por los servicios de cable de El Reportero
Un juez federal de Texas anuló el jueves el plan de la administración Harris-Biden para acelerar la residencia permanente de migrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses. La decisión del juez de distrito de EE.UU., J. Campbell Barker, llega dos meses después de que emitiera una orden que suspendía temporalmente el programa denominado “Parole in Place”, que buscaba otorgar autorización de trabajo, residencia permanente y, eventualmente, ciudadanía a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses que han estado en el país durante al menos 10 años.
“El reglamento excede la autoridad estatutaria y no está de acuerdo con la ley”, escribió Barker en su fallo de 74 páginas, añadiendo que la política “se centra en lo incorrecto al identificar ‘beneficios públicos significativos’ — los beneficios del nuevo estatus legal de los extranjeros, en lugar de su presencia en este país”. El juez, nombrado por el presidente electo Donald Trump, determinó que “la historia y el propósito confirman que la visión de los demandados estira la interpretación legal más allá de su punto de quiebre”.
La decisión sigue a una demanda presentada por 16 estados liderados por republicanos en agosto, argumentando que el programa “incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente” a los estados. La demanda además sostenía que la “Administración Biden-Harris — insatisfecha con el sistema creado por el Congreso y por motivos políticos evidentes — ha intentado una vez más crear su propio sistema de inmigración”.
El presidente Biden anunció el programa Parole in Place en junio, como parte de un conjunto amplio de acciones ejecutivas sobre inmigración que surgieron tras un aumento histórico de migrantes que ingresaron ilegalmente al país durante su primer mandato. Se esperaba que alrededor de 500,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 50,000 hijos no ciudadanos se beneficiaran del programa, que ahora ha sido declarado ilegal.
Sin Parole in Place, es probable que los cónyuges no ciudadanos deban esperar varios años fuera de EE.UU. antes de calificar para los mismos beneficios. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), y numerosos otros legisladores republicanos describieron en su momento el plan de Biden como “amnistía para cientos de miles de inmigrantes ilegales”.
El director ejecutivo de America First Legal, Gene Hamilton, quien había estado representando a la coalición de estados en su demanda, elogió a los fiscales generales que “se enfrentaron” a la administración Harris-Biden. “Desde el primer día, la administración Biden-Harris se ha dedicado a la devastación de nuestro sistema de inmigración y a la eliminación de nuestras fronteras”, dijo Hamilton en un comunicado. “Una y otra vez, los estados se levantaron. Y hoy, el gran estado de Texas y el valiente Ken Paxton, junto a una coalición de otros valientes fiscales generales, lograron detener un programa ilegal que habría proporcionado amnistía a cientos de miles de inmigrantes ilegales y allanado el camino para la mayor amnistía administrativa en la historia de Estados Unidos”.
