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Merced aprueba ley de protección de los arrendatarios para detener desalojos arbitrarios

por Tenants Together
Organización por los derechos de los arrendatarios

El Consejo de la Ciudad de Merced aprobó la primera ley anti-desalojo del Valle Central. La ordenanza buscar detener los desalojos de arrendatarios inocentes después de la ejecución hipotecaria. Los miembros de Tenants Together, la organización estatal de California por los derechos de los arrendatarios, ha abogado de manera exitosa por la aprobación de la ley.

El alcalde Pro Tem Bill Blake y los miembros del Consejo John Carlisle, Mary-Michal Rawling y Noah Lor votaron para aprobar la ley. Blake, un proponente temprano de la ley, la llamó lo “moral y correcto que hacer.” El Alcalde Spriggs y el miembro del Consejo Pedrozo había previamente expresado su apoyo por la ley en una audiencia del consejo de la ciudad en agosto, pero cedió a la presión de los agentes inmobiliarios y votó en contra de las nuevas protecciones a los arrendatarios. La miembro del Consejo Michele Gabriault-Acosta, ella misma una agente de bienes raíces, se opuso a la ley todo el tiempo. El voto final fue de 4-3 para aprobar la ley.

Tenea Wallace y su familia arrendaron una casa en Merced que está programada para ser subastada este mes. Bajo la ley existente, su familia podría enfrentarse al desalojo después de la subasta de ejecución hipotecaria. Wallace dio la bienvenida al voto del Consejo de la Ciudad: “Nuestras comunidades están aburridas de los desalojos por parte de bancos irresponsables que sacan a buenos arrendatarios después de la ejecución hipotecaria. Con esta nueva ley, los arrendatarios como yo seremos capaces de quedarnos en nuestros hogares.”

La ley aprobada por el Consejo el lunes requiere que los bancos e inversionistas tengan una “justa causa” para desalojar a arrendatarios después de la ejecución hipotecaria. La ley señala las circunstancias específicas donde se permite el desalojo, tales como que el arrendatario no pagó su renta o que el propietario quiere mudarse a esa propiedad. La ejecución hipotecaria no es una razón reconocida para desalojar a los arrendatarios bajo la ley. Quince otras ciudades de California ya tienen leyes contra el desalojo de los arrendatarios por ejecuciones hipotecarias.

“El alcalde Pro Tem Blake y los consejeros Carlisle, Rawling y Lor merecen gran crédito por escuchar a los residentes de Merced y hacer su parte para detener los desalojos injustos, vacantes, y plagas que contaminan esta comunidad,” comentó Dean Preston, Director Ejecutivo de Tenants Together, la organización de California por los derechos de los arrendatarios. Preston instó a otras ciudades del Valle Central para seguir el liderazgo de Merced, notando que es una ley sin costo que cualquier ciudad de California puede adoptar para proteger a sus ­residentes del abuso de las instituciones financieras.

Por largo tiempo no considerados por los medios y los políticos, los arrendatarios son víctimas inocentes cuando el propietario deja de pagar su hipoteca. Tenants Together emite su informe anual detallando los impactos de la ejecución hipotecaria en los arrendatarios en California. El informe de 2011 reveló que al menos el 38 por ciento de las unidades residenciales en ejecución hipotecaria en California son rentas. La mayoría de los arrendatarios son desplazados de sus hogares después de la ejecución hipotecaria, excepto en ciudades con causa justa para las leyes de desalojo.

“Esperamos con ansias poder trabajar con los arrendatarios que quieren permanecer en sus hogares después de la ejecución hipotecaria,” comentó Pahoua Lor, abogada de Servicios Legales de California Central, una organización sin fines de lucro en Merced que asistirá a los arrendatarios elegibles para que ejerciten su derecho bajo la ley. “Esta nueva ley permitirá a muchos arrendatarios permanecer en sus hogares y seguir pagando renta, en vez de ser obligados a irse a la calle cuando los bancos se toman las propiedades ejecutadas.”

Habrá una segunda lectura de la ordenanza. Se espera que la ley entre en vigor antes del año nuevo.

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