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A pesar de que Estado Unidos y Guatemala firmaran un acuerdo para frenar la migración, el presidente Donald Trump solicitó la invasión de tropas militares estadounidenses
El ministro de la Defensa de Guatemala, Luis Miguel Ralda, indicó que las tropas militares de Estados Unidos ya trabajan con el departamento de Huehuetenango para detener la migración no autorizada que sale del país.
Ralda, indicó que ya están trabajando en Guatemala las tropas militares estadounidenses con el objetivo de frenar la migración pic.twitter.com/CToNOlomnQ — Diario La Hora (@lahoragt) 3 de junio de 2019
La semana pasada Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo de cooperación para frenar la trata de personas y redes criminales, el país se comprometió a compartir información y mejorar la seguridad fronteriza.
A pesar de esto, The New Yorker publicó una carta en la que Donald Trump solicitó la intervención de tropas militares estadounidenses en Guatemala , acción que el presidente Jimmy Morales habría aceptado.
Según The Washington Post, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional ayudarían a la policía nacional y las autoridades migratorias guatemaltecas en las operaciones para interceptar el tráfico de personas.
“Me enorgullece firmar este acuerdo con el ministro Enrique Antonio Degenhart. A través de nuestra continua colaboración y asociación, Estados Unidos y Guatemala están formalizando una serie de iniciativas para mejorar las vidas y la seguridad de nuestros respectivos ciudadanos mediante la lucha contra la trata de personas y el contrabando de bienes ilegales, ayudando a limitar los factores que fomentan la peligrosa migración irregular a Estados Unidos, perpetuando la crisis que existe en la frontera”, dijo el secretario interino McAleenan.
(Source: Conexión Migrante).
La CIDH pide a El Salvador suspender la Ley de Reconciliación
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, emitió el 28 de mayo una resolución en la que ordena al Estado salvadoreño frenar el trámite de la “Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional”.
A través de un comunicado, la Corte Interamericana ordenó que El Salvador suspenda el trámite legislativo del proyecto de ley y pidió información adicional acerca de cómo esta norma afectaría los procesos sobre varias masacres ocurridas en 1981, en las que miembros de las Fuerzas Armadas mataron a más de 900 civiles.
En la resolución requiere al Estado que presente un informe a más tardar el 14 de junio de 2019. El organismo internacional advierte que “de ser aprobada en los términos en los que se encuentra planteado actualmente el proyecto, podría ser una ley incompatible con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.
El proyecto debe ser reformado puesto que contiene normas inadmisibles que podrían privar de una justicia genuina a miles de víctimas de crímenes atroces.
Este establece penas alternativas para los acusados que confiesen delitos y cuenten la verdad sobre lo ocurrido:
Suspendería plenamente las penas impuestas a aquellos condenados a 10 años de cárcel o menos.
Aquellos condenados a penas superiores a 10 años, aun si se trata de crímenes masivos y aberrantes, deberán cumplir sanciones de “trabajo de utilidad pública” por un máximo de 10 años.
El proyecto legislativo de la llamada “Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional” beneficiaría a militares y guerrilleros implicados en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ocurridas durante los 12 años de conflicto armado interno en el país, que concluyó en 1992. La masacre ocurrió en el caserío El Mozote y en sus alrededores, en la provincia oriental de Morazán, en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981.
Los responsables de estas muertes y desaparecimientos forzosos sean militares o guerrilleros, nunca han sido juzgados en El Salvador, al estar protegidos por una amnistía general promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani, sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la dejó sin efecto en 2016.
