por Dr. Mark W. Hendrickson
Los impuestos a la propiedad en Pennsylvania parecen estar encerrados en una escalada a largo plazo. En los años recientes, ha habido grandes aumentos en la porción del impuesto a la propiedad que financia el gobierno del condado. Los funcionarios del condado han establecido estos aumentos para pagar por los no financiados mandatos impuestos por el gobierno estatal en Harrisburg. La mayor porción del impuesto a la propiedad financia los distritos de escuelas públicas, y virtualmente nadie prevé un momento cuando los gastos de esos distritos dejen de elevarse. Estas continuas presiones por ingresos adicionales por impuestos establece la pregunta: ¿Es política y económicamente factible seguir elevando los impuestos a la propiedad los próximos años?
Algunos podrían mirar los resultados de una reciente propuesta de voto en el Condado Lawrence y concluir que la gente de Pennsylvania prefiere un impuesto a la propiedad en vez de otros tipos de impuestos, pero esta conclusión es injustificada. Cuando se les ofrece la oportunidad de recibir una modesta reducción en la porción de la escuela pública de su impuesto a la propiedad a cambio de un aumento del uno por ciento en su impuesto al ingreso, los votantes en cada distrito escolar votaron abrumadoramente en contra. Acá el contexto es crucial. Los votantes no se oponen a una disminución en los impuestos, pero sí a un paquete de medidas que representa un aumento general en la tributación.
Tenemos un estancamiento político en Pennsylvania, porque Harrisburg ha encomendado que la única reforma permisible al financiamiento de las escuelas públicas debe ser estructurada como las propuestas del Condado Lawrence. La psicología está equivocada. Es difícil para los votantes emocionarse respecto de una propuesta que hace repugnante un impuesto que ya es alto un poco menos alto (como el impuesto a la propiedad) al precio de aumentar otro impuesto repugnante —al ingreso— cuando la recaudación federal/estatal/local ya está a niveles incómodos. Si Harrisburg realmente quiere una reforma, debe emular la audacia del gobierno de Michigan en los 1990s, cuando eliminó totalmente el impuesto a la propiedad para financiamiento escolar y lo reemplazó con un alza dedos por ciento en el impuesto de ventas estatal. Sospecho que los votantes de Pennsylvania estarán mucho más cómodos con un aumento en un tipo de tributación si fuera una compensación por la eliminación total de otro tipo de tributación. Si se les da a los votantes de Pennsylvania la oportunidad de eliminar una parte de sus imposiciones completamente, entonces la reforma tributaria tiene una opción de ser aprobada. El problema más grande y fundamental es el mismo impuesto a la propiedad. Esta forma impositiva es totalmente anticuada, apropiada para la sociedad agraria norteamericana del siglo 19, pero fuera de lugar para el día de hoy. En los años 1800s, cuando no había impuesto al ingreso y no era un tema para el gobierno cuánto dinero ganaba cada uno, el impuesto a la propiedad funcionaba como un instrumento para determinar el ingreso de cada uno. Esto tenía mucho sentido entonces, porque era lógico asumir que el ciudadano que trabajaba 80 acres tenía un ingreso mayor al que trabajaba 40 acres.
Sin embargo, hoy en día las haciendas de la mayoría de los norteamericanos no son su fuente de ingresos, sino apenas dónde viven. ¿Por qué, entonces, tomar más dinero de un ciudadano que tiene una casa de 1500 metros cuadrados que de uno con una casa de 900?
Uno de los principios elementales de la tributación prudente es que, para evitar perjudicar a los ciudadanos, los impuestos debieran considerar la capacidad de cada uno de pagar. Hoy, la capacidad de pagar depende sobre todo en el ingreso de cada uno que en el tamaño de la casa. Seguir estableciendo impuestos como si la vivienda generara los ingresos es absurdo.
Una falla adicional del impuesto a la propiedad es que puede poner en peligro la propiedad del hogar. Superficialmente, pareciera que una persona ha pagado la hipoteca de su casa, entonces es dueño sin problema, pero esto no es así. Si el propietario pasa por momentos difíciles y no puede pagar sus impuestos a la propiedad, viene el sheriff y le confi sca la casa. Bajo el sistema actual, una per- sona no es completamente “dueña” de su casa, sino que en realidad la arrienda al gobierno local, que le permite mantenerla siempre y cuando el “dueño” siga pagando los impuestos. Hemos sabido de ciudadanos adultos mayores —ciudadanos maravillosos, que cumplen con la ley, que han trabajado por décadas para comprar su propio hogar— que han tenido que vender su casa porque no pudieron pagar los impuestos. Esto es abominable. ¿Y cuántos de los sin casa cayeron en esta situación porque pasaron por momentos difíciles y fueron desalojados de sus hogares porque no podían pagar el impuesto a la propiedad?
En una era cuando ha sido política del gobierno federal facilitar la obtención de un hogar propio como una característica central del “sueño americano”, es anómalo que los gobiernos locales difi culten a algunos ciudadanos que mantengan sus hogares. El impuesto a la propiedad es anticuado, injusto, irracional y destructivo. Es hora de abolirlo.
