Los partidarios de la Prop. 36 dicen que ayudará al estado a abordar la falta de vivienda, la adicción a las drogas y el robo en tiendas. Sus críticos lo llaman un regreso a las políticas fallidas de la guerra contra las drogas

por Nigel Duara

CalMatters 

Los votantes de California aprobaron abrumadoramente la Proposición 36 el martes, culminando diez meses caóticos de negociaciones y disputas en el Capitolio estatal, donde los líderes demócratas intentaron sin éxito preservar una década de reformas en la justicia penal. En cambio, parece que ganó la campaña para aumentar las penas por robo y condenas repetidas por posesión de drogas.

La Prop. 36, a la que se opone el gobernador Gavin Newsom, reclasifica algunos delitos menores de robo y drogas como delitos graves. La medida también crea una nueva categoría de delito: un “delito grave con mandato de tratamiento”. Las personas que no contesten cargos criminales tras múltiples condenas por posesión de drogas podrían completar un tratamiento de drogas en lugar de ir a prisión, pero si no completan el tratamiento, aún enfrentan hasta tres años de prisión.

El crimen contra la propiedad aumentó en California después de la pandemia, mientras que el estado, los condados y los gobiernos locales han tenido dificultades para contener y controlar los campamentos de personas sin hogar en las calles.

La Prop. 36 fue promovida por sus partidarios como una solución a esos problemas. Liderados por la industria minorista, prometieron que la medida se dirigiría a los traficantes de drogas y a las personas que cometen múltiples robos en tiendas. Recaudaron alrededor de $17 millones para la medida, que además de grandes donaciones de importantes minoristas también incluyó contribuciones de la Asociación de Fiscales de Distrito de California y la Asociación de Oficiales de Paz de Correccionales de California.

Los opositores recaudaron alrededor de $7.7 millones, que incluyeron contribuciones de la ACLU, sindicatos de maestros y la organización laboral Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

La Prop. 36 revierte algunos de los cambios que los votantes de California hicieron al sistema de justicia penal hace una década con la Proposición 47, que redujo las penas para algunos delitos mientras buscaba reducir la entonces sobrepoblación en las prisiones estatales.

Las encuestas previas a la elección mostraban consistentemente que una gran mayoría de votantes probables apoyaban la Prop. 36. Varios alcaldes y fiscales de distrito de grandes ciudades demócratas también le dieron su apoyo, a pesar de la oposición de Newsom.

“Esta noche, los votantes de California han hablado con una voz clara sobre las tres epidemias de robo en tiendas, falta de vivienda y muertes por sobredosis de drogas que aquejan a nuestro estado”, dijo el alcalde de San José, Matt Mahan, en un comunicado escrito. “Al apoyar la Proposición 36, dijeron sí al tratamiento. Dijeron sí a la responsabilidad. Y dijeron sí a poner el sentido común por encima del partidismo, para que podamos detener el sufrimiento en nuestras comunidades.”

¿Qué llevó a la Prop. 36?

Desde que los votantes de California aprobaron la Prop. 47 en 2014, fiscales, policías y grandes minoristas han culpado a la ley de un aumento en los delitos contra la propiedad y la falta de vivienda. La Prop. 36 es su intento de deshacer algunos elementos de la iniciativa anterior.

Durante la pandemia, la tasa de robo en tiendas y robos comerciales se disparó, especialmente en los condados de Los Ángeles, Alameda, San Mateo y Sacramento. A nivel estatal, el Instituto de Políticas Públicas de California encontró que los robos reportados de mercancía valorada hasta $950 aumentaron un 28% en los últimos cinco años, el nivel más alto observado desde el año 2000.

Combinando el robo en tiendas con los robos comerciales, los investigadores del instituto encontraron que los robos totales reportados fueron un 18% más altos que en 2019.

Otra faceta del robo en tiendas durante la pandemia fueron los videos virales de multitudes de personas que irrumpían en tiendas y tomaban lo que podían antes de huir. La Prop. 36 permite que las sentencias por delitos graves de robo se extiendan hasta tres años si tres o más personas cometen el delito juntas.

¿Cuál será el costo de la medida contra el crimen en California?

La Oficina del Analista Legislativo prevé que la medida costará decenas de millones a cientos de millones de dólares anualmente. Esos costos provendrán principalmente de encarcelar a unos pocos miles de personas más y mantenerlas por períodos más largos. El resto de los costos para el estado se acumularán en el sistema judicial, donde los delitos graves tardan más en procesarse que los delitos menores, y donde los sistemas judiciales del condado tendrán que crear nuevos procesos para manejar la nueva categoría de delito de la medida, un delito grave con mandato de tratamiento.

Algunos de esos costos también serán asumidos por los sistemas judiciales del condado, que según la Oficina del Analista Legislativo podrían alcanzar decenas de millones cada año.

¿Quién apoyó la Prop. 36?

Los partidarios promovieron la Prop. 36 como una forma de combatir la falta de vivienda, que ha aumentado más del 50% desde que se aprobó la Prop. 47. La razón, dicen los partidarios, es que la dependencia de drogas empuja a las personas a la calle, y aumentar las penas por posesión de drogas es la única forma de obligarlas a recibir tratamiento.

Los partidarios también dicen que la Prop. 36 es un buen punto medio entre los días de mano dura contra el crimen en California, que llevaron la capacidad de las prisiones al límite, y la última década bajo la Prop. 47, que, según ellos, creó «vacíos legales en la ley estatal que los delincuentes explotan para evitar la responsabilidad por el tráfico de fentanilo y el robo repetido en tiendas.”

¿Quién se opuso a la Prop. 36?

Los opositores, incluidos el gobernador y el liderazgo demócrata, dicen que no hay estudios sobre justicia penal o falta de vivienda que respalden la idea de que un castigo más severo —o la amenaza de un castigo más severo— prevenga el crimen o saque a las personas de la calle.

Entre los opositores a la medida se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California, la Alianza para la Seguridad y la Justicia y el Partido Demócrata de California.

Los opositores a la medida argumentaron que la Prop. 36 marca un regreso a la guerra contra las drogas, que dijeron que los votantes de California rechazaron hace una década con la Prop. 47.

Newsom no destinó dinero para oponerse a la medida, pero ha señalado su potencial para aumentar el gasto en el sistema de justicia.

“Es la corriente predominante, y lo entiendo. Solo espero que la gente se tome el tiempo para entender lo que está apoyando”, dijo Newsom en declaraciones a los periodistas la semana pasada. “Es solo una reforma de la política de drogas. No está financiada y, desafortunadamente, puede afectar algunos servicios de tratamiento de drogas y salud mental existentes.”

Los partidarios de la Prop. 36 dicen que ayudará al estado a abordar la falta de vivienda, la adicción a las drogas y el robo en tiendas. Sus críticos lo llaman un regreso a las políticas fallidas de la guerra contra las drogas

por Nigel Duara

CalMatters 

Los votantes de California aprobaron abrumadoramente la Proposición 36 el martes, culminando diez meses caóticos de negociaciones y disputas en el Capitolio estatal, donde los líderes demócratas intentaron sin éxito preservar una década de reformas en la justicia penal. En cambio, parece que ganó la campaña para aumentar las penas por robo y condenas repetidas por posesión de drogas.

La Prop. 36, a la que se opone el gobernador Gavin Newsom, reclasifica algunos delitos menores de robo y drogas como delitos graves. La medida también crea una nueva categoría de delito: un “delito grave con mandato de tratamiento”. Las personas que no contesten cargos criminales tras múltiples condenas por posesión de drogas podrían completar un tratamiento de drogas en lugar de ir a prisión, pero si no completan el tratamiento, aún enfrentan hasta tres años de prisión.

El crimen contra la propiedad aumentó en California después de la pandemia, mientras que el estado, los condados y los gobiernos locales han tenido dificultades para contener y controlar los campamentos de personas sin hogar en las calles.

La Prop. 36 fue promovida por sus partidarios como una solución a esos problemas. Liderados por la industria minorista, prometieron que la medida se dirigiría a los traficantes de drogas y a las personas que cometen múltiples robos en tiendas. Recaudaron alrededor de $17 millones para la medida, que además de grandes donaciones de importantes minoristas también incluyó contribuciones de la Asociación de Fiscales de Distrito de California y la Asociación de Oficiales de Paz de Correccionales de California.

Los opositores recaudaron alrededor de $7.7 millones, que incluyeron contribuciones de la ACLU, sindicatos de maestros y la organización laboral Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

La Prop. 36 revierte algunos de los cambios que los votantes de California hicieron al sistema de justicia penal hace una década con la Proposición 47, que redujo las penas para algunos delitos mientras buscaba reducir la entonces sobrepoblación en las prisiones estatales.

Las encuestas previas a la elección mostraban consistentemente que una gran mayoría de votantes probables apoyaban la Prop. 36. Varios alcaldes y fiscales de distrito de grandes ciudades demócratas también le dieron su apoyo, a pesar de la oposición de Newsom.

“Esta noche, los votantes de California han hablado con una voz clara sobre las tres epidemias de robo en tiendas, falta de vivienda y muertes por sobredosis de drogas que aquejan a nuestro estado”, dijo el alcalde de San José, Matt Mahan, en un comunicado escrito. “Al apoyar la Proposición 36, dijeron sí al tratamiento. Dijeron sí a la responsabilidad. Y dijeron sí a poner el sentido común por encima del partidismo, para que podamos detener el sufrimiento en nuestras comunidades.”

¿Qué llevó a la Prop. 36?

Desde que los votantes de California aprobaron la Prop. 47 en 2014, fiscales, policías y grandes minoristas han culpado a la ley de un aumento en los delitos contra la propiedad y la falta de vivienda. La Prop. 36 es su intento de deshacer algunos elementos de la iniciativa anterior.

Durante la pandemia, la tasa de robo en tiendas y robos comerciales se disparó, especialmente en los condados de Los Ángeles, Alameda, San Mateo y Sacramento. A nivel estatal, el Instituto de Políticas Públicas de California encontró que los robos reportados de mercancía valorada hasta $950 aumentaron un 28% en los últimos cinco años, el nivel más alto observado desde el año 2000.

Combinando el robo en tiendas con los robos comerciales, los investigadores del instituto encontraron que los robos totales reportados fueron un 18% más altos que en 2019.

Otra faceta del robo en tiendas durante la pandemia fueron los videos virales de multitudes de personas que irrumpían en tiendas y tomaban lo que podían antes de huir. La Prop. 36 permite que las sentencias por delitos graves de robo se extiendan hasta tres años si tres o más personas cometen el delito juntas.

¿Cuál será el costo de la medida contra el crimen en California?

La Oficina del Analista Legislativo prevé que la medida costará decenas de millones a cientos de millones de dólares anualmente. Esos costos provendrán principalmente de encarcelar a unos pocos miles de personas más y mantenerlas por períodos más largos. El resto de los costos para el estado se acumularán en el sistema judicial, donde los delitos graves tardan más en procesarse que los delitos menores, y donde los sistemas judiciales del condado tendrán que crear nuevos procesos para manejar la nueva categoría de delito de la medida, un delito grave con mandato de tratamiento.

Algunos de esos costos también serán asumidos por los sistemas judiciales del condado, que según la Oficina del Analista Legislativo podrían alcanzar decenas de millones cada año.

¿Quién apoyó la Prop. 36?

Los partidarios promovieron la Prop. 36 como una forma de combatir la falta de vivienda, que ha aumentado más del 50% desde que se aprobó la Prop. 47. La razón, dicen los partidarios, es que la dependencia de drogas empuja a las personas a la calle, y aumentar las penas por posesión de drogas es la única forma de obligarlas a recibir tratamiento.

Los partidarios también dicen que la Prop. 36 es un buen punto medio entre los días de mano dura contra el crimen en California, que llevaron la capacidad de las prisiones al límite, y la última década bajo la Prop. 47, que, según ellos, creó «vacíos legales en la ley estatal que los delincuentes explotan para evitar la responsabilidad por el tráfico de fentanilo y el robo repetido en tiendas.”

¿Quién se opuso a la Prop. 36?

Los opositores, incluidos el gobernador y el liderazgo demócrata, dicen que no hay estudios sobre justicia penal o falta de vivienda que respalden la idea de que un castigo más severo —o la amenaza de un castigo más severo— prevenga el crimen o saque a las personas de la calle.

Entre los opositores a la medida se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California, la Alianza para la Seguridad y la Justicia y el Partido Demócrata de California.

Los opositores a la medida argumentaron que la Prop. 36 marca un regreso a la guerra contra las drogas, que dijeron que los votantes de California rechazaron hace una década con la Prop. 47.

Newsom no destinó dinero para oponerse a la medida, pero ha señalado su potencial para aumentar el gasto en el sistema de justicia.

“Es la corriente predominante, y lo entiendo. Solo espero que la gente se tome el tiempo para entender lo que está apoyando”, dijo Newsom en declaraciones a los periodistas la semana pasada. “Es solo una reforma de la política de drogas. No está financiada y, desafortunadamente, puede afectar algunos servicios de tratamiento de drogas y salud mental existentes.”

Se esperan cuatro años más de enfrentamientos combativos entre el liderazgo demócrata de California y una segunda Casa Blanca de Trump

por Alexei Koseff

CalMatters

El expresidente Donald Trump ganó un segundo mandato después de cuatro años fuera de la Casa Blanca, lo que probablemente empujará a California a retomar su papel de liderar la resistencia en su contra.

La Associated Press hizo su llamada a las 3 a.m., declarando que el republicano derrotó a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, quien habría sido la primera presidenta mujer y la californiana más poderosa en cuatro décadas.

En su lugar, los californianos ahora enfrentan una repetición del primer mandato de Trump de 2017 a 2021: otros cuatro años de gobierno consumidos por enfrentamientos combativos entre el liderazgo demócrata del estado y Washington, D.C., lo que podría distraer o incluso retrasar el progreso para abordar los problemas propios de California.

Aunque muchos estaban apoyando una victoria de Harris, que podría haber llevado las prioridades de California a nivel nacional y traído más recursos al estado, funcionarios del estado, líderes de la industria y activistas se prepararon para este resultado. Trump, después de todo, hacía de California un saco de boxeo en su campaña.

A lo largo del gobierno estatal, los funcionarios han estado planificando una respuesta para un California “a prueba de Trump”. El gobernador Gavin Newsom y su equipo presupuestario están desarrollando una propuesta para un fondo de ayuda por desastres, después de que el expresidente amenazara repetidamente con retener la ayuda de emergencia para la recuperación de incendios forestales en California debido a su política hídrica.

“La mejor manera de proteger a California, sus valores, los derechos de nuestra gente, es estar preparados, para no estar a la defensiva”, dijo el fiscal general Rob Bonta, cuyo equipo ha estado trabajando con organizaciones de defensa y fiscales generales de otros estados sobre cómo responderían a otra administración Trump. “Lucharemos como lo hicimos en el pasado si ese escenario se cumple.”

Durante el primer mandato de Trump, California demandó más de 100 veces por sus reglas y retrocesos regulatorios. Bonta dijo que su equipo ha redactado de manera preventiva escritos y ha probado argumentos para desafiar muchas de las políticas que esperan que el expresidente implemente durante los próximos cuatro años: aprobar una prohibición nacional del aborto y restringir el acceso a medicamentos abortivos; revocar la exención de California para regular sus propias emisiones de escape de automóviles y anular su compromiso de transición a vehículos sin emisiones; terminar con las protecciones para los inmigrantes traídos al país ilegalmente cuando eran niños; socavar las estrictas leyes de control de armas del estado, incluidas las armas de asalto, las armas impresas en 3D y las armas fantasmas; implementar requisitos de identificación para votar; y atacar los derechos civiles de los jóvenes transgénero.

“Desafortunadamente, es una lista larga”, dijo Bonta a CalMatters días antes de las elecciones. “Durante meses, hemos estado desarrollando estrategias para todas esas cosas.”

California se enfrenta a Trump 

En muchos aspectos, California está más protegida de los cambios en las regulaciones federales que otros estados, porque tiene un marco regulador robusto propio que a menudo va mucho más allá que el gobierno federal.

Lorena González, presidenta de la Federación Laboral de California, dijo que los sindicatos ven un desafío continuo a la constitucionalidad de la Junta Nacional de Relaciones Laborales como una amenaza mucho mayor que cualquier acción que Trump pueda tomar. La ley californiana ya es más fuerte que la ley federal en cuanto a salario mínimo, pago de horas extras y protección contra el robo de salarios.

“No puede hacer nada a través del Departamento de Trabajo que lo deshaga”, dijo.

Pero con los demócratas controlando todas las oficinas estatales y con supermayorías en ambas cámaras de la Legislatura, la victoria de Trump podría cambiar completamente la elaboración de políticas en California.

Durante su primer mandato, los legisladores se centraron en contrarrestar su agenda federal, aunque no siempre con éxito. Los gobernadores de California en ese período, Newsom y Jerry Brown, tomaron acciones ejecutivas para limitar las repercusiones de su retroceso en las regulaciones ambientales, incluido el lanzamiento de un satélite de seguimiento de la contaminación y la negociación con las empresas automotrices para mantener los estándares de eficiencia de combustible más altos.

La oficina de Newsom se negó a comentar sobre los riesgos de las elecciones presidenciales, aunque en una conferencia de prensa la semana pasada dijo: “ningún estado tiene más que perder o ganar en esta elección” que California. Tampoco se ofrecieron entrevistas con el presidente pro tempore del Senado Mike McGuire ni con el presidente de la Asamblea Robert Rivas, ambos demócratas que darán forma a la agenda legislativa y al presupuesto estatal del próximo año.

El regreso al conflicto abierto es una perspectiva preocupante para la comunidad empresarial, que a menudo se vio atrapada entre las reglas federales y estatales durante el primer mandato de Trump, como con una ley de 2017 que restringió la participación de los empleadores en las redadas migratorias en el lugar de trabajo.

“Tener al estado reaccionando, de alguna manera pone las cosas en el limbo”, dijo Jennifer Barrera, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de California. “Cuando los dos no están alineados, crea problemas para nuestros miembros que operan a nivel nacional.”

¿Qué tan lejos llegará California? 

A medida que los demócratas buscan proteger los valores liberales de California, existe la preocupación de que resistirán los planes de Trump yendo más allá en la dirección opuesta, de formas potencialmente contraproducentes.

Las regulaciones federales solo marcan una diferencia marginal en el costo de la vivienda en California, según Dan Dunmoyer, presidente y director ejecutivo de la Asociación de la Industria de la Construcción de California, pero teme que la respuesta estatal podría socavar inadvertidamente los esfuerzos para impulsar la construcción. En 2019, cuando la administración Trump redujo las protecciones federales para el agua, California adoptó regulaciones estatales aún más expansivas que los desarrolladores se quejaron de hacer que obtener permisos de construcción fuera más complicado y costoso.

“El factor anti-Trump es real”, dijo Dumoyer. “Espero que si Trump dice que el cielo es azul, hoy digan que es negro.”

El control partidista dividido también podría agravar el estancamiento en el Congreso, estableciendo al estado más grande del país como el campo de batalla para importantes luchas políticas, especialmente en áreas que no interesan a Trump.

Adam Kovacevich, fundador y director ejecutivo de Chamber of Progress, una asociación de la industria tecnológica de izquierda, dijo que los grupos de defensa que buscan más supervisión de la industria han estado muy activos en Washington, D.C., durante los últimos cuatro años y han tenido mucho éxito con la administración de Biden. Bajo Trump, recurrirán a California para liderar el camino en la regulación de la inteligencia artificial y los niños en las redes sociales, así como en la aplicación de la ley antimonopolio.

“El Congreso es un ambiente de escasez legislativa”, dijo. “California es un ambiente de abundancia legislativa.”

Trump también es visto por la industria tecnológica como una carta comodín que podría castigar a las grandes empresas que cree que se le opusieron, dijo Kovacevich. Tal relación conflictiva podría dañar sus ganancias, y luego los ingresos fiscales de California.

“Es el éxito de la industria tecnológica el que juega un papel fundamental en la financiación de la red de seguridad social del estado”, dijo.

Comunidad inmigrante a la defensiva 

Con la campaña de Trump enfatizando fuertemente la aplicación más estricta de la frontera entre EE.UU. y México y las deportaciones masivas, la gran comunidad inmigrante de California —millones de los cuales están indocumentados— se ha sumido en un momento especialmente incierto y aterrador.

Como dijo Newsom la semana pasada: “Los impactos de valle a valle, desde el Valle del Silicio hasta el Valle Central, serán desmesurados”, particularmente si Trump también revive su impulso para limitar la inmigración legal, incluidos los refugiados, los trabajadores extranjeros y los estudiantes internacionales.

El Centro de Política Inmigrante de California, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, ya ha liderado 15 ejercicios de planificación de escenarios con cientos de personas de organizaciones de todo el estado para prepararse. “Sabemos que la administración Trump va a atacar a California. Nos han estado atacando durante todo este ciclo electoral”, dijo Masih Fouladi, director ejecutivo del grupo. “Necesitamos hacer mucho en California para asegurarnos de que estamos defendiendo y protegiendo nuestras comunidades.”

Bajo Trump, dijo Fouladi, los grupos de derechos de los inmigrantes presionarán para asegurarse de que los recursos estatales y locales no se utilicen para detener y deportar personas y que los residentes no ciudadanos sigan teniendo acceso a atención médica y otros servicios públicos, que el estado ha ampliado significativamente en la última década.

Una prioridad probable es fortalecer la Ley de Valores de California, la ley de 2017 sobre “estado santuario” que limitó la cooperación policial con las autoridades federales de inmigración. Después de una batalla legislativa polémica, la versión que pasó fue recortada respecto a lo que los partidarios originalmente imaginaron, excluyendo a las personas condenadas por cientos de crímenes más graves de las protecciones