por Marvin Ramírez
Imaginen a un padre que acude a un tribunal, no para huir de la justicia, sino para cumplirla: para presentarse, seguir el protocolo y resolver su caso. Luego, sin previo aviso, desaparece en un centro de detención, a cientos de kilómetros de distancia, dejando atrás a sus hijos, su trabajo, a su esposa ciudadana estadounidense y toda una vida construida durante décadas. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo en nuestras comunidades.
El caso reciente de Miguel Ángel López Luvian, un padre de tres hijos de 47 años de Livermore que ha vivido en Estados Unidos durante 27 años, es un ejemplo desgarrador. El 27 de mayo, Miguel acudió a una cita rutinaria de inmigración en San Francisco, como lo había hecho muchas veces antes. No estaba evadiendo la ley. Tenía un caso legal activo, cumplía con el proceso y era el único sostén de su familia. Momentos después, fue detenido por el ICE y rápidamente trasladado a un centro a 400 kilómetros de distancia, en McFarland, California.
Su esposa, Rosa, ciudadana estadounidense, dijo haber recibido una llamada telefónica suya, atónita, instándola a contactar a su abogado; luego, su teléfono se quedó sin señal. Como innumerables personas en su situación, Miguel cumplía con el sistema y buscaba activamente una resolución legal. Sin embargo, fue tratado como si se estuviera escondiendo o evadiendo la ley. Su arresto se siente más como una emboscada que como una detención legal.
Aún más inquietante, ese mismo día, agentes del ICE realizaron otros arrestos «inusuales» en San Francisco, incluyendo la detención de personas justo afuera, o incluso dentro, de los tribunales federales. Abogados y periodistas describieron a agentes vestidos de civil que se negaron a identificarse y detuvieron a personas sin dar ninguna razón. Esto es profundamente preocupante. Históricamente, los tribunales de inmigración han sido un lugar donde el ICE ejerce moderación, especialmente cuando las personas tienen asuntos legales pendientes. Se supone que es un lugar donde prevalece el debido proceso. Esa norma ahora parece estar desmoronándose.
Las consecuencias son devastadoras. Estas detenciones aceleradas son inhumanas no solo por cómo se ejecutan, sino porque ignoran las complejas vidas humanas involucradas en cada caso. Personas como Miguel no son delincuentes que se esconden en las sombras. Son padres, contribuyentes, miembros de la comunidad. Son cónyuges de ciudadanos estadounidenses, cuidadores de niños, trabajadores que apoyan las economías locales.
En el caso de Miguel, ha pagado impuestos, mantenido a su familia y vivido pacíficamente en el Área de la Bahía durante casi tres décadas. Él y Rosa están casados desde 2001 y se conocen desde la adolescencia. A pesar de sus esfuerzos por regularizar su situación, incluyendo apelaciones ante tribunales superiores, Miguel fue detenido sin previo aviso, mientras su caso sigue activo.
¿Es así como se ve la justicia?
Detener a personas durante procesos judiciales pendientes las despoja no solo de sus derechos legales, sino también de su humanidad. Castiga a quienes cumplen, disuade a otros de presentarse y amenaza la noción misma del debido proceso. Además, estas detenciones fracturan familias de la noche a la mañana. Niños se quedan sin padres, cónyuges sin sustento y familias sin ingresos, todo en un abrir y cerrar de ojos.
Si la justificación es la reimplantación del llamado «estado de derecho», como afirman los funcionarios de Seguridad Nacional, ¿por qué se aplica la ley de manera tan desigual y arbitraria? ¿Por qué se detiene a personas que cumplen las normas sin que se resuelvan sus casos legales? ¿Por qué se producen detenciones antes de que se revisen a fondo los hechos?
Esto no es el regreso del orden legal, sino el abandono de la justicia.
Debemos recordar que la justicia no se trata de castigar por castigar. Se trata de proceso, derechos y respeto a la dignidad humana. Un gobierno que despoja a las personas de estos principios mientras participan activamente en el sistema es un gobierno que actúa de mala fe.
Además, estas acciones infligen traumas duraderos a niños y cónyuges —muchos de los cuales son ciudadanos— y profundizan el miedo en las comunidades inmigrantes. Cuando se lleva al sostén de la familia sin previo aviso, familias enteras entran en crisis. La confianza de la comunidad se ha visto destrozada, los procesos legales se han visto socavados y la promesa estadounidense de justicia se ha vuelto vana.
Ya se están formando protestas, como la del 4 de junio en la Plaza Livermorium para exigir la liberación de Miguel. Pero las manifestaciones no deberían ser la única manera de detener la injusticia. Los funcionarios electos, los líderes comunitarios y todos los estadounidenses de conciencia deben exigir el regreso a una aplicación de la ley migratoria basada en principios, que reconozca el debido proceso y la santidad de la familia.
Hasta entonces, debemos preguntarnos: ¿cuántas familias más deben ser separadas para que prevalezca la justicia?
Con informes de KTVU, NBC Bay Area y KPIX.
