pro Janet Murguía
“Trabajo. Soy una ciudadana productiva. Pero cuando del seguro médico se trata, ¿qué hay por allí para mí?”
Cualquiera de los 15 millones de hispanos en los Estados Unidos que no tienen seguro médico podrían haber pronunciado estas palabras, pero es hasta más triste oírlas de Marytza Sanz, presidenta de Latino Leadership, Inc., una organización de base en Florida.
Como líder de Latino Leadership, la prioridad más importante para la señora Sanz es la de apoyar a la comunidad latina del centro de la Florida con aumentar el acceso que tiene a servicios de salud preventivos mediante mayor conocimiento de las opciones disponibles. No obstante, a pesar de su misión de larga duración, la señora Sanz, quien sufre de la diabetes, no puede ni ella misma conseguir cuidados médicos de calidad, los cuales rinde asequibles a tantas otras personas.
La situación de la señora Sanz es un ejemplo de las luchas por las que pasan un sinnúmero de familias latinas. Sin disfrutar de un acceso regular a cosas tan esenciales como la insulina, los materiales y consistencia en los chequeos médicos, la señora Sanz tiene dificultades en administrar con facilidad su diabetes. Esta misma incapacidad de regular la condición médico propia es la razón por la que los latinos sufren de un riesgo mayor de desarrollo de condiciones médicas crónicas como la obesidad y la diabetes en primer lugar.
Los estudios muestran que las barreras lingüísticas y el poco conocimiento de temas de salud son los que amplían la brecha en disparidades en cuanto a la salud, y que previenen que los pacientes entiendan las instrucciones de su doctor, llevando a complicaciones peligrosas, hasta fatales, como resultado de un error médico.
Los que sufren de una enfermedad crónica se ven enfrentados con otras barreras al acceso a cuidados médicos. Por ejemplo, la mayoría de programas de seguro médico rechazaría de inmediato a alguien como la señora Sanz. Los que ofrecen una cobertura mínima exigen pagos mensuales de $800 o más. Muchos latinos encuentran que les resulta cada vez más difícil pagar precios tan astronómicos, lo cual efectivamente los prohíbe el acceso al sistema de salud.
Por lo tanto, no sorprende que más de la tercera parte de los hispanos carezca de seguro médico. Como resultado, muchos no visitan a los doctores para obtener servicios rutinarios de salud, ni van tampoco a la sala de emergencia.
Queda claro que tenemos que revisar por completo nuestro sistema de cuidados médicos para asegurar que todo individuo pueda disfrutar de una vida sana y productiva, a la cual tiene todo derecho. Por esta razón el Consejo Nacional de La Raza (NCLR por sus siglas en inglés) y un grupo bipartidario de más de cien miembros del Congreso respaldan legislación propuesta a hacer más asequibles a la comunidad latina los servicios críticos de salud.
El proyecto de ley, Health Equity and Accountability Act of 2007, promovido por la representante Hilda Solís (demócrata por California) y el Tri-Caucus del Congreso, implicaría un mejoramiento drástico en cuanto a oportunidades para los latinos y otras comunidades de color, lo cual resultaría en la reducción de las actuales disparidades del sistema de salud al hacer más diversa la fuerza laboral, al instituir nuevos programas en los hospitales que sirve a estas poblaciones, y al recoger información relacionada al acceso a los cuidados médicos.
Mejorará la comunicación al aumentar los fondos destinados a servicios de interpretación de lenguas, y actividades de promoción de la salud en las comunidades, las cuales dan a las familias acceso a información médica vital y fácil de comprender.
Con establecer una Oficina sobre las Disparidades en cuanto a Salud dentro de la Oficina sobre Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, junto con oficinas de cumplimiento en el rendimiento de derechos civiles dentro de otras agencias, este proyecto de ley toca un tema hasta más fundamental al corazón de nuestros valores nacionales: la tradición de proteger los derechos de todos con alzar el poder de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad.
Mientras que esta legislación sería óptima para Marytza Sanz, también sería una contribución importante a los objetivos de su organización, la cual pone énfasis en las necesidades de salud de los niños. Actualmente a los niños y las mujeres embarazadas inmigrantes que viven aquí legalmente, se les prohíbe el acceso al programa de Medicaid y Seguro Médico Estatal para Niños (SCHIP por sus siglas en inglés), durante los primeros cinco años que residan en los Estados Unidos. Si llega a aprobarse, este proyecto de ley aumentaría el acceso a programas de salud para estas mujeres y estos niños.
Sabemos que una fundación fuerte y sana es esencial a la provisión del mejor comienzo físico, mental y emocional en la vida a los niños, entonces debemos acoger estas medidas, las cuales traen esta realidad a más de la juventud de este país.
Lo que sacrifican las personas individuales como la señora Sanz por el bienestar de las comunidades desaventajadas no debe pasar sin ser reconocido. Por el servicio que rinde como un vínculo crucial a los cuidados médicos, la señora Sanz se merece una cobertura médica adecuada, para que pueda realizar más eficazmente su labor, y, lo que es más importante, pueda vivir su vida sin la preocupación constante por su propia condición médica. Cuando los proveedores mismos van sin ser asegurados, sabemos que es hora de dirigirnos a las desigualdades en el sistema de salud. Este proyecto de ley es una oportunidad dorada para que el Congreso de verdad sea campeón de la causa de hacer más asequibles los cuidados médicos a los que más los necesitan.
(Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, la organización nacional más grande de apoyo y defensa de derechos civiles de hispanos en Estados Unidos, redacta un comentario mensual para Hispanic Link News Service. Se invita a los lectores a responderle a: opi@nclr.org).