por David Bacon Truthout
http://www.truthout.org/immigrant-steel-workers-march-against-unjust-firings/1329922142.
Trabajadores del sindicato Pacific Steel marchan en Berkeley: (PHOTO BY DAVID BACON)
BERKELEY, CA (2/18/12) – Doscientos trabajadores inmigrantes, sus esposas, maridos, hijos y cientos de partidarios marcharon por el centro de Berkeley el 17 de febrero, protestando por su despido de Pacific Steel Castings. La empresa es uno de los principales empleadores de la ciudad, y la mayor fundición de acero del oeste del Río Mississippi. Comenzando en la Alcaldía, caminaron por una hora cruzando tiendas y hogares, mientras los pasantes generalmente aplaudían. Profesores y estudiantes en una escuela Montessori en la ruta salieron a las veredas para darles valor.
En una manifestación antes de la marcha, el trabajador despedido Jesús Prado dijo a la multitud reunida, “Trabajé en Pacific Steel por siete años. Organizamos esta Marcha por la Dignidad porque queremos detener la manera en que nos pasan a llevar, tratándonos como criinales. Vinimos aquí a trabajar, no a violar las leyes”.
“Muchos de nosotros estamos comprando viviendas, o hemos vivido en nuestros hogares por años”, agregó otra trabajadora despedida, Ana Castaño. “Tenemos hijos en las escuelas. Pagamos impuestos y contribuimos con nuestra comunidad. Lo que nos ocurre no es justo, y hiere a nuestras familias. Todo lo que hicimos fue trabajar. Eso no debiera ser tratado como un crimen”.
El miembro del Consejo de la Ciudad de Berkeley, Jesse Arreguin estuvo de acuerdo. “Estamos aquí hoy para enviar un mensaje a la administración Obama de que las redadas I-9 deben detenerse”, le dijo a la multitud. Doscientos catorce trabajadores fueron despedidos en diciembre y enero, como resultado de las llamadas redadas silenciosas, en las cuales el brazo de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Interior inspeccionó los registros de la compañía para encontrar a los trabajadores que no tienen el estatus legal. ICE luego le exigió a la compañía despedirlos. Por los pasados años estos trabajadores han realizado reuniones en salas de sindicato e Iglesias, han distribuido comida a familias hambrientas porque ya no pueden trabajar, y han hablado con las autoridades.
La marcha fue la culminación de meses de debate en los cuales pesaron las consecuencias de hacer públicos sus despidos, y por lo tanto su estatus migratorio. “Sabemos que Berkeley es una ciudad santuario”, explicó un trabajador. “Es el lugar más seguro que se nos ocurre para realizar esta marcha. Lo que nos pasó fue injusto, y sentimos que tenemos que protestar, si no por nosotros, por otros que enfrentan la misma injusticia”. De hecho, decenas de miles han sido despedidos en años recientes debido a su estatus migratorio. Miles de conserjes perdieron sus empleos en Minneapolis, San Francisco, y San Diego. Doscientos operadores de máquinas de coser fueron despedidos en Los Ángeles. Muchos más trabajadores en el país han quedado atrapados en esta ola de despidos.
Desde el Acta de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, a los empleadores se les ha prohibido contratar a trabajadores indocumentados, y a los trabajadores se les ha prohibido mantener un empleo. Para entender el seguimiento, por un cuarto de siglo todos los trabajadores en Estados Unidos han tenido que declarar su estatus migratorio en formularios I-9 cuando son contratados. Ahora la administración Obama ha hecho la inspección de esos formularios, y el despido de los trabajadores cuyo estatus se cuestiona, una parte central de su estrategia de control migratorio.
Durante la marcha, cánticos y gritos condenaron la administración. Los activistas en la multitud señalaron que el Presidente Obama está atacando las comunidades de inmigrantes y gente de color que eran sus principales partidarios en su campaña presidencial de 2008. En ese momento, Obama prometió que adoptaría un enfoque más humano hacia el control de la inmigración que su predecesor, quien se hizo notorio por redadas en las fábricas y deportaciones masivas. El candidato Obama dijo que trabajaría para reformar la ley de inmigración para que los inmigrantes pudieran tener mayores derechos. Sin embargo, una vez en el cargo, la administración no solo continuo con la política del Presidente Bush de aplicar la ley migratoria en el lugar de trabajo, sino que expandió las auditorías de I-9 y los despidos.
ICE comenzó su auditoría de los formularios I-9 de los trabajadores en Pacific Steel en febrero pasado. En marzo, los trabajadores y su sindicato, Molders Union Local 164B, hicieron una huelga en la planta por una semana, para revertir las demandas de la compañía en negociaciones de contrato que habrían resultado en que paguen más por su seguro de salud. Según los cargos legales interpuestos después por el sindicato, la auditoría de ICE debiera haberse detenido en ese momento, ya que las reglas internas de la agencia llaman a evitar acciones de control durante disputas laborales.
Sin embargo, la auditoría continuó. Al mismo tiempo, durante la siguiente primavera y verano, los consejos ciudadanos de Berkeley, Oakland y Alameda aprobaron resoluciones que llamaban al ICE a abandonarla, para permitir a los trabajadores seguir trabajando y que la compañía funcionara normalmente. Similares resoluciones y cartas llegaron a la oficina de la Secretaria de DHS [y ex gobernadora de Arizona] Janet Napolitano de sindicatos, consejos laborales, la comunidad y organizaciones de los derechos de los migrantes, y autoridades locales.
Bill Ong Hing, profesor de derecho de la Universidad de San Francisco, dice que la falta de empleos en México es una consecuencia del libre comercio y las políticas de ajuste estructural diseñadas para beneficiar a las grandes corporaciones. El dice que la justificación de la administración está separada de la realidad. “Las sanciones del empleador [la sección de la ley de inmigración que prohíbe a los indocumentados trabajar] no han reducido la inmigración indocumentada para nada. Han fallado porque el NAFTA [el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica] y la globalización crean grades presiones migratorias. Intentando desalentar a los trabajadores de venir al arrestarlos por trabajar sin autorización, o intentando evitar que encuentren trabajo, está destinado al fracaso de cara a tal presión económica. Para reducirla, tenemos que cambiar nuestras políticas comerciales y económicas para que no produzcan pobreza en países como México”.
La Reverendo Deborah Lee de la Interfaith Coalition for Immigrant Rights calificó este tipo de acciones como una violación a los derechos humanos básicos de los trabajadores, “Esas familias no han hecho nada malo”, dijo. “Están siendo castigados por trabajar, que es lo que se supone que haga la gente en nuestra comunidad. No dejaremos que esto ocurra en silencio, ni permitiremos que esos trabajadores sean tratados como si fueran invisibles”.
Como cientos de personas llenaron la Segunda Calle, a una cuadra de la fundición donde pusieron años de trabajo, los trabajadores despedidos ciertamente ya no serán invisibles.
