por Gaetano Masciullo
Un hombre italiano discapacitado por la vacuna COVID-19 ha obtenido el reconocimiento del vínculo causal entre la vacunación y su grave estado de salud. Ahora, por primera vez, el gobierno italiano ha sido llamado directamente a responder ante los tribunales.
Además de ser una tragedia humana, este caso judicial sin precedentes representa un posible punto de inflexión en la jurisprudencia sobre daños causados por vacunas, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá del caso en sí. Como destacó La Nuova Bussola Quotidiana, este caso provoca una reflexión sobre las consecuencias de una posible sentencia histórica.
Un hombre residente en la provincia de Reggio Emilia desarrolló neumonía intersticial inmediatamente después de recibir la vacuna COVID-19. Posteriormente se le diagnosticó un trastorno caracterizado por el crecimiento anormal de células pertenecientes a los sistemas linfático y hematopoyético, lo que provoca un grave deterioro del equilibrio sanguíneo y linfático. Esta condición lo obliga a tomar constantemente inmunosupresores y agentes biológicos para controlar su estado de salud, y a someterse a frecuentes controles médicos para monitorear la progresión de la enfermedad.
En los últimos días, tras un empeoramiento de su estado, el hombre ha caído en un coma inducido y se encuentra en cuidados intensivos. La situación es especialmente delicada y los médicos han expresado serias preocupaciones sobre sus posibilidades de recuperación. Incluso en el mejor de los casos, según los médicos, el hombre tendrá que vivir con una discapacidad permanente, dependiendo de la oxigenoterapia las 24 horas del día y afrontando una calidad de vida significativamente comprometida.
La Comisión Médica de La Spezia, autoridad competente para la provincia de Reggio Emilia, realizó un análisis del caso y determinó que su discapacidad permanente puede atribuirse a la vacuna contra la COVID-19. Este veredicto, que pasó casi desapercibido en los medios de comunicación italianos, no ha reavivado el debate público sobre los posibles efectos adversos de las vacunas tanto como debería, aunque varias asociaciones ahora exigen una mayor transparencia sobre los datos relacionados con los eventos adversos, como Comilva (Coordinación del Movimiento Italiano para la Libertad de Elección de Vacunas).
Tras el reconocimiento por parte de la comisión de La Spezia, el hombre solicitó y obtuvo una indemnización en virtud de la ley 210/92, que protege a las personas afectadas por vacunas obligatorias o recomendadas, transfusiones y administración de productos sanguíneos. Esta ley prevé una compensación económica para quienes tengan un vínculo causal reconocido entre su enfermedad y el tratamiento médico recibido. El reconocimiento de este vínculo ha allanado el camino para otras acciones legales que podrían tener importantes implicaciones para otras personas en condiciones similares.
Después de obtener la indemnización, el hombre decidió emprender una acción civil con sus abogados para reclamar una indemnización por los daños sufridos. Sin embargo, la autoridad sanitaria local rechazó cualquier forma de conciliación y no tenía intención de proceder con un acuerdo de conciliación. Esta negativa agravó aún más la disputa, haciendo inevitable un proceso judicial largo y complejo.
El 5 de febrero, en Reggio Emilia, la jueza Elena Vezzosi programó una audiencia para el 9 de septiembre de 2025, iniciando oficialmente la demanda civil presentada por el hombre. Por primera vez en Italia, el proceso no involucra como acusado a la autoridad sanitaria local, sino al Ministerio de Salud italiano y a la Agencia Italiana del Medicamento (Aifa). Esta elección jurídica representa un punto de inflexión significativo, ya que podría sentar un precedente que obligaría al Estado a responder de manera más clara y directa a las posibles consecuencias negativas de las vacunaciones recomendadas u obligatorias.
No son muchos los jueces italianos que hasta ahora han declarado al Estado responsable de los daños causados por las vacunas, incluso cuando el nexo causal ha sido confirmado por exámenes médicos y comisiones competentes. Por lo tanto, este proceso podría constituir un precedente jurídico significativo en cuanto a la atribución de responsabilidad en casos similares, abriendo una nueva perspectiva para quienes, a pesar de sufrir daños por las vacunas, temen no obtener justicia. El resultado del proceso podría tener consecuencias importantes para todos aquellos que pretendan reclamar una indemnización por el daño sufrido tras recibir la vacuna contra la COVID-19.
