[Author]by Angilee Shah[/Author]
Para Prerna Lal, la forma como la información de la deportación es analizada y explicada es personal. Ella fue otrora una inmigrante indocumentada y, para ella, las estadísticas de la deportación representan las vidas de las personas.
“Hay una motivación política detrás del juego de los números”, dice Lal. “Podemos recortar las cifras de cualquier manera, pero persiste el hecho de que el número real de de portaciones son dos millones. Son miembros de nuestra comunidad que trabajan duramente –madres, hermanos, miembros de nuestra familia”.
Lal es miembro de la recién creada No Más Comisión de Cinta Azul, un proyecto que representa los intereses de la gente afectada por la deportación y la detención. Y para que quede constancia, ella dice que el presidente Barack Obama es “el deportador en jefe”, etiqueta que los activistas de inmigración le han aplicado recientemente.
Durante la administración de Obama ha habido una estimación de dos millones de deportaciones, alrededor de 400,000 cada año de 2009 a 2012. The New York Times, utilizando la Ley de Libertad de Información, obtuvo datos que demuestran que aproximadamente dos tercios de estos casos eran personas sin o con antecedentes penales menores.
Comparemos estos datos con los de 1975-1996, cuando el número promedio de las deportaciones al año era aproximadamente de 30,000, según el Departamento de Seguridad de la Patria. Al aprobarse las leyes que aumentaban el rango de las ofensas de deportación, el número de deportaciones se incrementó a más de 250,000 al año de 1997 a 2012.
Allison Brownell Tirres, un especialista en leyes de inmigración e historiador en la Universidad DePaul, dice que el gran aumento es resultado de las leyes aprobadas en 1996, antes de que Obama ocupara el cargo. Estas leyes ampliaron significativamente el rango de las ofensas de deportación, para incluir delitos menores como posesión de mariguana o girar un cheque sin fondos, mientras se restringía la discrecionalidad de los juzgados.
“Les hemos atado las manos a los jueces en términos de poder brindar apoyo a la deportación. Antes tenías a alguien que ha estado aquí por 30 años, con buen carácter moral, y podías concederle apoyo a la deportación y una vía a la legalización. Ahora han dejado de existir esos mecanismos, dice Tirres.
Las dos leyes, la Antiterrorista y la de Pena de Muerte Efectiva (AEDPA), así como la Ley de Responsabilidad de la Inmigración y el Inmigrante Ilegal (IIRIRA), eran parte de una agenda de “ley y orden”, dice Doris Meissner, antiguo Comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos durante la administración de Clinton. En un tiempo –explica ella– el sistema de inmigración era percibido como lleno de lagunas, como “el patio de recreo de un abogado”
“La administración Clinton objetó muchos elementos de la ley, pero al final el presidente la firmó porque la administración estaba comprometida con el fortalecimiento de la ley de inmigración”, agrega Meissner, actualmente miembro honorario del Instituto de Política Migratoria (MPI), un centro no partidista de Washington, DC. “Éste es un sistema que se desempeña tal como fue diseñado desde hace veinte años, con apoyo al otro lado del pasillo”.
Las deportaciones aumentaron tras los ataques del 11 de septiembre, cuando el enfoque en la seguridad de la frontera “se fue por los cielos” porque se volvió parte de la respuesta de seguridad nacional, “aunque los secuestradores entraron ilegalmente al país”, afirma Meissner. Se canalizaron grandes sumas de dinero para fortalecer las leyes migratorias, creando tanto la infraestructura como la tecnología que permiten la deportación tal como la vemos hoy día. El financiamiento a las leyes migratorias se ha incrementado de 1.2 a 17.7 billones en 2013, según afirma Meissner en un ensayo del que es coautora para el MPI.
Debido a que el aumento de las tasas de deportación tiene tan hondas raíces, Meissner sostiene que la etiqueta de “deportador en jefe” no es justa para Obama, pero “trasmite un sentido de desilusión y consternación profundas. Hay un dolor enorme”.
Tanya Golash-Boza, socióloga de la Universidad de California, Merced, y autora de Nación Inmigrante, disiente. Ella dice que Obama cuando ocupó el cargo podría haber hecho mucho más para cambiar el Departamento de Seguridad de la Patria.
“La misión del el Departamento de Seguridad de la Patria bajo Janet Napolitano (entonces secretaria del DHS) era la ley de inmigración –agregó–, pero no era necesario. Mientras que es una exageración decir que más de 2 millones de deportaciones equivalen a 2 millones de personas o 2 millones de familias separadas. Golash-Boza dice que la escalada de deportaciones le ha valido a Obama el apodo de “deportador en jefe”.
Mientras que el nombre oscurece las causas que han llevado al pico de las deportaciones, hay maneras en que la administración de Obama podría ayudar a frenar las deportaciones a corto plazo, expresa Tirres. La Ley de Inmigración y de Nacionalidad da a la administración discrecionalidad sobre cómo proceder. Por ejemplo, el programa de 2012 Acción Diferida para Llegadas de Infancia (DACA) da al Departamento de Seguridad de la Patria la habilidad de priorizar qué leyes aplicar.
“Esto no es diferente de la discrecionalidad que poseen los fiscales criminales”, sostiene Tirres. “Ellos tienen capacidad absoluta de decidir si van a presentar cargos, y sin mucho escrutinio constitucional o judicial”.
Noventa y seis profesores, incluyendo a Tirres, firmaron una carta al presidente en mayo de 2012, que destacaba tres formas de frenar las deportaciones utilizando la autoridad del ejecutivo.
Tirres añade una cuarta: la adiministración de Obama puede asegurar que el Depàrtamento de Seguridad de la Patria está cumpliendo con el “Memo Morton”, una directiva de 2011 para ejercer discrecionalidad sobre qué casos de inmigración indocumentada perseguir. De acuerdo con el memo, los residentes de largo tiempo en Estados Unidos, la tercera edad o los enfermos, por ejemplo, deben ser tratados con cuidado especial y consideración.
Desde la perspectiva de Lal, Obama debería utilizar hasta el último grano su autoridad ejecutiva para ofrecer indultos. Ella se mudó a los Estados Unidos con sus padres desde las Islas Fiji, antes del golpe militar de 2000. Sus padres, apoyados por la abuela, ciudadana norteamericana, esperaron durante largo tiempo y obtuvieron sus green cards nueve años después. Por esos años, Lal contaba 24 y “ya tenía la edad” para ganar la ciudadanía vía sus padres.
Cuando los hijos cumplían 21 no podían seguir siendo parte de las licitaciones de sus familias para la ciudadanía y tenían que reiniciar todo el proceso de petición.
El caso de Lal se acaba de resolver este mes, después de que ella pasó tres años en audiencias de deportación.
“Hay potencial para brindar apoyo a nuestras familias”, dice.
