por Marvin Ramírez
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, por 6 votos a 3, de ratificar la ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos médicos de afirmación de género para menores ha generado fuertes conmociones en todo el país. Si bien algunos consideran el fallo una derrota política para la defensa de las personas transgénero, también podría marcar una pausa necesaria en un ámbito de la medicina profundamente inestable. Sobre todo, nos invita a plantearnos una pregunta crucial: ¿Qué es lo que realmente beneficia a los niños?
La ley de Tennessee prohíbe el uso de bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y cirugías de transición de género para menores, tratamientos que a menudo se promocionan como parte de la «atención afirmativa» para jóvenes con disforia de género. Los críticos argumentan que esta ley niega a los jóvenes transgénero la atención esencial. Sin embargo, quienes la apoyan, incluyendo un número creciente de médicos, padres y personas que han dejado de ser transgénero, sostienen que los niños no deberían ser sometidos a cambios irreversibles antes de que tengan la edad suficiente para comprender plenamente las consecuencias a lo largo de su vida. Las personas que se destransicionan, personas que se arrepienten de haber realizado la transición médica, han contado cada vez más historias de cómo fueron sometidas a apresuramientos en sistemas que priorizaban la afirmación sobre la exploración. Muchas afirman que no recibieron una evaluación psiquiátrica adecuada ni terapia a largo plazo. Describen un proceso en el que las dudas se interpretaron como resistencia, no como señales para bajar el ritmo. Sus voces no se basan en el odio, sino en la experiencia, y plantean preguntas urgentes sobre la rapidez y la permanencia con la que estamos alterando los cuerpos sanos y en desarrollo de los niños en nombre de la identidad.
Cabe preguntarse: ¿Por qué se ofrecen intervenciones quirúrgicas u hormonales antes de agotar por completo el tratamiento psiquiátrico? En casi todas las demás áreas de la medicina, tratamos los problemas de salud mental con cautela, no con bisturíes. La disforia de género, especialmente en niños y adolescentes, suele ir acompañada de ansiedad, depresión, autismo o trauma. ¿No debería nuestro primer enfoque ser terapéutico y de apoyo, no irreversible y medicalizado?
También existe la dura realidad de que la medicina de afirmación de género se ha convertido en una industria altamente rentable. Desde las consultas iniciales y las recetas hasta las cirugías y el seguimiento de por vida, estos tratamientos representan miles de millones de dólares en ingresos. Esto no significa que todos los profesionales médicos actúen de mala fe, pero sí significa que el público tiene derecho a cuestionar si los incentivos financieros influyen en las recomendaciones médicas, especialmente cuando se trata de menores. Cuando se extirpan o alteran permanentemente los órganos sexuales y reproductivos sanos de un menor, todos deberíamos preguntarnos: ¿quién se beneficia y quién paga el precio?
Quienes apoyan estas leyes no buscan borrar la identidad de nadie. Simplemente piden la misma cautela que ya aplicamos al votar, beber, conducir y otras decisiones que cambian la vida. Un joven de 14 años no puede consentir legalmente tener relaciones sexuales ni firmar un contrato; sin embargo, en algunos estados, se le ha permitido consentir tratamientos hormonales con efectos permanentes. Esta contradicción debería preocupar a cualquiera que crea en proteger a los jóvenes de tomar decisiones de las que luego puedan arrepentirse.
Nada de esto significa que las personas transgénero ni sus experiencias deban ser ignoradas. Las familias que lidian con problemas de identidad de género merecen empatía, no juicios. Muchos padres que apoyan la atención que reafirma el género actúan con amor, haciendo lo que creen que es mejor para sus hijos. Pero las buenas intenciones no son suficientes cuando lo que está en juego implica resultados médicos irreversibles. Por eso es tan necesario un diálogo respetuoso y basado en la evidencia, no la indignación.
La jueza Sonia Sotomayor, en su opinión discrepante, argumentó que la ley de Tennessee discrimina por motivos de sexo y abandona a los niños transgénero a «caprichos políticos». Sin embargo, esta preocupación pasa por alto la esencia de lo que muchos padres y legisladores defienden: no la discriminación, sino el aplazamiento. Aplazar la decisión hasta que el niño haya madurado lo suficiente como para tomar una decisión verdaderamente informada sobre su cuerpo e identidad; decisiones que no impliquen la extirpación de órganos sanos ni la alteración prematura de su desarrollo natural.
Esta decisión de la Corte Suprema no pone fin al debate, pero sí marca un punto de inflexión. Indica que la sociedad está comenzando a cuestionar la prisa por la transición médica para niños, incluso mientras continúa afirmando los derechos y la dignidad de los adultos transgénero. Estos no son objetivos mutuamente excluyentes. Podemos proteger la autonomía corporal sin entregar bisturíes a la confusión. Podemos mostrar compasión por las personas transgénero sin abandonar la ética médica para los menores.
El verdadero cuidado de los niños significa velar por su salud física y bienestar psicológico. Esto incluye preservar sus cuerpos sanos hasta que sean capaces de tomar decisiones informadas y adultas. Afirmar el dolor de un niño no tiene por qué significar aceptar eliminar lo que es natural, funcional e irreversible.
Para que esta conversación nacional avance, debe comenzar con un compromiso compartido: proteger a nuestros niños, no por la violencia.
