[Author]por Michael Lozano
New American Media[/Author]
Nota del editor: Esta semana, fuertes emociones y disturbios sobrevinieron luego de que el oficial de policía de Ferguson que disparó y mató al adolescente Michael Brown, no fue acusado por un jurado federal. La gente en todo el país, incluyendo el presidente Obama, hizo un llamado a un cambio generalizado en las prácticas de aplicación de la ley y se pronunció en contra de la brutalidad de la policía, especialmente contra la comunidad negra. En medio de este escándalo nacional, el diario de Long Beach Voice Waves echó un vistazo a una agencia de policía local para preguntar qué se puede hacer para que la policía sea más responsable.
Recientemente, el Departamento de Policía de Long Beach dijo a Pamela Fields, una residente local, que no podría coger el teléfono celular de su difunto hijo, pero sí podría “recuperar su ropa ensangrentada” si así lo deseaba.
Su hijo era Donte Lamont Jordan. Tenía 39 años cuando la policía de Long Beach le disparó a fines del año pasado. La policía alega que Jordan disparó un arma desde un vehículo de color oscuro. Fields afirma que los hallazgos de su equipo legal cambian la narrativa: él cargaba un teléfono celular, no una pistola, cuando la policía le disparó.
“Él estaba de espaldas con su teléfono celular en el momento de su asesinato”, dice ella que los testigos reportaron. “Eso no justifica que le dispararan a un hombre por la espalda.”
Jordan, un afroamericano, fue sólo uno más de las 22 víctimas de 2013 asesinadas por la policía, con seis este año al día de hoy.
Este año de disparos policiacos en Long Beach llega justo cuando la nación está haciendo un llamado a cuestionar las relaciones de la comunidad de la policía con el asesinato del joven desarmado Michael Brown por un policía de Ferguson este verano.
Una era de vigilancia ha comenzado, en la cual algunos departamentos piden a los oficiales utilizar minicámaras para grabar sus interacciones con los ciudadanos, y otros comienzan a compilar los datos de la interacción de la policía en bases de datos públicas, determinando si existen los prejuicios raciales.
A nivel local, la Comisión Ciudadana de Denuncia de la Policía (CPCC, por sus siglas en inglés) ha servido como un cuerpo de vigilancia que revisa las acusaciones de mala conducta de la policía desde 1990. ¿Pero qué poder tiene realmente la CPCC?
Según el presidente de CPCC, Jeffrey Price, la comisión puede citar a testigos, pero no a los oficiales.
“Los oficiales tienen una enmienda de derechos que los protegen”, dice.
En 2012, la Comisión recibió 654 denuncias en total, 86 por ciento de las cuales fueron cerradas con un “No más acciones”, según su reporte anual en el portal web de la ciudad. Cerca de una tercera parte de las denuncias restantes fueron encontradas como “No Sustentadas”, lo cual significa que la evidencia era insuficiente para probar las denuncias por mala conducta.
Incluso si las denuncias están sustentadas, la carta de la comisión no brinda la autoridad para disciplinar a los oficiales. “Nosotros sólo recomendamos al administrador de la ciudad cuáles son nuestros hallazgos. Está más arriba del administrador llevarlos a asuntos internos y decidir cuál será el castigo”, refiere Price.
Según la directora ejecutiva de CPCC, Anitra Dempsey, cuando las reuniones son públicas la comisión se limita a brindar recomendaciones confidenciales sobre casos individuales al administrador de la ciudad.
“Nosotros nunca hacemos comentarios de las estadísticas. Nosotros canalizamos las denuncias”, dice Dempsey. “Hay incidencias que pueden notificar que este organismo no considera si las denuncias no se llenan.”
De hecho, Fields, cuyo hijo fue asesinado por oficiales LBPD el año pasado, nunca ha llenado una denuncia con la CPCC debido a que nunca ha oído nada de la comisión.
Ése es también el caso de Jessica Loarca, cuyo hijo de 21 años, Jesse Delgadillo, fue asesinado por el Departamento de Policía de Long Beach el 28 de abril de 2013.
“Cuando escuchamos que hay personas que no saben de nosotros, lo reconocemos”, dice Dempsey. “Nosotros aprovechamos cada oportunidad ética razonable para compartir información sobre lo que hace este organismo.” (La Comisión puede enlazarse en el 562-570-6891, con reuniones públicas los jueves cada quince días durante todos los meses en el ayuntamiento.)
Dempsey añade: “Los comisionados son individuos que representan a la comunidad y se toman muy seriamente su trabajo”. “Esperamos que no nos necesite, pero si es así, estamos aquí, y manejamos cada caso como si se tratara de nosotros mismos.”
La CPCC estuvo bajo escrutinio en años pasados por prejuicios contra la policía, una denuncia hecha por el propio ex investigador de CPCC.
También comprende la demografía de las quejas. El Reporte Anual de 2012 de CPCC afirma que los afroamericanos constituyen el 43 por ciento de las quejas, a pesar de que representan sólo 13 por ciento de la población según el censo de 2010. Los latinos tienden a levantar denuncias con menos frecuencia. Ellos suman más del 19 por ciento de las denuncias, si bien conforman el 41 por ciento de la población.
El 13 de noviembre sólo una persona asistió a la reunión pública de la comisión en el ayuntamiento.
De acuerdo con el activista de Long Beach Michael Brown, los residentes no asisten a las reuniones de la comisión porque los líderes de la ciudad no las promueven y los residentes “saben que no funcionan”.
Brown asevera que la comisión permanece como “una institución con sello de goma”.
“Ellos no tienen ningún diente”, dice. (Hay) individuos oficiales de policía que en ciertos barrios la gente sabe que son malos… No hay ningún mecanismo para echar a esos oficiales problemáticos.”
Como solución, Brown dice que el control de la comunidad debe ser un punto de partida en que las comunidades locales decidan cómo quieren ser vigiladas. “La comunidad debe tener el control directo, el poder de citación, deben tener el poder de quitar a un oficial de policía de la calle y todo fluirá a partir de allí.”
Las madres de los muertos por la policía local también tienen algunas ideas.
“Si algún policía se involucra en disparar necesitamos una agencia externa como el gobierno federal para investigar en lugar de una agencia local”, dice Fields. “La forma en que lo hicieron con mi hijo estuvo mal… Yo pienso que es necesaria una investigación federal.”
Actualmente todos los disparos de la policía en Long Beach son revisados por el procurador de distrito del condado de L.A. y de Asuntos Internos de LBPD, pero ninguno de los oficiales involucrados en los disparos de 2013 han sido acusados, según la procuraduría del distrito.
El Departamento de Policía de Long Beach no ha respondido a los cuestionamientos por email acerca de su uso de la fuerza.
El año pasado, el ex jefe de LBPD, Jim McDonnell anunció el establecimiento de la Junta Asesora del Uso de la Fuerza en respuesta al inusualmente alto número de disparos policiales en la ciudad.
MacDonnell dijo a comienzos del año que “en casi todos estos incidentes, el sospechoso usó un arma dirigida ya sea a un oficial o a una tercera víctima”. La información del estatus de objetivos armados no está disponible en este momento para muchos casos locales.
El organizador de Dignidad Y Poder Ahora, Mark-Anthony Johnson, dice que precisamente lo que se necesita son estadísticas locales de acusaciones de uso excesivo de la fuerza.
“No hay ningún reporte local de información o modelo de quiénes están más afectados por este uso excesivo de la fuerza por raza, género, o condición de salud mental”, dice. “Nosotros sólo observamos estas tendencias nacionales que definen una crisis que necesita ser atendida.”
En un nivel nacional, la juventud negra es 21 veces más propensa de ser asesinada por la policía que la juventud blanca, según un estudio de ProPublica de datos federales.
Sandy Cajas, miembro del Consejo Asesor, dice que revisar las estadísticas es una de las funciones del consejo, “de eso se trata”.
“Estamos allí para saber qué hace la Ciudad de Long Beach para comunicarse con su comunidad”, dice.
Mientras que el enfoque del uso excesivo de la fuerza por la policía desemboca en el racismo, algunos residentes de la comunidad argumentan que la raza no es el único factor para ser el objetivo de un disparo de un oficial.
“Los ricos no son asesinados por los policías”, dice Brown. “Kelly Thomas estaba sin casa”, asevera, mencionando el caso de 2011 de un indigente blanco muerto por la policía de Fullerton. En 2010, la policía de Long Beach disparó y mató a Doug Zerby, un obrero blanco, nos informa.
