por José de la Isla
Hispanic Link News Service
CIUDAD DE MÉXICO, D.F.– Dos armas de calibre militar se hallaron junto al cadáver de un asesinado agente fronterizo estadounidense en diciembre. Las armas formaban parte de un arsenal al que presuntamente seguían el rastro agentes de la ATF (Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos por sus siglas en inglés), pero al que terminaron por perder.
Evidentemente , se permitió la circulación desde Houston y Tampa armas similares.
Se permitió el tránsito ilegal de unas 2.000 armas desde Phoenix para terminar en manos de los carteles de narcotraficantes, en un operativo extraño, con intenciones mortales de incitación a delinquir para poder rastrear el movimiento de las armas hacia las organizaciones criminales en México, y éstas aparecieron en lugares de delitos cometidos.
Durante la audiencia realizada el 26 de julio por el Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre Supervisión y Reforma Gubernamental, la intención era rastrear el movimiento de las armas al revés, para determinar cuál de las autoridades gubernamentales estadounidenses sabía qué y cuándo lo supo, porque como se sabe ya, los agentes que participaron del operativo Fast and Furious le perdieron el rastro.
El motivo poco verosímil del operativo en un principio era que los investigadores de delitos cometidos en México conocerían el origen de las armas y en cuál de las organizaciones criminales habían acabado – después que los delincuentes provocaran el caos.
Hasta el momento parece que la audiencia se está fijando en el número de armas (2.000, 1.800 o 1.600), pero la pregunta sin hacerse que es más importante es: ¿cuántos inocentes murieron, fueron heridos, o sufrieron por el uso de estas armas, tal como el agente fronterizo asesinado? El tema es humanitario.
Lo enteramente verosímil es que muchos individuos resultaron ser víctimas en las villas y los pueblos que fueron acribillados por criminales de grupos organizados. Podrían entablar juicios de muerte por negligencia y otros casos contra cada eslabón de la cadena de muertes y heridas. Han de ser presentados esta clase de casos jurídicos – en México, en los Estados Unidos y ante tribunales internacionales.
Además, existen ahora buenas razones por las que preguntarles a las autoridades de los Departamentos de Estado y de Defensa estadounidenses cuál fue en realidad el razonamiento detrás de sus informes que alegaban proyecciones fracasadas estatales y denuncias de inestabilidad antes de implementar el operativo Fast and Furious.
Hay otras preguntas que merecen investigación, así como la venta de armas provenientes de arsenales del Departamento de Estado a organizaciones de fachada para los carteles, y envíos de parte del crimen organizado desde el mismo aeropuerto que usa la DEA en Texas. Todo esto podría ser coincidencia. Por ejemplo, las autoridades mexicanas han declarado públicamente que no se les informó sobre el operativo Fast and Furious.
Tampoco fueron informados los agentes de la misma ATF en México, ni agencias de cooperación como la DEA, la FBI, ni tampoco la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigación ni la Policía Federal mexicanas. Pero la posible razón menos factible por su desmoronamiento se dio en una carta editorial del periódico The Washington Post.
El periódico profirió la pobre excusa burocrática que la operación Fast and Furious se convirtió en un fiasco fue porque el “presupuesto (de la ATF) ha sido blanco repetidas veces (del Congreso de EE.UU.) y con frecuencia no contaba con los medios para hacer el seguimiento”.
En otras palabras, altas y bien remuneradas autoridades gubernamentales no tenían los recursos para hacer una llamada por Skype que costara dos centavos para dar la alerta a sus propios agentes sobre el hecho que los criminales tenían armas que podrían usar contra ellos. Con dos centavos más podrían haberles dado la alerta a las autoridades mexicanas.
Carlos Canino, jefe de operaciones de la ATF en México, dijo en las audiencias del Congreso:
“Quiero dejar perfectamente en claro … en ningún momento tuve yo conocimiento que los agentes de la ATF le hacían seguimiento a traficantes de armas conocidos o sospechados… Nunca, jamás…me imaginaría yo…que dejaríamos que eso ocurriera”.
Pero sí que ocurrió. Esta hazaña no debe ser convertida en algo que no es. Se trata del tráfico ilegal de armas, de un desenlace burocrático, de la muerte, la herida, el pánico, la inestabilidad social. No se trata de las trampas de un oficialismo estilo Houdini que hacen desaparecer el tema.
Mantengámonos alerta a nuevas revelaciones.
He ahí mis dos centavos de opinión.
(José de la Isla, columnista de distribución nacional con los servicios de noticias Hispanic Link y Scripps Howard, ha sido reconocido durante dos años consecutivos por New America Media. El título de su próximo libro a publicarse es: “Our Man on the Ground”. Sus libros previos incluyen, “DAY NIGHT LIFE DEATH HOPE” (2009) y “The Rise of Hispanic Political Power” (2003), disponibles en joseisla2@yahoo.com)
