por Suzanne Potter
Pronto se presentará un proyecto de ley en la Legislatura de California que otorgaría a los estudiantes de bajos ingresos en cinco campus de la Universidad Estatal de California un estipendio de $500 al mes para gastos básicos de subsistencia. La idea es proporcionar un ingreso básico universal, para que más estudiantes puedan permanecer en la escuela.
El senador estatal Dave Cortese, demócrata de San José, dijo que el programa piloto serviría a unos 14,000 estudiantes, o alrededor del 11 por ciento de la población del campus, «porque ese es aproximadamente el porcentaje de estudiantes que se encuentran esencialmente en la pobreza extrema. Son personas sin hogar o gravemente en riesgo de quedarse sin hogar».
Para calificar, el estudiante tendría que tener un ingreso familiar inferior a $20,000. El programa le costaría al estado un estimado de $84 millones al año. Los opositores al ingreso básico universal lo critican como una ayuda del gobierno que podría desperdiciarse. Sin embargo, Cortese dijo que los datos de dos programas de este tipo, lanzados en Stockton y el condado de Santa Clara, no respaldan esa preocupación.
Muchos campus en el estado ya brindan referencias de vivienda, bancos de alimentos y otros recursos a los estudiantes que lo necesitan, pero varían ampliamente. Cortese dijo que si se aprueba el proyecto de ley y el programa de ingreso básico universal termina funcionando con éxito para reducir la pobreza y las tasas de deserción escolar en el sistema Cal State, podría ampliarse.
«Si es efectivo, querrás hacerlo en todos los campus», dijo, «y probablemente extenderlo también a los colegios comunitarios».
No se han anunciado las escuelas específicas que participarían en el programa piloto de tres años. El plazo legislativo para presentar proyectos de ley es de una semana a partir del viernes.
Gobierno de la Ciudad de México criticado por proporcionar ivermectina para tratar el COVID
Unas 200,000 personas fueron tratadas con el medicamento no aprobado.
En otras noticias no relacionadas en México:
El gobierno de la Ciudad de México se ha visto envuelto en un escándalo debido a la distribución del medicamento antiparasitario ivermectina a personas que dieron positivo por COVID-19, la supuesta realización de un estudio no autorizado sobre la eficacia del medicamento y la publicación de un artículo que detalla su supuesta beneficios
El gobierno gastó poco menos de 29.3 millones de pesos (US$1.4 millones) para comprar 293,000 cajas del fármaco, que suele utilizarse para tratar afecciones provocadas por parásitos intestinales, piojos, sarna y otras infecciones de la piel, así como cantidades significativas de aspirina y azitromicina, un antibiótico.
Los medicamentos no están aprobados por el gobierno federal ni por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de la COVID, pero la administración encabezada por la alcaldesa Claudia Sheinbaum los distribuyó a unas 200.000 personas que dieron positivo, según una investigación del sitio web de noticias Animal Político.
Los medicamentos se distribuyeron en kits médicos entregados en las estaciones de prueba de la Ciudad de México a partir de diciembre de 2020. Continuaron distribuyéndose hasta septiembre de 2021.
El gobierno de la Ciudad de México, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), administrado por el gobierno federal, anunciaron el año pasado que habían llevado a cabo un análisis «cuasi experimental» que encontró que las personas que recibieron la ivermectina distribuida en la capital tenían un 68 percent menos de probabilidades de desarrollar síntomas graves que requirieron tratamiento en el hospital.
