por Marvin Ramírez
Francisco se ha convertido en una ciudad donde la supervivencia es subsidiada, pero el progreso se castiga silenciosamente. Durante años, los gobiernos municipales y condales han promovido desarrollos de vivienda dirigidos a residentes de bajos ingresos como la respuesta principal a la crisis de asequibilidad. Estos edificios no son construidos por agencias gubernamentales. Son levantados por promotores privados, pero bajo condiciones dictadas por las ciudades mediante normas de zonificación, aprobaciones de planificación y permisos de construcción.
A cambio del derecho a construir, los promotores deben incluir apartamentos por debajo del precio del mercado. La lógica es sencilla: utilizar el desarrollo privado para producir viviendas que las personas con ingresos limitados puedan pagar. Para las familias sin otras opciones, estas unidades ofrecen estabilidad en una de las ciudades más caras del país. Proporcionan un techo, previsibilidad y alivio frente a la amenaza constante del desplazamiento.
Pero la estabilidad por sí sola no es suficiente. Lo que falta en este modelo es un futuro.
En San Francisco, la vivienda con restricciones de ingresos tiene techos estrictos. Los inquilinos deben recertificar sus ingresos una o dos veces al año. Si ganan muy poco, luchan por sobrevivir. Si ganan un poco más, corren el riesgo de perder su hogar. Un aumento salarial, horas extra o un segundo empleo pueden convertirse repentinamente en una carga. Avanzar se vuelve peligroso. La ambición se castiga.
Este sistema puede prevenir la falta de vivienda, pero no crea movilidad. Congela a las familias en un nivel económico específico y desalienta silenciosamente el progreso. La vivienda asequible, tal como está estructurada actualmente, funciona menos como un puente y más como una zona de retención permanente, donde los residentes solo pueden quedarse si siguen siendo lo suficientemente pobres como para calificar. No hay graduación, solo cumplimiento.
Esta realidad cobró nueva urgencia después de que Donald Trump anunciara planes para restringir a los grandes inversores institucionales la compra de viviendas unifamiliares. La propuesta ha generado reacciones políticas previsibles, pero su premisa subyacente refleja una experiencia que muchas familias ya viven. Cuando los inversores corporativos entran al mercado inmobiliario con ofertas en efectivo y la capacidad de pagar por encima del precio de mercado, los compradores comunes quedan desplazados.
En toda California y gran parte del país, los inversores institucionales y las grandes corporaciones han transformado el mercado de viviendas unifamiliares. Al pagar por encima del precio solicitado, renunciar a contingencias y moverse más rápido que las familias que dependen de hipotecas, reajustan los valores de las propiedades y elevan los precios. Barrios enteros se encarecen de la noche a la mañana, no porque los salarios aumenten o las comunidades prosperen, sino por la especulación.
Las consecuencias son profundas. Maestros, empleados municipales, trabajadores de la salud y propietarios de pequeños negocios —personas que antes podían aspirar razonablemente a comprar viviendas modestas— ahora son inquilinos permanentes. En San Francisco, el sueño de ser propietario de una vivienda se ha desvanecido hasta el punto de apenas mencionarse en los debates sobre políticas de vivienda. La atención se ha desplazado casi por completo hacia la oferta de alquiler, no hacia las oportunidades de propiedad.
Al mismo tiempo, las ciudades siguen aprobando desarrollos de alquiler a gran escala con unidades obligatorias por debajo del mercado. Estos proyectos ayudan a los gobiernos locales a cumplir objetivos de vivienda y requisitos estatales, pero no hacen nada para abordar la desaparición de la propiedad como una meta realista para las familias trabajadoras. La suposición parece ser que algunos residentes siempre alquilarán, y que esta condición es aceptable, incluso permanente.
No debería serlo.
Quienes califican para apartamentos por debajo del precio del mercado deberían tener la oportunidad de convertirse en propietarios de esas viviendas. Esto no es una idea radical. Es una propuesta lógica y humana. A los inquilinos que pagan el alquiler de manera constante, mantienen sus hogares y demuestran responsabilidad financiera se les deberían ofrecer vías claras y estructuradas hacia la propiedad. Esto podría incluir programas de alquiler con opción a compra, modelos de participación accionaria, cooperativas de participación limitada o sistemas de compra gradual respaldados por agencias públicas.
La propiedad es la forma en que se construye la riqueza en este país. Es la manera en que las familias crean estabilidad y transmiten oportunidades a sus hijos. Sin propiedad, la vivienda asequible se convierte en un mecanismo para administrar la pobreza en lugar de erradicarla. Generaciones enteras quedan atrapadas en el alquiler, sin nada que heredar salvo la incertidumbre.
El modelo actual de San Francisco logra lo contrario de lo que afirma lograr. Una familia que mejora sus ingresos no es recompensada con mayor seguridad; es amenazada con el desplazamiento. No existe un proceso de transición, ni acumulación de patrimonio, ni reconocimiento de que el progreso debe fomentarse en lugar de temerse. La red de seguridad desaparece precisamente cuando debería convertirse en una escalera.
Este resultado no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas. Las ciudades controlan la zonificación, los permisos y los requisitos de asequibilidad. Tienen el poder de exigir no solo unidades por debajo del precio del mercado, sino también vías hacia la propiedad. Pueden insistir en que los desarrollos de vivienda incluyan mecanismos para que los residentes generen patrimonio y, con el tiempo, sean propietarios de donde viven.
La vivienda asequible debe seguir siendo parte de la solución. Pero no puede ser el destino final. Si el verdadero objetivo es sacar a la gente de la pobreza, la política de vivienda debe permitir que las personas sean propietarias, acumulen patrimonio y dejen algo a la próxima generación.
