Cómo las compañías de seguros usan las leyes de Florida para hacer que inmigrantes indocumentados sean arrestados y deportados cuando se lesionan en el trabajo — y lo que significa en la América de Trump
por Michael Grabell, ProPublica, y Howard Berkes, NPR
A la edad de 31 años, Nixon Arias tenía un perfil parecido a muchos migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Oriundo de Honduras, había estado en el país durante más de una década y había trabajado intermitentemente para una empresa de jardinería durante nueve años. El dinero que ganaba era para construir un futuro para su familia en Pensacola, Florida. Sus páginas de Facebook estaban llenas de fotos de excursiones de pesca y otros momentos con sus tres hijos de 3, 7 y 8 años.
Pero en noviembre de 2013, esa vida empezó a deshilacharse.
El año anterior, Arias había estado cortando la hierba de la franja divisoria de la Highway 59 (carretera 59) justo al otro lado de la línea divisoria estatal con Alabama cuando su tractor chocó con un agujero, lanzándole en el aire. Cayó violentamente sobre su asiento, recibiendo un duro impacto en la parte inferior de su espalda.
Arias recibió medicamentos para el dolor, terapia física e inyecciones de esteroides a través del seguro de compensación laboral de su empleador. Pero el dolor en su espalda convertía incluso el acto de caminar o de sentarse en una lucha. Así que su médico recomendó una costosa cirugía para implantar un aparato que manda impulsos eléctricos a su medula espinal para aliviar el dolor crónico. Seis días después de aquella cita médica, la aseguradora descubrió de repente que Arias había estado usando el número de seguridad social de un hombre muerto, y rechazó no solo la cirugía, sino toda su atención médica anterior y futura.
Desesperado, Arias contrató a un abogado para que le ayudara a solicitar los beneficios para lesionados que la ley de Florida dice que todo empleado, incluidos inmigrantes indocumentados, tienen derecho a recibir. Entonces, una mañana después de dejar a dos de sus hijos en el colegio, Arias fue detenido en su auto mientras su niño pequeño miraba desde el asiento infantil.
Arias fue acusado de usar un numero de seguridad social falso para conseguir un empleo y pedir compensación laboral. La unidad estatal de fraude de seguros había recibido una pista de un investigador privado contratado por la aseguradora del empleador de Arias.
Con su espalda todavía dolorida por tres discos herniados o dañados, Arias permaneció un año y medio en la cárcel y en un centro de detención para migrantes antes de ser deportado.
Uno de los primeros casos de SouthEast involucraba a una limpiadora de hotel en el Comfort Suites de Vero Beach. Yuliana Rocha Zamarripa estaba limpiando un cuarto de hotel en 2010 cuando resbaló sobre el suelo del baño y golpeó su rodilla contra la bañera, dejándola con un dolor y una inflamación tan intensos que no era capaz de caminar.
Lion la mandó a un médico, pero rechazó rápidamente su demanda, basándose en un número de seguridad social falso.
La madre de Rocha la había traído a Estados Unidos desde Mexico cuando tenía 13 años, y cuando cumplió 17 su padre le compró el documento de identidad falso para que pudiera trabajar.
Con pocas opciones, Rocha, quien ahora tiene 32, llegó a un acuerdo en su caso de compensación laboral por menos de $6,000 más gastos de abogados. Pero nunca recibió la atención medica que necesitaba. La semana anterior a la que tenía que recibir el cheque, fue detenida mientras preparaba el desayuno para su hijo de 4 años.
Rocha pasó el siguiente año rotando entre la cárcel y el centro de detención del servicio de inmigración, separada de sus tres hijos. No podía dormir por la preocupación de que les pasaría a ellos si fuera deportada.
“Yo todo el tiempo hacía la oración de Padre Nuestro, y al final yo pedía, Padre Mío dame una oportunidad de regresar con mis hijos. No permitas que les pase nada malo,” dijo. “Yo tenía el presentimiento de algo.”
Los instintos de Rocha eran acertados. Mientras estaba en la cárcel, el padre de sus hijos empezó a abusar sexualmente de su hija de 10 años, según su orden de arresto. “Yo me quedaba, pues, destrozada,” dijo Rocha en lágrimas, “porque no sabía que pasaba.”
Con la ayuda de un abogado, Rocha se declaró culpable de un cargo menor — perjurio fuera de un procedimiento oficial — y fue finalmente liberada. A causa de lo que le pasó a su hija, su abogado logró cancelar la deportación de Rocha y ayudarle a conseguir una tarjeta verde.
Rocha recibió finalmente el monto del acuerdo laboral pero tuvo que gastarlo todo en solicitar su liberación y tratar con el servicio de inmigración. Ahora cojea porque su lesión no se curó correctamente.
“Pienso que es una injusticia lo que me pasó,” dijo. “solo porque me caí, me resbalé.”
Independientemente de cómo la gente opine sobre la inmigración, hace mucho tiempo que jueces y legisladores en toda la nación han reconocido que el empleo de trabajadores no autorizados es una realidad de la economía estadounidense. Desde martillar las tablillas de los tejados a limpiar cuartos de hotel, alrededor de 8 millones de inmigrantes en el país trabajan sin papeles o con papeles falsos, y los estudios académicos muestran que son más propensos a sufrir lesiones o morir en el trabajo que otros trabajadores. Como resultado, a través de los años casi todos los cincuenta estados, incluida Florida, han dado a estos obreros el derecho a recibir compensación laboral.
Pero en 2003, los legisladores de Florida crearon una trampa, introduciendo como delito el acto de solicitar compensación laboral usando identificación falsa. Desde entonces, las aseguradoras han evitado pagar por la pérdida de salario y la atención medica denunciando repetidamente a los trabajadores inmigrantes lesionados a las autoridades estatales.
Trabajadores como Arias han sido acusados del crimen de fraude al sistema de compensación laboral, aunque sus lesiones son reales y ocurrieron durante el trabajo. Y en un embrolloso giro de lógica, se puede acusar a inmigrantes por fraude de compensación laboral aunque nunca hayan estado lesionados ni hayan reclamado beneficios, porque los legisladores también hicieron ilegal el uso de un documento de identidad falso para conseguir un empleo. En muchos casos, la unidad estatal de fraude de seguros ha llevado a cabo redadas inusuales en lugares de empleo, deteniendo a una docena de empleados por fraude al sistema de compensación laboral después de tan solo examinar sus números de seguridad social.
Lo que ha estado pasando silenciosamente a los trabajadores en Florida, sin llamar la atención ni siquiera de activistas para los derechos de los inmigrantes, puede ser un presagio del futuro con la entrada en vigor de la expansión de vigilancia de la inmigración bajo el Presidente Donald Trump.
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump amplió las prioridades de Immigration and Customs Enforcement (ICE, el servicio de vigilancia de inmigración y aduanas) para incluir no solo a los inmigrantes condenados o acusados de un delito, sino cualquiera bajo sospecha de haber cometido un delito. La orden también aplica cualquier persona “que haya cometido fraude o descripción intencionalmente engañosa ante una agencia gubernamental.” Este lenguaje podría arrastrar a un número sin fin de trabajadores lesionados e indocumentados porque las agencias estatales de compensación laboral y los centros médicos normalmente piden los números de seguridad social como parte del proceso de reclamación de beneficios.
(Este artículo fue recortado por falta de espacio).
