­por José de la Isla

HOUSTON – En agosto, a sólo unas horas después de anunciar que renunciaría, el asediado Fiscal General de la Nación, Alberto Gonzáles habló con Rubén Navarrette, columnista del San Diego Union Tribune.

El Fiscal le dijo a Navarrette que quería ser recordado como “alguien que hizo lo mejor que pudo…con base en lo derecho y lo justo”.

Parece ser buena vara con la que medir su servicio público. Pero aun había más sobre Alberto Gonzáles que no se conocía.

Cuando renunció Gonzáles, Richard Prince, en su columna en línea, “Journal-isms”, notó que todas las notas sobre la renuncia del Fiscal General mencionaron que fue el primer hispano en servir en ese cargo. Aquella designación supuestamente complicó – o limitó – el que algunos comentadores fueran demasiado críticos con él. Después de todo, era un logro que marca un hito el ser latino y tener el cargo de Fiscal General, digno de un sentimiento de orgullo.

Navarrette parece ser uno de los que no estaba seguro que a Gonzáles lo trataron con justicia durante las hazañas legales en las que se encontró enredado. En aquella entrevista con Navarrette, Gonzáles reconoció que “en algún momento, saldrán todas las verdades y la gente puede llegar a su propio juicio”.

Ese momento ha llegado. Los optimistas podrán encontrar ahora que las verdades no caen muy bien.

El 4 de octubre, el New York Times reveló que poco después de que Gonzáles asumiera el cargo de Fiscal en febrero del 2005, su Departamento de Justicia emitió un opinión secreta, en la cual Gonzáles aprobó el memorando legal que autorizaba “abrumar a los sospechados terroristas con una combinación de tácticas dolorosas físicas y psicológicas”, de acuerdo con el Times.

Los métodos incluían cachetadas a la cabeza, el ahogo simulado y temperaturas frígidas. Algunas de las prácticas de tortura anteriormente se habían retractado cuando se revelaron después que un grupo de trabajo que dirigiera Gonzáles en la Casa Blanca las había concedido sanción legal.

Como consejo legal al presidente Bush, Gonzáles manejó el grupo que había concebido los documentos de tortura draconiana, otorgando sanción legal a métodos que violan las Convenciones de Ginebra en cuanto al trato de prisioneros de guerra.

Eso de por sí solo no obstruyó el que lo nombraran fiscal de la nación. Pronto, se le implicó en la interferencia cuestionable de la Casa Blanca que llevó a que nueve fiscales estatales fueran despedidos de sus cargos.

Durante audiencias cruciales sobre el asunto, Gonzáles testificó 71 veces que no recordaba o que no podía recordar reuniones importantes sobre el tema.

A finales del año pasado, con su liderazgo del Departamento de Justicia en cuestión, Gonzáles se enfrentó a escrutinio sobre si había testificado verazmente, obstruido o engañado a la encuesta del Congreso sobre las despedidas y los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional.

Ahora con la revelación que aprobó las técnicas de interrogación más severas que implementara la CIA, hasta los defensores más acérrimos de Gonzáles se verán en dificultades al querer racionalizar por él. Su propio diputado en el momento, James B. Corney, les dijo a sus colegas del Departamento de Justicia que estarían todos azorados cuando el público aprendía del memorando.

Dos días antes que el Times publicara la revelación, en lo que parecía ser otro asunto referente al Mes de la Herencia Hispana, Gonzáles ofreció un comentario a CNN. En su comentario definió los valores hispanos como el sacrificio, el trabajo arduo, la iniciativa personal, la dedicación a la familia, y la perseverancia frente a la adversidad. Son buenos valores, y no sorprende el que sean similares a los valores personales a los que se refirió durante las turbulentas semanas antes de su muy deseada renuncia.

para la condescendencia política, que suena a altos valores, pero que guarda poco sentido.No son las calidades de distinción que resultan de la “experiencia hispana” como fue asignado. En realidad, la respuesta suena mucho a los lugares comunes que se usan

Una descripción más verídica de la experiencia hispana, en particular al salir de la década de los 1970, reconocería el impulso latino por el derecho al voto y la representación a todo nivel de gobierno, la exigencia de un gobierno justo que sepa responder a la comunidad, la oportunidad de participar en todos los sectores de la sociedad y de la economía, procedimientos justos, y respeto por los derechos civiles.

Son estos valores los que sesgan la división de los partidos. No son propiedad exclusiva de nadie. Descansan sobre el dominio de los valores sociales – hasta las normas universales – no simplemente los valores personales.

Se debe tomar a estos valores sociales también como medida del rendimiento del anterior fiscal general mientras ocupó el cargo. Los que buscan justificar la tortura no deben ser permitidos nunca ocultarse tras sus valores hispanos. La violación de la confianza del público y el alzarse con los secretos no encontrarán albergue en los valores cívicos hispanos.

[José de la Isla, autor de “The Rise of Hispanic Political Power” (Archer Books, 2003), redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service. Comuníquese con él a: joseisla3@yahoo.com]. © 2007

por Janet Murguía

Han llegado a formar parte del ciclo diario de noticias los relatos sobre las familias enfrentadas a la ejecución de su hipoteca por lo que se fiaron de prestamistas. Los prestamistas deshonestos ofrecían aprobación fácil y rápida, lo cual dejó a prestatarios mal informados con financiamiento riesgoso, costoso y, en algunos casos, engañoso.

En días recientes, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Paulson Jr., ha señalado a las malas prácticas de préstamos como la razón por la cual tenemos un declive en el mercado hipotecario hoy.

Concordamos por entero con él. La actual crisis es más evidencia de los defectos del sistema hipotecario – de los cuales el Consejo Nacional de La Raza y muchas otras organizaciones hace tiempo ya han advertido – y deja a los prestatarios latinos y otros vulnerables a prácticas de préstamo poco éticas.

Las viviendas constan los bienes raíces más importantes para la gran parte de las familias. Para las familias de bajos ingresos, una casa representa la primera y a veces única posibilidad de acumular riqueza. El Congreso y la industria hipotecaria deben actuar ahora mismo para proteger lo que se ha progresado en la realización del Sueño Americano — el ser propietario de vivienda — y para prevenir que ese sueño se vuelva pesadilla para millones de familias.

Los préstamos abusivos amenazan lo mucho que han avanzado los hispanos para llegar a ser dueños de vivienda durante la última década. Demasiadas familias de bajos recursos en la comunidad latina se han visto arrastradas a sacar préstamos costosos, aun cuando contaban con un buen historial crediticio. Los índices de ejecución de la hipoteca personal están a un nivel alto sin precedentes, y es probable que sigan subiendo.

Pero se vislumbra una esperanza. Nos da ánimo lo hallado en un informe que produjo el Consejo Nacional de La Raza y la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP por sus siglas en inglés), que enfatizan las mejores prácticas de los agentes de hipotecas quienes obran por el bien de la comunidad.

Muchos de los agentes entrevistados para el informe expresaron frustración con el que otros de su industria se aprovecharan de la confianza puesta en ellos por las familias, al guiarlas hacia préstamos de altos costos que rinden ganancias para el agente hipotecario, pero que son de alto riesgo para el prestatario. Como dijo un participante, “Ocho de cada 10 de estas familias (con la hipoteca ejecutada) nunca debieron haber sido aprobadas para recibir el préstamo”.

Estos profesionales de la industria inmobiliaria se dan cuenta que la industria hipotecaria debe reformarse para promover el hacer préstamos responsablemente y proteger a los prestatarios vulnerables.

El informe, Saving Homes, Saving Communities: Latino Brokers Speak Out on Hispanic Homeownership (Protegiendo nuestros hogares: agentes hipotecarios latinos defienden los derechos de los propietarios de vivienda en su comunidad), es una indicación que podemos obrar mejor. Algunos dirigentes de la industria han anunciado planes para apoyar iniciativas de consejería para prevenir la ejecución de la hipoteca.

Otros están dando pasos para modificar los términos de préstamo que no están al alcance económico de los prestatarios afligidos. Pero éstas no son tendencias que se ven a nivel de toda la industria. Tenemos que hacer más.

Es necesario implementar una campaña nacional contra la ejecución de hipotecas que obligue a todos los interesados a contribuir a la solución.

Wall Street debe concordar sobre nuevos principios bajo los que considerará modificar los términos de préstamos que nunca iban a estar al alcance del prestatario. Los prestamistas deben dar prioridad al desarrollo de préstamos al alcance de las necesidades crediticias de los prestatarios marginalizados. Y también, la comunidad latina debe incitar al Congreso a aprobar legislación en contra de las prácticas abusivas de préstamos para acabar con las prácticas insostenibles que están al fondo del alce alarmante de los índices de ejecución hipotecaria.

La industria sin fines de lucro de consejería en temas de vivienda debe también prepararse para dar cara a las exigencias de las familias que se ven enfrentadas a una crisis económica. Estas organizaciones saben cómo conseguir hipotecas seguras y justas para familias trabajadoras y saben educar a las familias en cuanto a ser responsables con los préstamos que reciben.

(Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, la organización nacional más grande de apoyo y defensa de derechos civiles de hispanos en Estados Unidos, redacta un comentario mensual para Hispanic Link News Service. Se invita a los lectores a responderle a: leadership@nclr.org o a comunicarse con alguno de los grupos mencionados aquí en www.nclr.org/homeownership). © 2007