por Alex Meneses Miyashita
El gobierno federal está interponiendo cargos de violación criminal a niveles sin precedentes este año, según un informe de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad Syracuse.
El estudio, dado a conocer en junio informa que había 9,350 procesos por inmigración en marzo, lo que representaba un aumento de 50 por ciento respecto del mes anterior, basado en datos oficiales obtenidos por el grupo. Cuando se compara con un año antes, el aumento fue de 73 por ciento.
El grupo independiente no partidista atribuye el alza a políticas federales intensificadas bajo la llamada iniciativa “Operation Streamline”, que fue lanzada como proyecto piloto en Del Rio, Texas, en diciembre 2005.
Hubo 8,104 condenas por inmigración en marzo, lo que representaba un aumento de 24.4 por ciento respecto de febrero.
La gran mayoría de los casos referidos por procesamientos, 99 por ciento fueron cargos de abogados de EE.UU. La sentencia media era cerca de un mes, indica el reporte.
El Labor Council for Latin American Advancement señala que las violaciones a la inmigración son normalmente ofensas civiles procesadas por jueces de inmigración, agregando que bajo la Operación Streamline, el gobierno federal ha criminalizado esas ofensas, evitando que los inmigrantes logren una futura legalización.
“Los trabajadores indocumentados son un grupo sin voz de personas que viven con miedo y hoy son mucho más explotables”, declare el presidente de LCLAA, Milton Rosado. “Las actuales políticas de la administración y la criminalización de este grupo de personas sólo exacerba esta situación. Los inmigrantes no son criminales”.
El informe declara que la gran mayoría de los casos fueron procesados en los distritos de la frontera sudoeste.
En el Distrito Oeste de Texas, por ejemplo, los procesamientos aumentaron de 626 en enero a 3,555 en marzo. Todos, salvo 142 estaban localizados en distritos de la frontera de EE.UU. con México.
Los principales cargos contra los inmigrante en marzo eran por reingreso ilegl, trayendo o albergando a ciertos inmigrantes, por entrar en un lugar o momento no adecuado, fraude de visa o documentos, y mal uso y conspiración para cometer ofensa o estafa a Estados Unidos.
Entre otros cargos se incluyen declaraciones o entradas fraudulentas: personificación falsa como ciudadano norteamericano, declaración falsa en postulación y uso de pasaporte y falsificación.
El mayor aumento en procesamientos desde hace un año (96.2 por ciento) fue por conspiración para cometer ofensas o estafas a EE.UU. La falsificación de documentos y actividades relacionadas son las que más han aumentado en los últimos cinco años (74.4 por ciento).
El LCLAA dijo que está “extremadamente preocupado sobre las implicancias que las mayores tasas de encarcelamiento de inmigrantes tendrán en la comunidad latina y en su imagen ante el público norteamericano”.
La organización sostuvo que criminalizar a los inmigrantes fortalecerá el mito que une a los inmigrantes al crimen, aunque las investigaciones sostienen que tienden a cometer menos crímenes que otros grupos.
Rosado atribuyó el amplio flujo de inmigrantes a políticas económicas dañinas que han afectado a los trabajadores por todo el hemisferio, “causando dislocación y desplazamiento”.
“Debemos abordar las causas de raíz de la inmigración y entender que es un problema regional que requiere una combinación de política interna, así como soluciones exhaustivas, humanas y de sentido común a nivel internacional”, agregó.
Para ver el informe, visite: http://trac.syr.edu. Hispanic Link.
