por José R. Padilla y David Bacon
OAKLAND, Calif. – A lo largo del país, aproximadamente 400,000 mujeres, la mayoría immigrantes, trabajan en la agricultura, laborando en los campos, viveros y plantas de empaque. Ese tipo de trabajo es agotador y mal pagado. Pero para muchas de estas mujeres, también es una pesadilla de violencia sexual.
En un estudio de 2010 de la Universidad de California, Santa Cruz, más de 60 por ciento de las 150 trabajadoras agrícolas entrevistadas dijeron haber experimentado alguna forma de acoso sexual. En un reporte de 2012, Human Rights Watch hizo una encuesta a 62 trabajadoras agrícolas; casi todas habían experimentado violencia sexual, o conocían a otras que sí. Una mujer dijo a los investigadores que su centro de trabajo era llamado el “campo de calzón”. Como una trabajadora agrícola inmigrante dijo a su abogado, “Pensamos que era normal en los Estados Unidos que para mantener tu trabajo, tenías que tener sexo”.
Las razones detrás de esta pandemia no son difíciles de entender. Los campos son vastos y escasamente supervisados; a menudo los trabajadores están solos. Eso es particularmente malo para los trabajadores inmigrantes: el Departamento del Trabajo estima que cerca de la mitad de los trabajadores no tienen papeles de inmigración, lo que los hace especialmente vulnerables.
Así también los bajos salarios y la competencia por los trabajos: los trabajadores agrícolas hacen un estimado de $16,250 al año y las mujeres $11,250 al año. Con salarios menores y muchos trabajadores compitiendo por el mismo trabajo, las mujeres no se atreven a quejarse.
El problema no es un secreto. Hace dos décadas, la Equal Employment Opportunity Commission (Comisión por Iguales Condiciones de Empleo), junto con California Rural Legal Assistance (Asistencia Legal Rural de California), un programa de servicio legal que promueve los intereses de los trabajadores inmigrantes y de los pobres rurales, crearon un proyecto conjunto concentrado en el acoso sexual en los campos.
En 2005, la comisión ganó una victoria de $994,000 para Olivia Tamayo, trabajadora de una de las más grandes operaciones de alimentación de ganado en California, quien en varias ocasiones fue violada por su supervisor. “Él tomó ventaja porque sabía que yo no iba a decir nada”, dijo ella Ms. Magazine. “Fue un trauma que me sigue a todas partes.”
En septiembre, en uno de los mayores asentamientos de este tipo, la comisión ganó alrededor de $17 millones para cuatro trabajadoras agrícolas de Florida que habían acusado a sus supervisores de violación y acoso. Cerca de 18 casos similares al nivel nacional después de 2009 entregaron $4 millones a las trabajadoras agrícolas.
Con todo, estos casos incluyen tan sólo un pequeño porcentaje de mujeres que trabajan en la agricultura. La investigación demuestra que el acoso y el abuso están mucho más extendidos, y la litigación caso por caso no es suficiente para cambiarlos. Cuando las mujeres llenan quejas, las investigaciones pueden durar meses, incluso años, lo que puede desalentar a otras mujeres de hablar. Y aun cuando se gana un caso, raramente sigue la persecución criminal del acosador o violador.
Hay algunos pasos que podemos dar para frenar este flagelo. La educación y la investigación son críticas; no sólo de las mujeres que trabajan en la industria, sino también de los consumidores que pueden ejercer presión sobre la industria para eliminarlo. Al mismo tiempo, los empleadores mismos a menudo desconocen lo que está ocurriendo en sus campos.
Aun así, muchos empleadores lo saben y utilizan amenazas para amedrentar a sus trabajadoras. Necesitamos leyes más fuertes contra las represalias y protección para los trabajadores indocumentados que vienen de fuera.
Las barreras administrativas a las quejas también deben ser enfocadas. La Comisión por Iguales Oportunidades de Empleo tiene algunas oficinas en las áreas rurales que normalmente abren sólo cuando las mujeres están trabajando, y el personal a menudo no habla español, mucho menos lenguas indígenas. Lo que es más, muchas agencias gubernamentales requieren que las quejas sean llenadas en internet. Gran parte de las trabajadoras agrícolas no tienen acceso a computadoras. La comisión puede facilitar el llenado de las quejas si instala una línea directa o hotline 24/7 en múltiples lenguas, con una persona que conteste el teléfono en lugar de mensajes automáticos.
Asimismo, es necesario incrementar la persecución penal de los casos de asalto sexual. Los fiscales de distrito y estatales también deben intervenir, haciendo acusaciones y multando a los jefes que toleran el acoso. Las mujeres se sentirán más seguras al llenar sus quejas si saben que sus atacantes no pueden simplemente irse. En el momento de escribir estas líneas ha habido cierto éxito, incluyendo una condena en San Benito.
Pero quizá el mayor impedimento para luchar contra el acoso en los campos es la misma política norteamericana de inmigración. Las regulaciones federales prohíben a organizaciones de ayuda legal como Asistencia Legal Rural de California representar directamente a los indocumentados, y la naturaleza ilegal de su situación entorpece su trabajo. Hallar un camino a la documentación y el empleo legal para estas mujeres les daría poder para denunciar a quienes las violan y acosan.
El año pasado, Asistencia Legal Rural de California resolvió un caso de $1.3 millones de una trabajadora agrícola que fue asaltada en un campo de frambuesa, y luego enviada de vuelta al trabajo con sus ropas desgarradas y ensangrentadas. “Es lo más triste que me ha ocurrido en toda mi vida – para mí es como una herida que está allí”, dijo nuestra cliente durante la sentencia del caso. “No sé cómo voy a ser capaz de salir de este trauma.”
José R. Padilla es el director ejecutivo de California Rural Legal Assistance. David Bacon es autor de “The Right to Stay Home.”
