Nuevo presidente nombra titular del Banco Central mientras fiscales investigan a exfuncionarios y maestros exigen protección para fondos de pensiones
por el personal de El Reportero
ASUNCIÓN, Paraguay — La crisis bancaria de Paraguay entró esta semana en una nueva etapa, luego de que las autoridades informaran avances significativos en la devolución de depósitos a clientes del quebrado Ueno Bank, mientras los fiscales ampliaban las investigaciones y los maestros exigían protección para los fondos de pensiones.
El Banco Central informó el martes 10 de noviembre que, hasta el lunes, el 93.1 por ciento de los clientes elegibles había recibido reembolsos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. Los pagos abarcaron 1,738,804 cuentas y sumaron aproximadamente 340 millones de dólares.
La cifra es inferior a los casi 2.9 millones de clientes originalmente asociados con el banco digital. Para calcular las reclamaciones elegibles, las autoridades excluyeron cuentas duplicadas, aquellas sin saldos positivos y algunas cuentas con deudas.
Los últimos acontecimientos se producen después de la intervención del banco, el 2 de noviembre, cuando los reguladores determinaron que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. El cierre interrumpió los pagos y el acceso a los ahorros, provocando manifestaciones y una crisis política.
El expresidente Santiago Peña dejó el cargo en medio del escándalo, y el exvicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia. El lunes, el Congreso aprobó el nombramiento del economista Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central, en sustitución de Carlos Carvallo.
Los fiscales también allanaron la empresa de corretaje de Ueno y recuperaron documentos rasgados, incluidos materiales aparentemente relacionados con revisiones financieras y correspondencia. Los investigadores registraron propiedades vinculadas a Peña mientras examinaban presuntas irregularidades.
Peña y Carvallo enfrentan cargos por presunto abuso de confianza y administración en beneficio propio. Ambos niegan haber cometido irregularidades y permanecen en prisión preventiva. Las acusaciones no han sido demostradas ante los tribunales.
Mientras tanto, maestros de escuelas públicas protestaron el lunes por los fondos de pensiones depositados en el banco quebrado. Representantes del magisterio afirmaron que Alliana prometió trabajar para recuperar esos recursos.
El desafío mayor involucra depósitos públicos estimados en unos 800 millones de dólares, gran parte de ellos vinculados a sistemas de pensiones. La recuperación de los ahorros personales asegurados no resuelve automáticamente las pérdidas ni la exposición financiera de las instituciones gubernamentales.
Las autoridades sostienen que el proceso de resolución busca proteger a los depositantes y al sistema financiero en general. Sin embargo, la investigación, los fondos públicos en disputa y la agitación política mantienen a Paraguay enfrentando interrogantes sobre la supervisión regulatoria y la confianza en sus bancos.
Los próximos reembolsos y el resultado de la investigación penal determinarán si puede restablecerse la estabilidad financiera y política.
