por J. D. Heyes
Hay un momento en que la seguridad nacional depende literalmente del secreto. Independientemente de la mentalidad que prevalece entre muchos en la prensa y en el público en general, los estadounidenses no tienen un “derecho” inherente a saber todo acerca de todo lo que el gobierno está haciendo cuando se está operando legítimamente en nombre de la nación y asegurar la protección de la patria, porque esas funciones requiere necesariamente del secreto. Imaginemos, por ejemplo, que alguien “que supiera” hubiera filtrado los planes y detalles de la invasión del Día D a un periódico, ¿cuáles habrían sido las consecuencias?
Pero, por lejos, la mayoría de las veces, los medios tienen un papel legítimo que desempeñar al informar al público general sobre los detalles de las operaciones del gobierno, ya que el propósito principal de los medios en nuestro país, según lo previsto por nuestros padres fundadores, es servir como guardián sobre el gobierno. Y eso es lo que hace que la decisión del Departamento de Justicia de intervenir 20 teléfonos pertenecientes a periodistas de Associated Press sea escalofriante: la audacia de la mano dura y crueldad con la que este gobierno trata a sus enemigos, reales o percibidos.
Tan malo como saber que el DoJ se enfocó en la AP, el patrón de la administración sobre el comportamiento constitucionalmente cuestionable con respecto a la prensa es mucho peor de lo que se pensaba, ya que al parecer, implica a más que solamente ese medio de comunicación. Por el Washington Post:
El caso de Stephen Jin-Woo Kim, consejero del gobierno y James Rosen, jefe corresponsal en Washington para Fox News, tiene sorprendentes similitudes con una investigación sobre filtraciones de prensa revelada la semana pasada, en la que los investigadores federales obtuvieron los registros durante más de dos meses de más de 20 líneas telefónicas asignadas a la Associated Press.
De acuerdo a los detalles relativos a las investigaciones del Departamento de Justicia sobre Kim y Rosen, el primero- un funcionario del Departamento de Estado de alto rango en ese momento – es acusado de pasar información clasificada al segundo, con respecto a Corea del Norte.
Más del Post: Documentos de la corte en el caso de Kim revelan hasta qué punto los investigadores exploraron las comunicaciones privadas de un periodista en funciones, y plantean la pregunta sobre la frecuencia en que periodistas han sido investigados de tan cerca como lo fue Rosen en 2010. El caso classitambién plantea nuevas inquietudes entre los críticos del secretismo del gobierno sobre el posible efecto sofocante de estas investigaciones en un elemento fundamental de la libertad de prensa: el intercambio de información entre los periodistas y sus fuentes.
Si bien existe una diferencia entre los periodistas que informan sobre los desperdicios del gobierno, el fraude, el abuso y la corrupción, existe una clara diferencia cultivar la relación con las fuentes y publicar la información que proporcionan. Si uno se tiene que ocultar, por lo general significa que uno está divulgando información que no debería. Una excepción sería si uno es un informante y está exponiendo abusos del gobierno.
Eso no parece ser el caso del periodista de Fox News – por lo menos en la superficie – pero es difícil decir en este punto, dada la búsqueda sin precedentes de la administración Obama de los casos que considera que tienen que ver con la filtración de información clasificada (más que cualquier otra administración), incluso si no era clasificada (sino que sólo incómoda para el presidente). Ese solo hecho hace que parezca como si a Obama – el señor Profesor Constitucional que prometió apertura y transparencia – le gustara utilizar el poder del gobierno para silenciar a los críticos o castigar a los que cree que han ido en contra de él.
De cualquier manera, lo que su gobierno está haciendo es dañar la Carta de Derechos.
“Las órdenes de registro como éstas tienen un efecto negativo grave en el libre flujo de información que es importante para el público. Ese es un camino muy peligroso”, dijo el abogado de la Primera Enmiendam Charles Tobin, en una entrevista con el Post.
El abogado Abbe Lowell, que está defendiendo Kim, añade: “Los últimos acontecimientos muestran una expansión de esta técnica de aplicación de la ley. Los periodistas individuales o cortos períodos de tiempo se han convertido en 20 líneas [telefónicas] y meses de registros sin ningún claro intento obvio para acotarlos”.
Los federales, obviamente, lo ven de otra manera, ¿pero es la forma correcta?
“El agente del FBI, Reginald Reyes escribió en una declaración jurada que Rosen había violado la ley, ‘al menos como ayudante, cómplice y/o co-conspirador’.
Pero esta afirmación bien podría entrar en conflicto con los derechos de la Primera Enmienda”, informó Breitbart News.
El CEO de AP Gary Pruitt, se refiere al hecho de que sus periodistas estén en la mira del Departamento de Justicia: “Yo realmente no sabía cuál era el motivo, yo sé cuál es el mensaje que están enviando es: si usted habla con la prensa, vamos a ir a por usted”.
Fuentes: http://www.breitbart.com, http://www.washingtonpost.com, http://www.politico.com.
