Las promotoras han surgido como una pieza esencial en el ambicioso plan de California para brindar atención médica a todos los residente

by Peter Schurmann

Estamos a finales de febrero y la carretera que lleva a Hamilton City, una comunidad agrícola situada a unos 16 kilómetros al oeste de Chico, está flanqueada por almendros en flor, cuyas flores rosas cubren los campos a kilómetros de distancia. En el centro de la ciudad hay una única clínica.

Dentro nos encontramos con María Soto, cuyo trabajo como promotora es una pieza esencial en el ambicioso plan de California para ofrecer asistencia para tener acceso a servicios de salud a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

“Me identifico mucho con la comunidad”, nos comenta Soto, de 57 años. “He trabajado en el campo, cosechando y clasificando frutos secos aquí. Así que me encanta. Me da una gran satisfacción cuando alguien me dice: ‘Gracias por ayudarme’. Esto para mí tiene un valor incalculable”.

Soto es una de las tres promotoras de la organización sin ánimo de lucro Ampla Health, que gestiona más de una docena de clínicas en seis condados -Glenn, Butte, Colusa, Sutter, Tehama y Yuba- en la zona primordialmente rural del norte de California. Como centro de salud autorizado a nivel federal, Ampla se encarga de ampliar el acceso a Medi-Cal (la versión de Medicaid de California) en toda su jurisdicción.

Esa labor adquirió mayor importancia a partir del 1 de enero, cuando los inmigrantes indocumentados de entre 26 y 49 años pudieron acogerse al programa.

Las ampliaciones anteriores iban dirigidas tanto a los adultos mayores como a los niños. Esta última fase convierte a California en uno de los primeros estados del país en ofrecer acceso a servicios de salud subvencionados por el gobierno federal a todos los residentes que cumplan con los requisitos.

Con 16 millones de afiliados, es decir, uno de cada tres californianos, Medi-Cal es el mayor proveedor de Medicaid del país. Con la actual ampliación, el estado espera añadir entre 500,000 y 700,000 derecho-habientes más a su lista, con un costo de unos 2,600 millones de dólares al año. El presupuesto operativo anual total de Medi-Cal supera los 37 mil millones de dólares.

La elegibilidad se basa en los ingresos, con el límite superior para un individuo establecido en $21,680 por año, con aproximadamente otros $7,100 por cada miembro adicional del hogar. Medi-Cal cubre servicios médicos, dentales y de la vista. A través de CalAIM, el estado también ha ampliado la gama de servicios ofrecidos.

El desafío ahora es asegurarse de que las comunidades que se beneficiarán estén informadas sobre las oportunidades disponibles, lo cual en el extremo norte de California es más fácil decirlo que hacerlo.

Acceder a la atención sanitaria “sin miedo”

Estamos en un campo abierto de almendros, en una granja a unos 30 minutos de Hamilton. A nuestro alrededor hay un grupo de una docena de trabajadores agrícolas, todos originarios de la misma comunidad en el estado de Puebla, México.

“Una vez vino e interrumpió nuestro trabajo”, bromea Elfego Palestino Vidal señalando a Soto. “Nunca me había inscrito”, dice, y añade que en los últimos años ha visto a más de sus compañeros caer enfermos debido al clima cada vez más extremo. “A veces hace mucho frío, llueve mucho y luego hace mucho calor”. Tener acceso a Medi-Cal “ayudará mucho”, dice.

Famoso por sus extensos bosques, sus imponentes cumbres y su escarpada costa, el

Estado del Norte (North State), como se le conoce -que se extiende desde la frontera

con el estado de Oregon en el norte hasta un poco más arriba de Sacramento en el

sur-, también se ve acosado por algunas de las disparidades sanitarias más flagrantes

del estado, desde mayores tasas de pobreza y muerte prematura por drogadicción y

retos de salud mental y de comportamiento.

Gran parte de la región también está designada como Área de Escasez de

Proveedores Sanitarios (HPSA), lo que significa que existen menos recursos sanitarios

per cápita. Para las comunidades marginadas, incluidos muchos de los trabajadores agrícolas entrevistados para este artículo, eso crea barreras adicionales para acceder a la atención médica.

Otro trabajador agrícola, Leonardo Hernández Mesa, marido y padre de dos hijos, describe cómo aplazó la visita al médico en el pasado cuando cayó enfermo y señalando su garganta y el oído al recordar un reciente episodio de infecciones. “Las visitas a urgencias son demasiado caras”, dice, agregando que su hermano -también trabajador agrícola- tiene Diabetes de tipo 1.

“Esta es una gran oportunidad para conseguir un seguro médico sin miedo”, afirma Leonardo, y añade que permitirá a la gente detectar los problemas de salud antes y no después. Dice que a menudo ha oído a otros hablar de posponer las visitas al hospital.

Un estudio de la Universidad de California, UC Merced, del año pasado reveló que casi la mitad de los trabajadores agrícolas de California carecían de seguro médico en algún momento de los 12 meses anteriores. El estudio también reveló que sólo el 43% de los trabajadores agrícolas había visitado la consulta de un médico, mientras que sólo el 35% había ido al dentista. Otros estudios han detectado una gran disparidad en el acceso a los servicios de salud mental y otros servicios conductuales (relacionados a la conducta) para los trabajadores agrícolas en particular.

Simón Vázquez, que ha trabajado en la misma granja en Hamilton durante más de dos décadas y es el jefe de cuadrilla aquí, no ha visto a un médico desde 2018. Simón “bombardea” a Soto con preguntas sobre dónde y cómo contactarla, si necesita volver a renovar cada año (lo cual es requerido) y lo que necesita traer para una visita médica o dental (únicamente se requiere su identificación de Medi-Cal).

“Estamos aquí para ayudarles con cualquier pregunta que tengan. Ya tienen la información para contactarme, mi número de teléfono”, menciona pacientemente.

Llegar a lo ‘difícilmente alcanzado’

“Una gran parte de mi día consiste en conducir en busca de trabajadores agrícolas”, explica Soto, quien llegó a Estados Unidos como inmigrante indocumentada en 1991 y pasó un tiempo trabajando en los campos de almendros que rodean Hamilton City. En 2007, comenzó a trabajar con Ampla Health, entonces conocida como Clínicas Del Norte, después de un encuentro casual con la coordinadora de promotoras de la organización en un restaurante mexicano local. “Ella me preguntó qué sabía acerca de ser promotora. Le dije que no sabía nada”.

Soto finalmente presentó su solicitud, recibió capacitación y desde entonces ha estado comprometida con el trabajo de promotora. “Me he enamorado más del trabajo a medida que han pasado los años”, dice.

El modelo de las promotoras se desarrolló por primera vez en Ciudad Juárez, una ciudad en el norte de México, a principios de los años setenta, como una forma de que el gobierno municipal proporcionara asistencia sanitaria e información relacionada a las comunidades marginadas. El modelo pronto se extendió por América Latina y más tarde llegó a Estados Unidos.

No está claro cuántas promotoras trabajan actualmente en California. Algunas, como Soto, están empleadas directamente por proveedores de servicios de salud u organizaciones comunitarias. Otras trabajan de manera más informal. El grupo Visión y Compromiso, que puso en marcha la primera red de promotoras del estado en 2001, cuenta con unos 4,000 miembros en 13 regiones de California, casi todos ellos en el sur y el centro del estado, donde la población es mayor, al igual que la demanda de servicios, en general.

Según datos del Centro para la Reducción de las Disparidades Sanitarias de UC Davis, se calcula que hay unos 10,000 trabajadores agrícolas en los seis condados atendidos por Ampla. Si se incluyen sus familiares, ese número aumenta a casi 30,000 personas. Aunque no está claro cuántas de estas personas son indocumentadas, los datos muestran que casi tres cuartas partes de los más de medio millón de trabajadores agrícolas en California carecen de documentación.

El Dr. Sergio Aguilar-Gaxiola, que dirige el Centro para la Reducción de las Disparidades en Salud, dice que estas comunidades son “difícilmente alcanzadas” y dice que las agencias locales y estatales deben ser proactivas en términos de hacer correr la voz. “No estoy seguro de si aprovecharán esta expansión de Medi-Cal”, dijo durante una reciente sesión informativa de Ethnic Media Services. “Depende de cómo te comunicas”.

Una ‘tremenda necesidad’

Aguilar-Gaxiola, que ha pasado décadas investigando las desigualdades en salud que afectan a la población de trabajadores agrícolas de California, señala una variedad de barreras –desde el idioma y la cultura hasta el miedo a la deportación– que impiden que muchos se presenten para acceder a los recursos disponibles.

“Es una necesidad tremenda”, afirma Aguilar-Gaxiola. “Satisfacerla requiere algo más que buena voluntad y querer hacer lo correcto. Para llegar a estas poblaciones, el generar confianza es primordial”.

Durante la administración Trump, una ley conocida como la Regla de Carga Pública (Public Charge Rule), que amenazaba con la deportación a los migrantes que accedían a beneficios públicos, arrojó una sombra sobre la comunidad. Aunque elementos esenciales como la cuidado de la salud y la alimentación no se consideran parte de una determinación de carga pública, muchos inmigrantes siguen teniendo miedo de inscribirse en programas públicos como Medi-Cal.

“La gente dudará en inscribirse en Medi-Cal por temor a la carga pública”, coincide Cynthia Peshek, directora del programa de extensión de Ampla Health. “Necesitamos asegurarnos de que esta no sea la situación. Necesitan seguir adelante y aprovechar estos recursos. Todavía habrá quienes no quieran correr riesgos, por lo que la carga pública puede seguir siendo una barrera para algunos”.

Ampla Health organiza ferias de salud locales y otros eventos comunitarios, además de trabajar con promotoras como parte de un conjunto de estrategias destinadas a conectar a las personas con la atención médica. Pero a Peshek le preocupa que los proveedores de otros condados donde los recursos son más limitados no tengan los recursos necesarios para cumplir con esta expansión actual. “Va a ser una gran empresa”, dice.

Peshek señala que Ampla Health agregó recientemente dos nuevas clínicas a su red existente para satisfacer la creciente demanda. “Hay muchísimas oportunidades en este momento”, señala. “Necesitamos hacer correr la voz en todas las áreas en las que servimos”.

De vuelta en la granja, otro miembro del grupo, Daniel, dice que actualmente no está cubierto. Es joven, tiene veintitantos años. Dice que visitó Ampla Health en el pasado y que ahora quiere inscribirse para evitar los altos costos de los servicios médicos y los medicamentos que pueda necesitar. “Es de gran ayuda”.

Cuando nos vamos, señala a Soto con la cabeza. “Gracias por estar aquí. Gracias por no olvidarse de nosotros”.

Este artículo fue financiado por el 2024 California Health Equity Impact Fund de USC Annenberg Center for Health Journalism. Con información adicional de Manuel Ortiz.

Los colegios comunitarios de California están informando de un aumento en el fraude de ayuda financiera. En enero, los robots sospechosos representaban 1 de cada 4 solicitantes de ingreso a la universidad. Las escuelas han donado millones a estas estafas y los funcionarios universitarios dicen que los estafadores se están volviendo más astutos con la ayuda de la Inteligencia Artificial

by Adam Echelman

Se les llama “corredores Pell” (Pell runners): después de inscribirse en un colegio comunitario, solicitan una subvención federal Pell, recaudan hasta 7,400 dólares y luego desaparecen.

Desde el otoño de 2021, los colegios comunitarios de California han donado más de $5 millones a los ‘corredores Pell’, según los informes mensuales que enviaron a la Oficina del Canciller de los colegios comunitarios de California. Las universidades también informan que han otorgado casi $1.5 millones en ayuda estatal y local a estos estafadores.

La oficina del rector comenzó a exigir a los 116 colegios comunitarios del estado que presentaran estos informes hace tres años, después de que aumentaron los casos de fraude.

En ese momento, la oficina dijo que sospechaba que el 20 por ciento de los solicitantes universitarios eran fraudulentos. Debido a la pandemia de COVID-19, el gobierno federal alivió algunas restricciones en torno a la ayuda financiera, lo que facilitó a los estudiantes demostrar que eran elegibles y proporcionó subvenciones especiales únicas para ayudarlos a mantenerse matriculados. Una vez que estas excepciones de la era de la pandemia terminaron en 2023 y algunas clases regresaron a la instrucción en persona, los funcionarios de la universidad dijeron que esperaban que el fraude disminuyera.

No es así. En enero, la oficina del canciller sospechaba que el 25 por ciento de los solicitantes universitarios eran fraudulentos, dijo Paul Feist, portavoz de la oficina.

“Esto está empeorando significativamente”, dijo Todd Coston, vicerrector asociado del Distrito de Colegios Comunitarios de Kern. Dijo que el año pasado “algo cambió y de repente todo se disparó como una locura”.

Las clases en línea que históricamente no se llenan se vieron repentinamente abrumadas con estudiantes, una señal de que muchos de ellos podrían ser falsos, dijo Coston. Los administradores de otros distritos grandes, incluido el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ríos en Sacramento, el Distrito de Colegios Comunitarios de Mt. San Antonio en Walnut, California y el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, dijeron a CalMatters que los estafadores están evadiendo cada nueva estrategia de ciberseguridad.

La razón del aumento reportado en el fraude es que la oficina del rector y los administradores de las universidades están mejorando en su detección, dijo. Desde 2022, el estado ha asignado más de $125 millones para la detección de fraude, la ciberseguridad y otros cambios en el proceso de solicitud en línea en los colegios comunitarios.

Los informes que presentaron las universidades no incluyen cuánto fraude impidieron.

El aumento de las sospechas de fraude coincide con años de esfuerzos, tanto a nivel estatal como local, para aumentar el acceso a los colegios comunitarios. Las escuelas están reduciendo las tarifas (o haciendo que la universidad sea gratuita) mientras los legisladores han trabajado para simplificar y ampliar la ayuda financiera. Esos esfuerzos se aceleraron durante la pandemia, cuando los colegios comunitarios experimentaron caídas récord en la inscripción.

No es sorprendente, entonces, que los “malos actores” se aprovechen de las buenas intenciones del sistema, dijo Feist.

El fraude de ayuda financiera no es nuevo

Los funcionarios universitarios sospechan que la mayoría de los estudiantes falsos son robots y, a menudo, muestran signos reveladores. En Sacramento, los colegios comunitarios comenzaron a ver una afluencia de solicitudes de Rusia, China e India durante el inicio de la pandemia. Casi al mismo tiempo, los administradores del Mt. San Antonio College vieron a los estudiantes usar los números de Seguro Social de los jubilados. Otros tenían domicilios en lotes abandonados. Los dominios de correo electrónico poco comunes, como AOL.com, fueron otra señal de alerta.

Estas estafas no son nuevas. El gobierno federal ha exigido durante mucho tiempo a las universidades que informen sobre casos de fraude en ayuda financiera. Cada año, el gobierno federal cierra entre 40 y 80 casos, incluida una condena reciente de tres mujeres de California que robaron casi un millón de dólares mediante el cobro de préstamos estudiantiles fraudulentos. Los colegios comunitarios de California también dicen que han detectado solicitudes fraudulentas de personas que intentaban obtener una dirección de correo electrónico ‘.edu’ para recibir descuentos para estudiantes.

Cuando la oficina del rector comenzó a exigir a los colegios comunitarios que presentaran informes mensuales, preguntó la cantidad de solicitudes falsas y la cantidad de dinero que daban a los estafadores.

CalMatters presentó una solicitud de registros públicos para los datos, desglosados ​​por campus. Después de que la solicitud fue rechazada inicialmente, CalMatters apeló y recibió una copia anónima de todos los informes mensuales, sin detalles individuales del campus.

Los informes muestran que entre septiembre de 2021 y enero de 2024, las universidades recibieron aproximadamente 900,000 solicitudes universitarias fraudulentas y dieron a los estafadores más de $5 millones en ayuda federal, así como casi $1.5 millones en ayuda estatal y local.

Las cifras muestran que el fraude representa menos del 1 por ciento del monto total de ayuda financiera otorgada a estudiantes de colegios comunitarios en el mismo período. Es difícil decir qué tan precisos son los datos porque el cumplimiento es irregular, y en algunos meses faltan informes de hasta la mitad de las universidades.

Más fraude, en más lugares

Para comprender cómo está evolucionando el fraude, la oficina del canciller utiliza varias fuentes de información y datos, dijo Feist. Un indicador es un aumento atípico en las solicitudes.

“Si viera, por ejemplo, que una universidad que sólo recibe 1,000 solicitudes en un período determinado recibe 5,000, sabrías que probablemente algo está pasando”, dijo Valerie Lundy-Wagner, vicerrectora del sistema de colegios comunitarios.

La oficina del rector proporcionó a CalMatters datos de solicitudes anónimos para cada mes desde septiembre de 2021 hasta enero de 2024. CalMatters analizó los datos utilizando dos técnicas diferentes para identificar valores estadísticos atípicos en los datos de la solicitud y pidió a la oficina que verificara la metodología. La oficina se negó repetidamente.

Según el análisis, más de 50 de los 116 colegios comunitarios del estado experimentaron al menos un aumento inusual en la cantidad de solicitudes que recibieron durante ese período. En el último año, las universidades han experimentado más picos inusuales que en cualquier otro momento desde 2021. Sin embargo, junto con el fraude, los valores atípicos también podrían reflejar fluctuaciones normales en las solicitudes o el aumento general de la inscripción universitaria el año pasado.

“Lo que estamos escuchando es que (el fraude) está ocurriendo más ampliamente de lo que la gente deja ver, pero la gente simplemente tiene la cabeza en la arena porque parece bueno que la inscripción aumente”, dijo Coston del Distrito de Colegios Comunitarios de Kern.  Muchos administradores universitarios dicen que las mejoras en la inteligencia artificial han hecho que sea más fácil para las personas intentar fraude a mayor escala.

Sin embargo, tomar medidas drásticas contra el fraude puede tener consecuencias no deseadas. Más del 20 por ciento de los estudiantes de colegios comunitarios de California no reciben las becas Pell para las que son elegibles. Los obstáculos administrativos, incluido el proceso de verificación, son una de las razones, según un estudio de 2018 realizado por investigadores de UC Davis. Para ayudar, el gobierno federal está tratando de simplificar su solicitud de ayuda financiera, pero en algunos casos, ha creado más barreras para los estudiantes durante la implementación de este año.

“Hemos corregido en exceso en ocasiones, incluso en las políticas, y en la rigurosidad con la que verificamos a los estudiantes en relación con la cantidad de fraude en el sistema”, dijo Jake Brymer, subdirector de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California. Como resultado, dijo, los estudiantes de bajos ingresos reales son expulsados.

Expulsar de clase a estudiantes reales

A veces, la detección de fraude resulta contraproducente para estudiantes reales, expulsando a personas como Martín Romero.

Para poder graduarse de East Los Angeles College, Romero, de 20 años, debe tomar historia estadounidense, por lo que el otoño pasado se inscribió en una clase en línea donde los estudiantes pueden ver conferencias pregrabadas en su propio tiempo.

Dijo que era todo para lo que tenía tiempo. Romero toma cuatro clases en East Los Angeles College cada semestre y se desempeña como presidente del cuerpo estudiantil. También ayuda en el taller de carrocería de su familia, a veces hasta 15 horas a la semana.

El primer día de clases del otoño pasado, dijo que el portal en línea Canvas no funcionaba en su computadora.

Ese día, el profesor de historia estadounidense hizo una prueba a través de Canvas, pidiendo a los estudiantes que respondieran a un mensaje para demostrar que no eran un robot. Romero no respondió, por lo que el profesor lo sacó de la clase.

“Me estaba volviendo loco”, dijo, y le escribió al profesor tan pronto como se enteró, rogando que lo reintegraran. El profesor le dijo que la clase ya estaba llena otra vez, por lo que dejarlo entrar significaría echar a alguien más.

Para el Senado Académico de la universidad, el grupo de profesores que rige los asuntos académicos, los estudiantes falsos son uno de los tres temas principales, dijo su presidenta, Leticia Barajas.

“Estamos frustrados por el hecho de que algunos de estos cursos se están llenando muy rápidamente”, dijo. “Lo vemos como un problema de acceso para nuestros estudiantes”.

Dijo que ha habido un repunte en los últimos meses, especialmente en ciertos tipos de clases en línea, que ha obligado a los profesores a centrarse en cazar robots en lugar de enseñar. Ahora se espera que los profesores evalúen a sus estudiantes en las primeras semanas, pidiéndoles que presenten respuestas a preguntas, firmen copias del programa de estudios o envíen otras pruebas para demostrar que son reales.

Cada vez más, dijo, los robots evaden la detección, especialmente con la ayuda de la Inteligencia Artificial. “Están enviando tareas. Es un galimatías”, dijo.

El interminable y multimillonario juego de combatir el fraude

Los funcionarios universitarios y estatales describieron la detección de fraude como un juego de whack-a-mole. “Cuando mejoramos en abordar una cosa, surge otra”, dijo Lundy-Wagner. “Esa es la naturaleza del fraude”.

Para luchar contra el fraude, dijo, la oficina del canciller, los 73 distritos gobernados de forma independiente y sus universidades deben trabajar juntos, incluidos aquellos que supervisan la tecnología de la información, la inscripción y la ayuda financiera. Parte del desafío es que el sistema está muy “descentralizado”, dijo.

La reforma más grande en curso es una nueva versión de CCCApply, el portal de solicitudes de colegios comunitarios del estado, que ofrecerá más ciberseguridad, dijo Feist. También dijo que hay otros proyectos “prometedores” a corto plazo.

Uno de ellos, una herramienta de software conocida como ID.Me, se lanzó en febrero. El contrato con la empresa de software, que cuesta más de 3.5 millones de dólares, le otorga permiso para comprobar la identificación de los solicitantes universitarios, incluidas entrevistas en vídeo en determinados casos. Los expertos en privacidad han advertido que la tecnología de vídeo de la empresa podría tener prejuicios raciales y ser propensa a errores.

Para mitigar estos problemas de privacidad y evitar crear barreras de inscripción, los solicitantes deben optar por el nuevo software de verificación.

En los primeros días después de su implementación, el 29 por ciento de los solicitantes optaron por el nuevo proceso de investigación de ID.Me. Algunos solicitantes comenzaron el proceso de verificación pero nunca terminaron, dijo Feist, mientras que otros no son elegibles porque son menores de 18 años. El resto optó por no verificar su identidad por otras razones, incluidos muchos de los cuales se sospecha que son robots.

“Sólo estamos tratando de sobrevivir”

En Los Ángeles, los colegios comunitarios ya han visto una caída en las solicitudes sospechosas, dijo Nicole Albo-López, vicerrectora del distrito. Pero ella se muestra escéptica de que el problema esté resuelto. “No creo que podamos mantener la calma que vemos”, dijo. “Encontrarán otra manera de entrar”.

A su distrito ahora le preocupa que los robots estén intentando robar datos o propiedad intelectual, no sólo ayuda financiera. “Digamos que tengo 400 secciones de Inglés 101 en línea. Hay 400 variaciones de lecturas, tareas y preguntas entre pares que alguien puede entrar y recopilar”, dijo Albo-López.

Barajas dijo que los profesores de East Los Angeles College están tan abrumados por los robots que no han discutido el riesgo potencial para su propiedad intelectual: “Estamos en un nivel en el que simplemente estamos tratando de sobrevivir”.

Mientras tanto, estudiantes como Romero, a quienes se confunde erróneamente con robots, deben desarrollar sus propias habilidades de supervivencia. Cuando el profesor negó la solicitud de reinscribirse, se inscribió en el mismo curso en el único formato que aún estaba disponible: presencial. La clase se reunía todos los lunes y miércoles a las 7:10 am, y el profesor deducía puntos a cualquiera que llegara tarde.

“Fue una tortura”, dijo, señalando que faltó a dos clases y llegó tarde a las cuatro. Terminó la clase con una B, pero dijo que habría obtenido una A si hubiera ingresado a la clase que quería.

Como presidente del cuerpo estudiantil, dijo que ha sido franco sobre el tema. Si bien pudo cumplir con su requisito de historia, le preocupa que otros estudiantes no tengan tanta suerte.

La reportera de datos Erica Yee contribuyó a este informe. 

Adam Echelman cubre los colegios comunitarios de California en asociación con Open Campus, una sala de redacción sin fines de lucro centrada en la educación superior.