por el equipo de El Reportero
Un grupo de pacientes, cooperativas y propietarios han interpuesto una demanda contra el gobierno federal, buscando detener la aparente ofensiva estatal contra la marihuana médica.
Los abogados que representan la coalición han interpuesto la demanda simultáneamente en tres distritos federales de California; San Francisco, Sacramento y Los Ángeles. Esta acción, sostienen, es una respuesta a las amenazas de piratería de propiedad y procesos criminales, que el Fiscal de EE.UU. Eric Holder y otros cuatro fiscales del gobierno han hecho a los propietarios y arrendatarios de los edificios donde las cooperativas de cannabis trabajan legalmente.
Briana Bilbray, una sobreviviente de cáncer del área de San Diego dijo: “No solamente el Fiscal de EE.UU. está infringiendo mi derecho como residente de California para obtener la medicina que necesito, sino que me está castigando al hacer más difícil obtener la única cosa que necesito como paciente.” “Es uno de los peores sentimientos imaginables.”
Hablando en una conferencia de prensa el lunes, Matthew Kumin, uno de los abogados que está demandando al gobierno de EE.UU., dijo que el pueblo de California va a contraatacar. “Este es un esfuerzo múltiple y organizado para llegar a la corte y enviar un mensaje al gobierno de que necesitamos detener la agresión y sentarnos y hablar razonablemente sobre estos temas,” dijo Kumin.
Policía de Oakland dice que son el 99%
La Asociación de Oficiales de Policía de Oakland, una institución que representa a 645 oficiales publicó una carta abierta en su sitio web el 1 de noviembre, declarando que, como la gente acampando en la plaza Frank Ogawa, también son el 99 por ciento. “Estamos luchando pro mejores condiciones laborales, un tratamiento justo y la capacidad para brindar una vida a nuestros hijos y familias” dice la carta.
El grupo también comparte su confusión por las decisiones tomadas por el Alcalde Jean Quan respecto del movimiento Occupy Oakland, que acampa en la Plaza Frank Ogawa desde septiembre pasado. La declaración dice “el martes 25 de octubre, el alcalde Quan nos ordenó despejar el campamento en la Plaza Frank y mantener a los manifestantes fuera de la Plaza … luego, el miércoles 26 de octubre, el alcalde permitió que los manifestantes volvieran– a acampar en el mismo lugar de donde fueron evacuados el día antes.”
Para la Asociación del Oficial, esto no solamente es confuso, sino también una señal de una mala decisión y un desperdicio de recursos.
“Los eventos de la semana pasada (la redad del 25 de octubre) solamente costaron a los contribuyentes de Oakland más de $1 millón.”
La carta abierta también dice que los funcionarios no fueron permitidos para tomarse el día libre el 2 de noviembre, el día de la huelga general. Esa decisión, indica la declaración, está “costando cientos de miles de dólares de los contribuyentes– en un momento en que el alcalde también está pidiendo a los residentes de Oakland que voten un paquete de impuestos de $80 para salvar las fallidas finanzas de la Ciudad.”