años académicos fue de $87,000 en otoño de 2023 y $95,000 este año. Entre la ayuda de la universidad, el gobierno estatal y federal, el costo del que era responsable era de aproximadamente $15,500 cada año, según los estados de cuenta de ayuda financiera de la USC que compartió con CalMatters. La escuela esperaba que ella solicitara préstamos y trabajara a tiempo parcial a través del programa federal de trabajo y estudio, lo que la dejaba con un pago de $4,000 cada año. Para compensar la diferencia, tenía que trabajar. El esfuerzo vale la pena

¿Valen la pena los largos desplazamientos, los exigentes horarios de trabajo y el tiempo extra en la oficina de ayuda financiera por el precio de una educación universitaria privada? La mayoría de los estudiantes con los que habló CalMatters dijeron que sí.

Los estudiantes dijeron que los tamaños de clase más reducidos que ofrecen las escuelas privadas en comparación con las escuelas públicas les han permitido fomentar mejores relaciones con sus profesores. Cardenas dice que Loyola Marymount le dio acceso a hacer conexiones «más personalizadas e individuales» a través de sus clases más pequeñas, lo que originalmente la atrajo a la escuela.

Para Kelvin Nguyen, un reciente graduado de la USC que proviene de un hogar de bajos ingresos encabezado por padres que fueron refugiados de Vietnam, asistir a la USC fue una opción obvia. «Te postulas a las escuelas que crees que los harían sentir orgullosos», dijo Nguyen. La USC le dio el «plan de acción» para navegar por los mundos de consultoría y profesionales de primer nivel de los negocios en los que quiere entrar.

A pesar de las dificultades que supone trabajar en tres empleos simultáneamente y pedir préstamos de 15.000 dólares para poder vivir en el campus y sus alrededores, Nguyen cree que la USC le ha proporcionado el terreno para triunfar hoy. Ahora está estudiando una maestría en salud pública en la UCLA. Sabiendo que fue el primero de su familia en asistir a una prestigiosa universidad privada, Nguyen dijo que “puso todos los recursos financieros, físicos o mentales para lograrlo”.

– La periodista de datos Erica Yee contribuyó a este informe.

Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Trump amenazó con retener fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario. California es una de ellas

por Ana B. Ibarra

CalMatters

De regreso en la Oficina Oval, el presidente Donald Trump está tratando una vez más de romper una política que los demócratas de California adoptaron durante su primer mandato para proteger a ciertos inmigrantes indocumentados de ser deportados.

Una de sus primeras órdenes ejecutivas apunta a la llamada ley de santuario del estado, que generalmente limita la forma en que la policía local interactúa con los oficiales federales de inmigración. La orden de Trump, titulada «Protección del pueblo estadounidense contra la invasión», negaría fondos federales a las jurisdicciones santuario en todo el país.

Aún no está claro qué tipo de fondos federales retendría la administración Trump. Pero, para un estado de 39 millones de personas que depende en gran medida de los fondos federales para sus programas públicos y actualmente para su recuperación de los incendios forestales, retener dinero podría ser un golpe devastador.

Vale la pena señalar que Trump intentó algo similar durante su primer mandato. California presentó una demanda y los tribunales se pusieron del lado del estado.

Antes de que Trump asumiera el cargo, una organización sin fines de lucro dirigida por su asesor de políticas Stephen Miller envió cartas a cientos de funcionarios electos locales en todo el país advirtiéndoles que enfrentaban «consecuencias legales» si sus políticas de santuario interferían con la aplicación de las leyes de inmigración.

Entonces, ¿qué hace exactamente la ley de santuario del estado y qué significa para los planes de deportación masiva de Trump?

A continuación, se presentan cinco cosas que debe saber sobre la Ley de Valores de California.

Se trata de lo que pueden hacer los policías de California

En octubre de 2017, el gobernador Jerry Brown firmó la Ley Senatorial 54, la Ley de Valores de California, comúnmente conocida como la ley de santuario del estado. Esa ley prohíbe a la policía estatal y local investigar, interrogar o arrestar a personas con fines de aplicación de las leyes de inmigración, y limita, pero no prohíbe por completo, la cooperación policial con los funcionarios federales de inmigración.

Kevin De Leon, el ex líder del Senado estatal que redactó la ley, le dijo a NPR en 2017 que el objetivo de la ley era dejar en claro que los federales no pueden reclutar a la policía local “como un engranaje en la máquina de deportación de Trump”.

El movimiento “santuario” se remonta a la década de 1980, cuando los refugiados centroamericanos huyeron de la guerra civil y emigraron a los EE.UU. Cuando se les negó el asilo, buscaron protección contra la deportación en iglesias y otros lugares de culto.

Hoy, la ley santuario en realidad no se refiere a un lugar o territorio donde los inmigrantes pueden buscar protección. Vivir solo en California no protege a alguien de la deportación.

En cambio, la ley aclara lo que las fuerzas del orden estatales y locales en California pueden y no pueden hacer con respecto a la inmigración. Por ejemplo, la ley dice que la policía local no puede detener o mantener a alguien bajo custodia más de 48 horas después de su fecha de liberación solo para que los funcionarios de inmigración lo recojan.

La ley no restringe lo que el gobierno federal puede hacer en el estado. Para ser claros, eso significa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos todavía puede arrestar y deportar a personas indocumentadas que viven en California y otras jurisdicciones santuario.

“El gobierno federal tiene un carril en el que tiene derecho a moverse, puede hacer cumplir la ley de inmigración”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, la semana pasada durante una conferencia de prensa en San Diego. Pero “no pueden reclutar ni obligar a la ciudad, el condado o las entidades policiales estatales a hacer su trabajo por ellos”.

¿Quién no está protegido por la ley santuario?

El presidente Trump y sus aliados han argumentado repetidamente que las leyes santuario protegen a criminales peligrosos. En ocasiones han señalado delitos específicos cometidos por inmigrantes indocumentados para argumentar que la ley santuario pone en riesgo al público en general. En 2019, por ejemplo, Trump señaló el asesinato de un oficial de policía en el condado de Stanislaus para criticar la ley santuario y exigir más fondos para la protección fronteriza.

Pero esa no es toda la historia. La ley dice que la policía puede informar a las autoridades de inmigración sobre la próxima liberación de un recluso si esa persona ha sido condenada por un delito grave o grave, como: asesinato, violación, secuestro, robo e incendio provocado, entre muchos otros.

Y como han señalado algunos alguaciles, no hay nada que impida a los funcionarios de inmigración utilizar los sitios web de las cárceles y las bases de datos de huellas dactilares para identificar a las personas de interés.

Depende del ICE recoger a las personas cuando son liberadas. Entre 2018 y 2023, las cárceles de California transfirieron a más de 4.000 personas a las autoridades de inmigración. Al mismo tiempo, el ICE no siempre se presenta cuando alguien es liberado de la cárcel o prisión. Por ejemplo, el ICE recogió alrededor del 80 por ciento de los inmigrantes indocumentados liberados de las cárceles estatales entre 2017 y 2020, según un análisis legislativo del Senado de 2022.

“Es absurdo hablar de la SB 54 como una medida que impide que los no ciudadanos con graves condenas penales sean entregados al Departamento de Seguridad Nacional, porque no lo hace”, dijo Niels Frenzen, profesor de la Facultad de Derecho Gould de la USC y codirector de la clínica de inmigración de la facultad. “Pero esos hechos simplemente no forman parte del debate político”.

Los inmigrantes que están protegidos por la ley de estado santuario suelen ser los que son arrestados por delitos menos graves, como infracciones de tránsito y conducir sin licencia o seguro, dijo Frenzen.

Los tribunales confirmaron la ley de estado santuario de California

Después de que California promulgara su Ley de Valores, el Departamento de Justicia de Trump llevó al estado a los tribunales, argumentando que la ley estatal “interfiere con la capacidad de las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo sus responsabilidades bajo la ley federal”.

Sin embargo, algunos abogados de inmigración han señalado que la ley estatal parecía tener poco impacto en la capacidad del ICE para hacer su trabajo. Por ejemplo, el Departamento de Justicia, en su demanda de 2018, afirmó que en 2017 el ICE detuvo a 20.201 personas que se encontraban en California de manera ilegal, lo que representó aproximadamente el 14 por ciento de todos los arrestos del ICE realizados ese año.

El ICE estaba en camino de superar esa cifra el año siguiente. En los primeros dos meses de 2018, después de que entró en vigor la ley santuario, arrestó a 8.588 personas en California, o aproximadamente el 14 por ciento de todos los arrestos a nivel nacional, según una presentación en la demanda del Departamento de Justicia de Trump.

En 2019, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU. dictaminó que la Ley de Valores de California no impedía la aplicación de la ley federal de inmigración. Cuando la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que revisara el caso, se negó a hacerlo, dejando la ley como está.

En una lucha separada, California demandó a la administración Trump por su política de retener subvenciones federales para la aplicación de la ley a jurisdicciones con políticas de santuario. Un juez federal se puso del lado de California. Los estudios no muestran ningún efecto sobre el crimen

Los críticos de la ley han afirmado durante mucho tiempo que la ley del estado santuario perjudica la seguridad pública. La Institución Hoover, un grupo de expertos conservador de Stanford, por ejemplo, ha vinculado la ley con la epidemia de fentanilo, señalando que un aumento en las muertes relacionadas con el fentanilo comenzó a ocurrir alrededor de 2018, poco después de que la política de santuario entrara en vigor. Ya sea causalidad o coincidencia, no hay mucha investigación oficial que lo demuestre.

Para probar tal afirmación, uno tendría que aislar el impacto específico de la ley del estado santuario sobre el crimen, dicen los investigadores.

Un análisis de 2020 de la ley de California realizado por investigadores de la Universidad de California, Irvine examinó las tasas de delitos violentos y contra la propiedad del estado en 2018 y las comparó con las tasas de delincuencia estimadas si el gobernador Brown no hubiera firmado la política de santuario. El estudio encontró que la ley no tuvo un impacto significativo ni en los delitos violentos ni en los delitos contra la propiedad. Charis Kubrin, autora del estudio, dijo que la conclusión de su investigación fue que cambiar el estatus de santuario del estado no es probable que resulte en reducciones importantes en el crimen. “Deshacerse de la SB 54, por ejemplo, no hará que el crimen baje porque no causó que el crimen aumentara en primer lugar”, dijo Kubrin.

Un estudio separado realizado por investigadores de Stanford y Princeton analizó las políticas de santuario en todo el país y descubrió que estas medidas reducen el número total de deportaciones en un tercio, pero no redujeron el número de deportaciones de personas con condenas penales violentas.

Ese estudio también encontró que estas políticas no tienen un gran efecto directo sobre el crimen.

Se esperan conflictos en «áreas sensibles»

Durante la administración Biden, el gobierno federal tenía en vigor una orden de «áreas sensibles», que disuadía a los agentes de inmigración de realizar arrestos en lugares como escuelas, hospitales, iglesias y juzgados. La semana pasada, la administración Trump anuló esa orden.

“Cuando el ICE emprende acciones de control de inmigración civil en los juzgados o cerca de ellos, puede reducir los riesgos de seguridad para el público”, se lee en un memorando del 21 de enero al personal del director interino del ICE, Caleb Vitello.

La ley de los estados santuario pide a los funcionarios de los mismos lugares que adopten políticas para limitar la participación pública en la aplicación de las leyes de inmigración, como solicitar una orden judicial a los agentes del ICE antes de intentar arrestar a alguien. Eso podría crear un conflicto para los funcionarios locales si la ofensiva contra la inmigración en la nueva administración llega a su lugar, dijo Alvaro Huerta, director de litigios y defensa en Immigrant Defenders Law Center.

Dada la reciente revocación de la norma por parte de Trump, dijo Huerta, “el gobierno federal puede intentar aplicar algunas leyes (de inmigración) en esos espacios, pero el gobierno estatal está pidiendo a esos espacios que exijan órdenes judiciales”.