por servicios de noticias de El Reportero
La promesa de Donald Trump de desmantelar el Departamento de Educación ha generado tanto entusiasmo como preocupación. Trump presenta esta medida como una forma de reducir el gasto y frenar enseñanzas ideológicas en las escuelas, citando el bajo rendimiento estudiantil como justificación.
“Eliminaremos el Departamento de Educación federal,” declaró Trump en un mitin en Wisconsin, argumentando que es hora de dejar de financiar iniciativas que muchos padres consideran inaceptables.
Figuras como Jim Blew, exsecretario adjunto del departamento, apoyan el plan. Blew sostiene que sus funciones principales, como gestionar fondos para escuelas de bajos ingresos y hacer cumplir las leyes de derechos civiles, podrían reasignarse a otras agencias. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro podría supervisar los préstamos estudiantiles, mientras que el Departamento de Justicia podría encargarse de la aplicación del Título IX.
Los críticos cuestionan desde hace tiempo el presupuesto anual de $80 mil millones del departamento, señalando que tiene poco control sobre los planes de estudio, que se deciden a nivel local. Las propuestas para convertir los fondos del Título I en subvenciones estatales podrían permitir una mejor asignación de recursos, aunque algunos temen decisiones de gasto deficientes a nivel local.
Durante la pandemia, el departamento distribuyó miles de millones en alivio por COVID, pero los resultados académicos empeoraron. Las puntuaciones de lectura y matemáticas de niños de nueve años cayeron significativamente, dejando a los padres frustrados con los cierres prolongados de escuelas y el aprendizaje remoto. Para muchos, estos desafíos evidenciaron fallas en el sistema educativo, incluido el contenido ideológico en los planes de estudio.
Intentos previos de eliminar el departamento, como los de Ronald Reagan en los años 80, fracasaron en el Congreso. Sin embargo, el creciente descontento con las escuelas públicas podría darle a Trump el impulso necesario para avanzar con esta idea.
El rol ampliado del departamento en derechos civiles bajo la administración Biden también ha generado debate. La redefinición del Título IX para incluir la identidad de género ha sido criticada, y algunos estados han bloqueado su implementación. Trump ha prometido recortar fondos a las escuelas que promuevan la Teoría Crítica de la Raza o políticas de género controvertidas.
Jonathan Zachreson, miembro de una junta escolar en California, advierte que eliminar el departamento podría debilitar la supervisión de políticas progresistas estatales, como permitir que estudiantes trans usen baños que correspondan a su identidad de género. Argumenta que se necesitan directrices claras del Título IX antes de abolir el departamento.
El experto en políticas educativas Andy Smarick señala que eliminar el departamento limitaría la influencia federal en las políticas educativas. Si bien la reducción de la burocracia atrae a algunos, esto trasladaría más responsabilidades a los estados, lo que podría generar inconsistencias en la supervisión y el uso de fondos.
Los fondos federales, vistos a menudo como un arma de doble filo, jugaron un papel controvertido durante la pandemia. Por ejemplo, los sindicatos de maestros de California retrasaron la reapertura de escuelas hasta obtener fondos federales de alivio por COVID.
Para lograr este objetivo, Trump necesitaría la aprobación legislativa, incluyendo una supermayoría en el Senado. El senador Mike Rounds (R-SD) ha presentado un proyecto de ley para desmantelar el departamento, pero la resistencia de los sindicatos de maestros, integrales a su creación en 1979, sigue siendo fuerte. Líderes sindicales como Randi Weingarten han criticado los planes de Trump.
Incluso si tiene éxito, abordar las pérdidas de aprendizaje y reformar el sistema podría llevar años. Blew enfatizó la importancia de reformas continuas, diciendo: “El movimiento continuará hasta que todos los estudiantes sean tratados de manera justa.”
