por el Consejo Editorial de El Reportero
Han pasado cuarenta años desde que el presidente republicano Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, que permitió a unos 2.7 millones de inmigrantes indocumentados obtener estatus legal. Muchos se convirtieron en ciudadanos productivos, crearon negocios, formaron familias y contribuyeron a la prosperidad de Estados Unidos.
Conozco personalmente a personas beneficiadas por aquella legislación. Sus vidas cambiaron porque el país les brindó una oportunidad.
¿Por qué republicanos y demócratas no han logrado alcanzar otro acuerdo integral?
Durante décadas, la inmigración se ha convertido en un balón político. Cuando un partido propone soluciones, el otro suele resistirse, más interesado en evitar que su adversario obtenga una victoria que en resolver el problema.
Mientras tanto, poderosos intereses económicos se benefician de la mano de obra indocumentada. Sin protección legal, muchos trabajadores aceptan salarios bajos y condiciones difíciles por temor a perder sus empleos o ser deportados.
Ambos partidos deben asumir su responsabilidad.
Millones de inmigrantes llevan años viviendo aquí, trabajando, pagando impuestos, criando hijos nacidos en Estados Unidos y contribuyendo a sus comunidades. Algunos tienen títulos universitarios que no pueden ejercer; otros trabajan en varios empleos sin tiempo para aprender inglés o mejorar sus calificaciones.
Imaginemos a un niño que usa zapatos de talla siete. Al crecer, le quedan pequeños y necesita unos más grandes para caminar cómodamente.
Las sociedades experimentan algo parecido. Cuando desaparecen las oportunidades económicas y las familias no pueden sobrevivir, las personas buscan lugares donde progresar. La migración no siempre es una elección; muchas veces es una cuestión de supervivencia.
Por supuesto, las leyes migratorias deben respetarse. Un programa de legalización razonable podría exigir años de residencia, historial laboral, antecedentes limpios, cumplimiento tributario y vínculos con la comunidad.
Quienes hayan cometido delitos graves deben recibir un trato distinto al de quienes infringieron las leyes migratorias para buscar trabajo y sobrevivir. La falta de autorización migratoria no debería borrar la dignidad ni el potencial de una persona.
La legalización también debe implicar responsabilidad, fomentar el empleo y la autosuficiencia, y evitar la explotación de trabajadores por parte de empleadores.
Estados Unidos necesita trabajadores, empresarios, contribuyentes y familias. Ante la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, debe pensar cómo sostener su futura fuerza laboral y prosperidad económica. Muchos de esos posibles contribuyentes ya están aquí. ¿Por qué mantenerlos en las sombras?
Una reforma también beneficiaría a otros países del continente. Los trabajadores con mejores salarios podrían ayudar a sus familiares, invertir en sus comunidades y reducir las presiones económicas que impulsan la migración.
En lugar de confrontaciones y acusaciones partidistas, el Congreso debe recordar que sus miembros fueron elegidos para resolver problemas.
Los republicanos deberían seguir el ejemplo de Reagan y los demócratas reconocer que una reforma requiere negociación y compromiso. Ningún partido debería reclamar el crédito exclusivo.
Estados Unidos se parece a un gran barco que transporta personas de distintos orígenes. Ante una tormenta, la supervivencia depende de la cooperación, no de pelear por quién dirige la embarcación.
Han pasado cuarenta años desde el último programa amplio de legalización. ¿Cuántas generaciones más deberán vivir con miedo antes de que Washington actúe?
Estados Unidos alcanzó su prosperidad gracias a las oportunidades, el trabajo y la determinación humana.
Es hora de que ambos partidos antepongan el país y su gente a las victorias políticas.
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