By Jorge Mujica
Extravagante. Esta es la palabra más simple para describir ridículo destino de millones de dólares, 17 por lo menos, que se le confiscó ilegalmente a centenares de personas, la mayoría inmigrantes, después de enviarla por Western Union.
La aventura de la lana comenzó por allá por el 2004, curiosamente como producto secundario de la reforzada vigilancia fronteriza en el estado de California, la famosa Operación Guardián iniciada por el gobierno de Bill Clinton, que desvió a cientos de miles de inmigrantes al vecino estado de Arizona.
Entre Septiembre de 2004 y Octubre de 2006, Western Union obedeció una orden de las autoridades de Arizona y confiscó millones de dólares que clientes de 29 estados trataron de mandarle a sus familiares y amigos en ese estado y el estado mexicano de Sonora. El pretexto era que la lana se usaba para pagar “coyotes”, en Sonora y Arizona, que cruzaban inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, y era parte de la campaña de reforzar la frontera.
La cosa es que la confiscación del dinero no tenía bases reales caso por caso, la “sospecha razonable” que marca la ley, y ni Western Union se sentía confortable haciéndolo. Denunciaron las confiscaciones como ilegales e inconstitucionales, porque ningún estado, dice la Constitución, puede tomar “acciones legales sin fundamentación legal en su contra”, ni confiscar propiedades “sin un proceso legal completo y justificado”, ni tampoco limitar la “libertad de realizar transacciones comerciales entre estados e internacionales”, y demandaron al Procurador General de Arizona Terry Goddard contra las confiscaciones. Hace 8 meses la Suprema Corte de Arizona le dio la razón a Western Union en el caso de Sonora.
Por otra parte, Western Union buscó una organización de inmigrantes, la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois, ICIRR, para que presentara una demanda de clase, de todos los afectados, contra el Fiscal de Arizona.
…Y salir Trasquilado
Donde el caso se vuelve terriblemente extravagante, es por que hace un par de semanas Western Union anunció un “acuerdo” con Arizona, según el cual le paga 94 millones de dólares al estado. El Procurador Terry Goddard, ahora candidato a gobernador, se declara feliz y dice que usará la mayoría del dinero para reforzar aún más la vigilancia fronteriza. Más aún, le declara al New York Times que “reanudará las confiscaciones”.
Del dinero confiscado originalmente a cientos de miles de inmigrantes, ni una palabra. Como quien dice, no solo se les confiscó su lana ilegalmente sino que además se va a usar para pagar más vigilancia fronteriza. Western Union dice que su lana está incluida en lo que pagará a Arizona, y se echó para atrás en su promesa de entregar declaraciones juramentadas de sus abogados sobre las confiscaciones y las órdenes que recibió para ejecutarlas. Y por supuesto, Western Union no dice nada acerca de por qué fue por lana y salió trasquilada.
Y si la compañía salió trasquilada, los clientes de plano están calvos. Su demanda sigue pendiente y podrían pasar años para que les devuelvan su lana. Más aún, se complica terriblemente porque tendrá que establecerse si la debe pagar Western Union o Arizona.
Western Union gana cientos de millones de dólares con las cuotas que le cobra a los inmigrantes por mandar remesas a sus países de origen o a otros inmigrantes de este país. De perdida, sus clientes merecen un trato de dignidad y respeto, y no que se les robe dinero y luego se use para aplicar medidas anti-inmigrantes.
Para poner presión sobre Western Union, ahora está circulando una petición para que devuelvan la lana a sus clientes, con intereses y todo, incluyendo en su “acuerdo” con Arizona la creación de un fondo de reembolso para los afectados, y la garantía de que la remesadota no cooperará con ninguna confiscación ilegal del dinero de sus clientes en el futuro. Si gusta firmar la petición, búsquela en Internet. (http://immigration.change.org/actions/view/tell_western_union_to_stop_seizing_customers_cash).
Y más que resoluciones legales, hay que tomar acciones de otro tipo.
“Ustedes pueden haber “comprador la paz” con las autoridades de Arizona”, como dice la demanda, “pero pueden estar seguros de que a menos de que respondan este llamado haciendo lo correcto para sus clientes, nosotros haremos lo que podamos para reveler públicamente sus acciones y para invitar a sus clientes a cambiar de servicio”.
