La patria de Rubén Darío está siendo masacrada, nadie la está defendiendo: ni la izquierda ni la derecha. Hay mucho dolor
A partir del 18 de abril, después de estar el pueblo dormido por aproximadamente 11 años – desde que asumió por segunda vez la presidencia Daniel Ortega, sin derechos a manifestarse políticamente contra su gobierno en marchas pacíficas – un derecho establecido en la Constitución política de la República – los nicaragüenses dijeron basta ya, ¡NO TENEMOS MIEDO!
Y seguido, jóvenes universitarios en sus universidades empezaron a manifestarse en marchas pacíficas en Managua, mientras se les unían más grupos de todos los estratos sociales haciendo plantones en las calles, a pesar de la violencia desatada por la policía que iba dejando muertos.
En respuesta a estos hechos, los jóvenes, que asumieron el nombre de autoconvocados, empezaron a protegerse de los ataques de los antimotines erigiendo tranques en los vecindarios y carreteras, que se convirtieron en el arma letal para presionar al gobierno a abandonar el poder. El movimiento de los autoconvocados ahora un movimiento nacional, piden la renuncia del presidente y su cúpula de poder.
Este desafío, sin embargo, ha sido fatal para muchos jóvenes y personas de todas las edades, incluyendo bebés y niños, que han caído bajo las balas de grupos delincuenciales organizados y armados por el mismo gobierno y protegidos abiertamente por la Policía Nacional.
Después de más 300 muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos por fuerzas del gobierno, el denominado grupo Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que dialoga con el gobierno, demandaron la presencia de la CIDH de la OEA, de los derechos humanos de la ONU y de la UE.
Estos grupos de derechos humanos, que ha realizado muchas entrevistas e investigaciones, y comprobado los cientos o miles de videos que muestran la participación directa de la policía en las masacres, han traído esperanzas al pueblo que protesta; sin embargo, aun en la presencia de estos, los paramilitares fuertemente armados del gobierno de Ortega continúan asesinando y secuestrando a los manifestantes pacíficos, los cuales sólo cuentan con honda, piedras y morteros para repeler los ataques. La participación del clero de la Iglesia Católica ha sido fundamental en hacer posible la libertad de muchos de los capturados – o secuestrados, pues no han cometido delito alguno por protestar.
Y esto también sucede a pesar del diálogo nacional – que se encuentra medio estancado, pero que permite a las víctimas ventilar sus quejas en un forum público – y con la esperanza de que el dictador gobernante negocie su salida del poder y desarme a los paramilitares. Pero se ha resistido a aceptar su salida.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) es el equipo de trabajo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene como una de sus funciones acompañar y asistir a la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS) instituida en el marco del Acuerdo de la Mesa de Diálogo, en la que participa el gobierno, la Conferencia Episcopal, la empresa privada a través del COSEP, los campesinos y estudiantes.
El equipo del MESENI participó en las reuniones plenarias de la CVS y realizó reuniones con los miembros designados por la Alianza Cívica y con los miembros designados por el Gobierno. Ellos se han entrevistado con la ciudadanía, y han hecho visitas a la cárcel Auxilio Judicial “El Chipote” en Managua, donde se torturan a los presos, y también han intercedido en la liberación de manifestantes detenidos.
En seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH en su Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, el MESENI tuvo reuniones con las más altas autoridades del Estado para abordar su cumplimiento.
El MESENI dialogó con el Estado sobre las medidas adoptadas para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las todas las personas manifestantes, así como para desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos terceros armados que atacan u hostiguen a la población civil. Sin embargo, la represión continua, y con más fuerza ahora que se aproxima el 39 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de Julio, cuando el pueblo y el Frente derrotaron al último dictador y miembro de la dinastía, Anastacio Somoza Debayle.
Después que Nicaragua fuera catalogado como el sexto país más seguro de Latinoamérica y el Caribe, según el Índice de Paz Global (GPI 2014), del Institute got Economics and Pieace (IEP), ahora es el país más peligroso, donde en tan sólo casi 90 días han habido más muertos que en Venezuela, donde se registraron unos 161 muertos desde agosto de 2017.
El orden constitucional ha desaparecido por completo. Las autoridades – lo que ya se sospechaba desde hace mucho tiempo – cuya función es velar por la seguridad de la población, se destapó abiertamente que están ahí para proteger al dictador Daniel Ortega Saveedra y sus intereses, y no para proteger al público.
Y la espera de que la OEA venga a salvarlos podría ser sólo una ilusión, ya que ni las comisiones de derechos humanos ni la OEA tiene ejércitos para confrontar o desarmar a las fuerzas irregulares.
