por Nadia Rubaii-Barrett
Varias condiciones contribuyen a la creación de lo que se podría llamar “una tormenta perfecta” en cuanto los gobiernos locales se dirigen al tema del flujo de inmigrantes a sus comunidades.
Primero, durante muchos años, el solo número de inmigrantes, tanto legales como ilegales, que entran a los Estados Unidos ha estado aumentando.
Segundo, la diversidad de las poblaciones recientes de inmigrantes en términos de los países de los cuales provienen, los idiomas que hablan, y los valores culturales que tienen, difieren más notablemente de los de la población estadounidense que anteriores olas de inmigrantes.
Tercero, los inmigrantes están optando por asentarse en lugares bastante más allá de las tradicionales ciudades y estados fronterizos. Como tal, ciudades, condados, pueblos, villas en áreas urbanas, suburbanas y rurales y por todos los estados de la nación han sentido la inmigración de formas para las cuales no están muy preparados.
Estas condiciones se han agravado con la falta de una política federal coherente sobre la inmigración. Tenemos criterios obsoletos de admisión y severos atrasos en el procesamiento de solicitudes y evaluaciones de historiales personales. El componente de inmigración y ciudadanía de la burocracia federal no ha recibido ni de cerca la atención ni los recursos que ha recibido el componente de ejecución legal en un ámbito posterior al once de septiembre del 2001. Y el componente de ejecución de la política federal oscila entre no existir, prácticamente, a ser bastante mano dura.
La gota que colmó el vaso desde la perspectiva de un gobierno local es la distribución desproporcionada de recursos. Varios estudios respetados han documentado que los inmigrantes contribuyen netamente a la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, dos tercios de los impuestos que generan van al gobierno federal, mientras que dos tercios de los costos están llevados a nivel estatal y local.
Lo que recauda el gobierno federal no se redistribuye a los gobiernos locales para compensarlos por los costos que incurren.
Entonces, ¿qué implica todo esto para los gobiernos locales profesionales?
En resumidas cuentas, implica la posibilidad que tienen los gobiernos de hacer frente a sus prioridades locales.
El asegurar la seguridad y la salud públicas, la promoción de desarrollo económico y responsabilidad fiscal y el fomentar un sentido de comunidad entre residentes están viéndose repetidamente retados y comprometidos por la carga que tienen ya que el gobierno federal no ha logrado cumplir con sus responsabilidades en cuanto a la inmigración.
Por ejemplo, cuando los inmigrantes, incluso aquellos que están aquí legalmente, temen reportar delitos o cooperar con la policía por miedo a ser detenidos o deportados, la posibilidad de los gobiernos locales a promocionar la seguridad pública se ve comprometida.
Si los inmigrantes temen buscar atención médica por miedo a que les revisen su estado migratorio, podrán difundir enfermedades contagiosas y comprometer la salud pública no sólo de los inmigrantes, sino también la de la población nativa. Si los inmigrantes evaden cuidados médicos de prevención, y más bien se fían de servicios médicos de emergencia, las comunidades cargan con costos innecesarios.
Si los gobiernos locales optan por cooperar con la división de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional mediante los llamados acuerdos 287(g), el tiempo que pasan los funcionarios locales en la ejecución de leyes de inmigración federales refleja una serie de recursos que un gobierno local no tiene a su disposición para invertir en prioridades locales. Un informe de enero del 2009 de la U.S. General Accountability Office advierte de la falta de consistencia en las metas y en las prácticas de ejecución de estos programas, lo cual crea tremendas desventajas para los gobiernos locales.
Frustraciones sin resolver con la falta de acción federal han llevado a ser altamente contencioso y divisorio el tema de la inmigración en algunas comunidades.
Se ve perjudicada la cohesión comunitaria si el gobierno local se encuentra poniendo a la población nativa contra la población inmigrante.
El informe, preparado para la International City/County Management Association, explica la amplia gama de maneras en las que los gobiernos locales están respondiendo a estos retos.
Algunos están declarando santuario para los migrantes indocumentados. Otros están aprobando duras ordenanzas anti-inmigrante con multas para quienes los empleen o siquiera les alquilen casa. Algunos firman acuerdos 287(g) con ICE. Algunos han aprobado leyes de inglés-solamente y otros han alentado el bilingüismo o el multilingüismo y competencia cultural entre sus empleados. Algunos han abierto centros para jornaleros o salones de contratación para ayudar a los inmigrantes a encontrar empleos, mientras que otros han prohibido este tipo de instalación.
Este mosaico de políticas locales perjudica la seguridad y la seguridad tanto de los ciudadanos como de los inmigrantes, pone presión sobre las empresas pequeñas y las grandes que dependen de la mano de obra migrante, impone cargas importantes sobre la tela económica y social de localidades y crea tensiones entre gobiernos que podrá impedir relaciones eficaces entre Washington y los gobiernos locales sobre otros temas. Hispanic Link.
(Nydia Rubaii-Barrett, Directora del Departamento de Administración Pública en el College of Community and Public Affairs de la Universidad de Binghampton, es autora del informe “Immigration Reform: An Intergovernmental Imperative” para ICMA. El presente es un sumario de su presentación a Hispanic Link News Service y otros medios interesados sobre “la tormenta perfecta” que enfrentan el Congreso y los gobiernos locales sobre este tema). © 2009
