El subcomisario Dan Perea, quien por ley y costumbre debería haber sido el líder interino natural, fue descartado como candidato serio
by Marvin Ramírez
14 de noviembre de 2025 – El Condado de San Mateo ha cruzado una línea que no puede deshacer. Con la designación de Ken Binder como sheriff —instalado mediante un proceso controlado enteramente por la Junta de Supervisores— el condado ha reemplazado la voluntad de los votantes con la voluntad de cinco funcionarios electos. La Junta podrá llamar este proceso “transparente” y “participativo”, pero ningún número de foros comunitarios ni campañas multilingües puede borrar la realidad: el público fue invitado a opinar, no a elegir.
Esta designación hace algo más que llenar una vacante. Reescribe el significado mismo del cargo de sheriff. En California, el sheriff no es un nombramiento político. Es un puesto creado por la Constitución estatal para ser elegido directamente por el pueblo, precisamente para evitar que el jefe máximo de las fuerzas del orden se convierta en una extensión del poder político. Esa barrera protectora ha sido quebrantada.
Binder —un veterano de las fuerzas del orden con larga experiencia en el Condado de Santa Clara— sin duda puede aportar orden. Pero llega sin el mandato que otorga legitimidad al cargo: el voto ciudadano. La decisión de la Junta asegura que el condado pasará casi cinco años sin un sheriff elegido por sus propios residentes. Eso no es estabilidad. Es un despojo disfrazado de reforma.
Los supervisores se felicitaron mutuamente al nombrar a Binder. Hablaron de “una nueva primavera”, “un nuevo comienzo” y “un momento de unidad”. Aplaudieron los foros públicos, las preguntas recibidas, las reuniones realizadas en múltiples idiomas. Pero una verdad permanece sin decir: la comunidad nunca tuvo el poder de decidir.
El comentario público no es democracia. Un sitio web multilingüe no es democracia. Un foro transmitido por Zoom no es democracia.
Democracia es la boleta electoral — y la boleta fue ignorada.
La Junta insiste en que las credenciales de Binder justifican su decisión. Pero las credenciales no son el tema central. La legitimidad sí lo es. Incluso el sheriff más capacitado debe derivar su autoridad de los gobernados, no de un nombramiento político.
Igualmente preocupante es el esfuerzo evidente por borrar cualquier continuidad con la administración anterior. El subcomandante Dan Perea, quien por ley y tradición debió ser el líder interino natural, fue totalmente excluido de la consideración seria. Ahora, bajo la administración Binder, su futuro es incierto. Esa exclusión revela algo más profundo: una limpieza interna intencional, un reacomodo del poder y una restauración de las mismas alianzas institucionales que la sheriff Corpus alguna vez desafió.
La independencia —la piedra angular del cargo de sheriff— ha sido sustituida por la dependencia. Binder inicia su mandato no ligado al electorado, sino a la Junta que lo designó, la misma Junta a la que, en circunstancias críticas, tendría que supervisar, cuestionar o incluso resistir. Esa tensión estructural es exactamente lo que la Constitución buscó evitar. Ahora, está firmemente instalada.
Los defensores del proceso insisten en que el público participó en cada etapa: 7,600 visitas al sitio web, cientos de preguntas, decenas de oradores. Pero nada de eso fue vinculante. Nada de eso reemplazó el poder del voto. Y nada de eso restaura el principio que la Junta acaba de romper: que el sheriff pertenece al pueblo, no a los políticos.
El Condado de San Mateo enfrenta ahora una realidad sobria: el escudo de independencia constitucional del cargo de sheriff ha sido perforado. Se ha sentado un precedente que futuros consejos podrían usar cada vez que un sheriff electo resulte incómodo o políticamente indeseable.
Este editorial no es sobre Ken Binder como individuo. Es sobre el método que lo instaló. El orden democrático del condado ha sido debilitado, no fortalecido, por un proceso que pudo ser abierto a la vista, pero cerrado a la voluntad del pueblo.
Por eso planteamos una pregunta que cada residente del Condado de San Mateo debe enfrentar:
Si el pueblo no puede elegir a su propio sheriff, ¿qué otros cargos serán declarados mañana “demasiado importantes” o “demasiado urgentes” como para confiar en los votantes?
Esto no es la restauración de la confianza que la Junta promete. Es la erosión silenciosa del poder electoral — el inicio de una nueva norma política en la que la “urgencia” sirve como excusa para anular la democracia.
Seamos claros: el sheriff no es un empleado de la Junta. El sheriff es el guardián del pueblo. Y cuando al pueblo se le niega el derecho de elegir a su guardián, lo que se pierde no es simplemente un cargo o una elección.
Lo que se pierde es el fundamento mismo de la democracia.
Si el Condado de San Mateo desea reparar ese fundamento, el camino es claro: devolver el cargo de sheriff a la boleta electoral y restaurar la autoridad del pueblo. El comentario público no reemplaza el consentimiento público. Y ningún aplauso en la Cámara de Supervisores podrá silenciar esta verdad:
La democracia nace del votante — y muere cuando el votante es reemplazado.
