por José de la Isla
José de la Isla
HOUSTON — La reciente prohibición que impuso la Veterans Administration (VA por sus siglas en inglés) sobre permitir el registro de votantes en sus recintos suena conocida. Esto ha ocurrido antes.
La controversia se centra en una directiva emitida el 5 de mayo que alega que las campañas de registro de votantes en los centros de la VA no se permitirán por lo que podría interrumpir otras operaciones e incurrir en una infracción de la ley Hatch, la cual prohíbe que empleados federales participen en actividades políticas de partido durante horas de trabajo.
Vocero de la VA, Matt Smith, dijo que la razón por la que se emitió la directiva origina en querer asegurar que el personal se mantenga enfocado en el trabajo que tiene a la mano y no que no tenga que decidir sobre las agendas políticas de partido de aquellos que quieren realizar campañas de registro de votantes en sus recintos.
Durante años la VA ha permitido que gerentes locales decidan si permitirán o no tales campañas, reportó Ian Urbina en el periódico The New York Times. No obstante, en el 2004, un director de partido demócrata en California entabló juicio cuando se le negó permiso para registrar a votantes en un recinto de la VA. Un tribunal menor falló contra el director del condado en enero, indicando que no logró probar que a ningún veterano lo prohibieran votar.
En mayo la VA prohibió que ningún grupo ajeno realizara campañas de registro de votantes en sus propiedades. Ese mismo mes, funcionarios de la VA rechazaron una solicituddel secretario de estado de California por permitir que los recintos se volvieran agencias oficiales de registro de votantes que distribuirían materiales y ayudarían a solicitantes a llenar y devolver tarjetas de registro.
Un tribunal federal de apelaciones está por oír argumentos a continuación del fallo del tribunal menor en enero. Todo esto a pesar de una orden ejecutiva del presidente Bill Clinton en 1994 que requiere que las agencias federales colaboren en el registro, la distribución de MISIONmateriales y asesoramiento de solicitantes para llenar y devolver tarjetas.
Ahora, ¿por qué suena esto tan conocido?
Allá por el año 1984, el gobernador de Nuevo México, Toney Anaya, ordenó que sus agencias estatales ofrecieran servicios de registro de votantes, lo cual resultó en acciones similares en Nueva York, Ohio y Texas. Pero entonces el comisionado de empleo en Texas se opuso. Entabló una queja con el Departamento de Trabajo federal preguntando si empleados del estado – parcialmente pagados con fondos estatales – debieran distribuir formularios de registro de votantes.
Ronald Reagan había sido electo en 1980, y las elecciones a medio término de 1982 sugerían una fuerte oposición al plan económico de su administración. Este es el telón de fondo de la controversia que siguió.
Donald Devine, director de la oficina federal de gerencia de personal (Office of Personnel Management), en una carta implicó a los entonces gobernadores demócratas de Nueva York, Ohio y Texas que el personal del estado estaba siendo obligado a influenciar a las personas a que se registraran – con el partido demócrata. A continuación dio el siguiente paso insultante, pidiendo que los gobernadores le entregaran materiales usados en programas federales y sugirió que los subsidios federales que recibían peligraban si no cumplían con su directiva.
El gobernador de Ohio, Richard Celeste, lo llamó “chantaje”. Mario Cuomo, de Nueva York, dijo que en realidad lo que hacía Devine era limitar el acceso a las urnas. Y el gobernador de Texas, Mark White, convocó una rueda de prensa en una agencia del estado en la que distribuyó tarjetas de registro.
En cuestión de días de salir al público la carta de Devine, el Senado republicano de los EE.UU. aprobó una resolución que animaba hacer campañas de registro de votantes a todo nivel de gobierno. No había infracción de la ley Hatch ni conflicto con los fondos que pagaban al personal del estado.
Audiencias en la Cámara castigaron a Devine por la aplicación selectiva de legislación federal y por su mala aplicación por propósitos de partido, para “intimidar” a los gobernadores.
Más adelante, Nueva York reportó unos 150.000 nuevos registros. En Ohio, las tiendas de bebidas alcohólicas, de lotería y oficinas de desempleo sacaron 59.000 nuevos formularios. En Texas, 450 oficinas de servicios humanos recibieron dispensadores de registro de mesa, y se envió un volante a recipientes de bien estar, Medicaid y cupones de alimentos.
Por último, el intentar obstruir el registro de votantes es un truco viejo. Es el tipo de truco sucio que hicieron famoso las operaciones de Richard Nixon y jugarretas de Karl Rove. No es digno de nuestros tiempos. Por su misma naturaleza el registro de votantes – quien sea que lo realice y quienes fueran los registrados – es una actividad cívica necesaria, no es una actividad partidaria.
Tal vez las próximas revisiones de la ley de Derechos Civiles tendrían que incluir una categoría referente a los administradores federales que obstruyen el registro de votantes.
[José de la Isla, autor de “The Rise of Hispanic Political Power” (Archer Books, 2003), redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service. Comuníquese con él a: joseisla3@yahoo.com]. © 2008
